MÉRIDA, Yuc. (apro).- En medio de la pugna entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal de Mérida por sus actuaciones en torno al homicidio de José Eduardo Ravelo Echavarría, la Fiscalía General de la República (FGR) inició sus pesquisas para esclarecer ese caso de tortura. 

Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino por segunda vez en el caso y garantizó que el gobierno federal no dejará que ese crimen quede impune, la FGR dio a conocer en un comunicado que la carpeta que inició quedó radicada en la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura. 

La FGR expuso que dicha investigación se abrió “atendiendo la relevancia y trascendencia social del caso de las agresiones y muerte de una persona en la ciudad de Mérida, Yucatán, y a las diversas denuncias presentadas al respecto”. 

Informó que, por lo anterior, solicitó a la Fiscalía General de Yucatán la información relativa al caso a fin de esclarecer de manera coordinada los hechos que causaron la muerte al joven veracruzano, que fue violado y torturado presuntamente por policías.  

Y adelantó que peritos especializados y de investigación policiaca federales se trasladarán a Yucatán para iniciar de inmediato las diligencias. 

Más tarde, el ayuntamiento informó que el alcalde Renán Barrera Concha, quien en breve iniciará su tercer trienio en el cargo, giró documentos a distintas autoridades federales, incluido el presidente, para reiterarles la plena disposición del gobierno municipal para colaborar en el esclarecimiento del caso. 

En su carta al mandatario federal, el munícipe expuso que se tuvo conocimiento de los hechos e instruyó a las dependencias de la administración pública municipal colaborar y atender cualquier requerimiento administrativo o judicial del caso. 

Garantizó que, “como lo ha hecho con las autoridades estatales, el ayuntamiento suministrará en el momento en que sea requerida, cualquier información que ayude a lograr el esclarecimiento de este lamentable caso”. 

La carta fue dirigida también a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional México. 

En tanto, una persona identificada como Diana Campos inició en la plataforma Change.org una petición dirigida a los ciudadanos de Mérida para exigir justicia para José Eduardo y la dimisión del alcalde y el director de la Policía Municipal, Mario Romero Escalante.  

“Justicia para José Eduardo Ravelo, que su muerte no quede impune, la policía de Mérida no nos protege, fuera Renán Barrera y el Director de la policía Municipal Mario Romero Escalante”, dice la petición, que en tres días llevaba 4 mil 983 firmas. 

A su vez, la noche del 16 de agosto, la FGE y la Policía Municipal llevaron al plano mediático su controversia en torno a sus cuestionadas actuaciones respecto a la muerte del chico.  

José Eduardo fue detenido por policías municipales el pasado 21 de julio luego de que ciudadanos lo reportaron por alterar el orden público. Se le retuvo hasta el día siguiente en la cárcel municipal.  

Falleció el pasado 3 de agosto en el hospital O´Horán por las lesiones que sufrió luego de ser violado y torturado presuntamente por policías, a los que denunció él mismo ante el ministerio público el 24 de julio.  

La FGE imputó por homicidio calificado cometido en pandilla, tortura y violación agravadas, a los cuatro policías municipales que lo detuvieron el 21 de julio, pero el juez de control los liberó porque, si bien se probaron los delitos que causaron la muerte del muchacho, y que pudieron ser perpetrados por policías, no se acreditó que los responsables fueron los cuatro imputados. 

En conferencia de prensa, el fiscal general Juan Manuel León León y vicefiscal Arturo Ambrocio Herrera reiteraron que la FGE estaba próxima a interponer el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso que se dictó a los cuatro policías municipales imputados pues, insistió, sí hay elementos suficientes para procesarlos. 

Además, acusó a la Policía Municipal de haber negado en tres ocasiones los videos que le fueron solicitados por la FGE con el argumento de que no ya no estaban en el sistema porque las cámaras se actualizan periódicamente. 

Y relató la cronología de lo que ocurrió desde que el chico fue detenido hasta después de su muerte.  

Dijo que después de que se le liberó de la cárcel municipal, el 22 de julio, la víctima abordó un taxi que lo traslado a la frutería donde trabajaba, en la colonia Chuburná, y ahí, por primera vez, reveló a sus patrones lo que le ocurrió.  

Luego, en otro taxi se trasladó al departamento donde vivía, donde se encontró con el hermano de su compañero de vivienda, quien tomó las primeras fotos de sus lesiones para enviarlas a su familia. También lo acompañó a consultar con un médico de Farmacias Similares. 

Más tarde, la Policía Municipal emitió un comunicado para refutar la versión de la FGE en torno a la reticencia para entregar los videos que le fueron solicitados a través de la Unidad de Delitos Sexuales. 

Aseguró que desde el 29 de julio le entregó a la FGE “todo el material audiovisual que estaba en su poder”.