CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El presidente AMLO decretó el 22 de noviembre que la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal de México, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones y telecomunicaciones (y 12 actividades más, incluido el turismo), son de interés público y seguridad nacional.

El Ejecutivo Federal busca que el propio gobierno acelere el otorgamiento de autorizaciones provisionales para la ejecución de las obras públicas, se alcance su beneficio social y se ejerza su presupuesto. La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, lapso durante el cual deberá obtenerse la autorización definitiva. Además del Presidente, el acuerdo está firmado por 18 secretarios de Estado.

Implícitamente, el acuerdo reconoce que el gobierno es burocrático, entendido como lento e ineficiente. El documento no resuelve o hace que el gobierno -en su función de administrar y gestionar asuntos que exigen orden, procedimientos y cumplimiento de normas- sea más ágil y eficiente, sólo lo obliga a otorgar autorizaciones provisionales en un plazo máximo de cinco días.

A la mitad de su gobierno, el presidente comienza a desesperarse porque sus proyectos no avanzan lo suficientemente rápido y podría no cumplir sus promesas y obras públicas de cara a la sucesión presidencial, dándole armas a sus adversarios.

El gobierno de la 4T se ha tornado más burocrático e ineficiente de lo que ya era por dos razones: por destrucción de lo construido y por anacronismo tecnológico.

Por destrucción, debido a que los nuevos nombramientos políticos vinculados a Morena desmontaron la estructura misma del gobierno, colocando en puestos clave e inferiores a funcionarios inexpertos pero leales, muchos de ellos desconocedores no sólo de los asuntos a despachar sino obviamente de la administración pública, guiados acríticamente por criterios de austeridad pero no de eficiencia, desplazando a anteriores servidores públicos ya de por sí burocráticos, pero con conocimiento técnico y administrativo, por razones clientelares (colocar a los cuates y a los seguidores de Morena), ideológicas (desmontar la estructura neoliberal) y morales (acusar de corrupción, aunque sin denuncias, pruebas y mucho menos sentencias).

Por anacronismo tecnológico, porque la transformación digital de la Administración Pública, encaminada hacia la implementación de un Estado y ciudadanía digitales, ha sido extremadamente lenta. El gobierno del presidente AMLO es refractario de la tecnología, de renovar licencias de software, de comprar equipos, de la importancia de la ciberseguridad.

En julio de 2020, ante el retiro de computadoras a funcionarios de la Secretaría de Economía por austeridad, el presidente propuso compartir computadoras. Seis meses después sustituyó a la titular de esa cartera, pero en su momento AMLO declaró: “Imagínense los que lucharon en otros tiempos, por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía ¿Qué estaban esperando a que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar? Yo creo que son instrumentos, que son importantes, pero no es eso lo más importante. Hay manera, hay forma de resolverlo… el que se compartan los instrumentos de trabajo”.

La Estrategia Digital Nacional (EDN), expedida tardíamente en septiembre de 2021, contempla en uno de sus dos ejes una política digital para transformar mediante las TIC la Administración Pública Federal, para mejorar y transparentar los servicios gubernamentales que se otorgan a la ciudadanía.

Sería interesante saber, en el marco del acuerdo de declarar la realización de obras públicas como de interés público y seguridad nacional, qué acciones va a emprender la EDN para acelerar la política digital para transformar mediante las TIC al gobierno, erradicar y agilizar procedimientos y digitalizar trámites. Porque las TIC y la digitalización exhiben las ineficiencias en los procedimientos y las cadenas de valor.

La EDN está cimentada bajo los mismos principios paralizantes de clientelismo (un funcionario leal, pero que no dialoga con la industria y que piensa que hay que “erradicar la falsa idea de que todo trámite que se realiza a través de un sistema se encuentra digitalizado y que supone una mejora”); ideológicas (la EDN dice que la digitalización y las TIC son una moda, que hay que “promover la autonomía e independencia tecnológicas para establecer la rectoría del Estado en la definición de sus TIC”, como si existiera una única tecnología capaz de resolverlo todo) y morales (“existen experiencias gubernamentales negativas que han usado las promesas y alcances potenciales de la moda de la digitalización y de las TIC como pretexto para la dilapidación opaca de recursos públicos”).

Otra falla del acuerdo es que desde 2013 las telecomunicaciones ya son un servicio público de interés general, además de que su acceso es un derecho fundamental, por lo que no hacía falta volver a declararlas de interés público.

El Presidente también se olvidó que existe una declaratoria de emergencia sanitaria vigente desde el 30 de marzo de 2020 y un acuerdo posterior que establece acciones extraordinarias para atender dicha emergencia. Como parte de ese acuerdo se definieron varias actividades como esenciales, incluidas las telecomunicaciones.

Sin apelar a la seguridad nacional, el Ejecutivo Federal pudo incorporar la realización de proyectos y obras de infraestructura y sus autorizaciones provisionales como acciones extraordinarias para enfrentar la recuperación económica en el marco de la emergencia sanitaria. De haberlo hecho así, AMLO hubiera encontrado una justificación comprensible, necesaria, legítima, transparente y eficiente para avanzar en sus proyectos.

No es que estén mal las autorizaciones provisionales, prontas y expeditas, sino que al enmarcarlas en la seguridad nacional, la propia Constitución prevé en su artículo sexto que toda la información en posesión de cualquier autoridad “sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional”, tal y como declara el acuerdo. El plazo son cinco años.

La seguridad nacional son todas aquellas acciones “para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”. Esta definición excede la realización de obras de infraestructura. Al optar por la seguridad nacional, el Ejecutivo emite un acuerdo desproporcionado en su justificación, con visos inconstitucionales, atentatorio del derecho y acceso a la información, la transparencia y la máxima publicidad.

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