CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es un simple cambio de nombres ni un acomodo administrativo discreto. Es una redefinición profunda del papel del derecho constitucional y del compromiso del Estado con sus ciudadanos. La independencia judicial no es un favor ni un accesorio retórico: es el último refugio que tiene la ciudadanía para protegerse del abuso, la arbitrariedad y la imposición autoritaria. Hoy, la SCJN debe demostrar que la toga no se inclina, que el derecho no se compra y que la justicia no se alquila. Su misión no es complacer ni agradar. Es sostener la Constitución con temple y coherencia, incluso cuando hacerlo implique recibir ataques, aislamiento o incomprensión. Veamos.

Primero. El argumento de que la supuesta pérdida de "excelencia técnica" puede derivar en inseguridad jurídica y dañar la economía es un falso dilema hábilmente construido para buscar convencer a incautos y a grupos ajenos a las formas y modos de la práctica judicial. Se ha querido convencer a la sociedad de que el conocimiento jurídico profundo es exclusivo de un puñado de despachos o cúpulas académicas. Esto no solo es falso: es profundamente injusto. En realidad, la capacidad técnica no depende de la cuenta bancaria ni del linaje institucional. Depende de la ética del estudio y de la práctica cotidiana. Un juez que recorre salas municipales, que escucha a víctimas sin recursos, que redacta sentencias en medio de presiones locales, tiene una experiencia jurídica que no se compra en conferencias ni se presume en redes sociales. En países como Alemania y Corea del Sur, los salarios de los jueces son dignos, pero no desproporcionados. La verdadera independencia no se garantiza con ingresos millonarios, sino con mecanismos de control, formación continua, y supervisión ciudadana. Confundir el salario con la honestidad es un error conceptual y ético. La toga no debe ser un sinónimo de privilegio económico. Debe ser un símbolo de responsabilidad moral. La independencia real se construye con carácter y con coherencia, no con cheques abultados ni con privilegios heredados que no deben tener caminos de regreso. Sobre ese tema ya me he ocupado en estas páginas con datos duros (https://www.proceso.com.mx/opinion/2023/9/19/ministrs-de-la-scjn-bien-mal-remunerados-315174.html)

Segundo. No cabe duda que la nueva configuración de la SCJN rompe un ecosistema cómodo para grandes despachos, sectores de la academia y redes de poder que durante años ocuparon espacios estratégicos. El llamado "prestigio académico" se utilizó como muro para excluir, para controlar y para perpetuar redes de influencia. Se presentó como sinónimo de excelencia, cuando muchas veces fue el resultado de contratos públicos, convenios opacos y cercanías estratégicas con tomadores públicos de decisiones, para apoyarse entre unos y otros, financiar congresos internacionales y generar lealtades interesadas. El viejo modelo convirtió a la justicia en un laberinto reservado. Democratizar la SCJN es devolverle su función pública y recordarle a la ciudadanía que la justicia no es un favor ni un lujo. Es un derecho básico. Abrir espacios a jueces de carrera, defensoras y defensores públicos y académicos regionales rompe la burbuja. Devuelve pluralidad y honestidad al debate interno. Una Corte plural no debilita la técnica, la fortalece. Una Corte plural no confunde la ley, la enriquece. Porque cada nueva voz trae consigo una mirada distinta, una experiencia concreta y una sensibilidad que complementa el debate. El viejo orden ha sido hábil para vender el miedo. Ha dicho que sin sus guardianes, la justicia se derrumbará. Pero la historia muestra lo contrario: la justicia se degrada cuando se cierra, cuando se convierte en un club de muy pocos para perjuicios de muchos. Hoy, México necesita una Corte que no responda a redes cerradas. Necesita una Corte que responda a la Constitución y a los ciudadanos, sin filtros ni intermediarios.

Tercero. El acceso a la justicia se materializa cuando el ciudadano entiende por qué una decisión le afecta, cómo se construyó y cuál es su impacto. La SCJN debe dejar de ser un oráculo inaccesible. Cada sentencia debe ser comprensible, cada razonamiento debe estar al alcance del ciudadano común. La pedagogía judicial no es un regalo. Es un deber. La claridad refuerza la confianza y legitima la autoridad moral. En el derecho comparado, Cortes como la alemana o la italiana publican resúmenes explicativos de cada sentencia para que el ciudadano pueda seguir el razonamiento, aunque no sea especialista. Ese modelo pedagógico no disminuye el rigor; lo fortalece. La transparencia no debe verse como una concesión a la presión social. Es una extensión natural del principio republicano. Una Corte que se abre se legitima. Una Corte que se explica se respeta. El verdadero juez no teme explicar. Debe temer fallar sin fundamento. La SCJN tiene en sus manos no solo la defensa de la Constitución, sino la construcción de un nuevo pacto de confianza con la sociedad. Un pacto basado en claridad, honestidad y firmeza. La nueva SCJN no puede juzgarse desde el resentimiento por espacios perdidos ni desde la nostalgia de cotos de poder cerrados. Su verdadera medida será su capacidad para sostener la Constitución cuando hacerlo implique enfrentarse al poder y a la incomodidad social. Está para garantizar que nadie esté por encima de la ley. Por supuesto, cabe esperar que haya la inteligencia suficiente para no reproducir los vicios del viejo régimen de habilitar el acceso exclusivo a nuevos operadores jurídicos, sino cerrar ese oprobioso círculo para siempre.

@evillanuevamx

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