TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La ejecución del defensor Marcelo Pérez Pérez se da en un contexto de grave escalada de violencia contra la ciudadanía en todas las regiones de Chiapas, como parte de la estrategia de toma violenta del territorio nacional, necesaria en la actual etapa de reconfiguración del Estado mexicano, manifestó el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Al condenar el crimen que calificó de lesa humanidad, el organismo responsabilizó al Estado Mexicano “por no prevenir, garantizar y proteger la integridad y vida del párroco Marcelo Pérez, así como por su tolerancia y aquiescencia hacia los grupos de la delincuencia que operan en Chiapas”.

El sacerdote Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia ligada al narcotráfico en México, fue asesinado a balazos este día en San Cristóbal de las Casas. Su asesinato desató indignación entre organismos de derechos humanos que rechazan cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados en Chiapas.

“La denuncia profética del Padre Marcelo, de las históricas, continuas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el estado de Chiapas su acompañamiento, compromiso y lucha por la Vida de las comunidades donde ejerció su ministerio sacerdotal, conlleva a que fuera objeto de amenazas y ataques contra su integridad y vida desde hace años. Quienes ejercen el poder desde hace décadas celebran hoy la muerte del Padre Marcelo”, señaló el Frayba.

“Esta ejecución es una muestra más de la crisis de seguridad, graves violaciones a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, que como Frayba hemos estado denunciando por más de 35 años”, subrayó el organismo fundado por el Obispo Samuel Ruiz.

El colectivo de derechos humanos indicó que en los últimos meses han denunciado ante las instancias nacionales e internacionales los graves crímenes de lesa humanidad por las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, control de la población vía la toma violenta de varias regiones de Chiapas.

Y el lamentable asesinato del padre Marcelo hace eco del grave riesgo que existe para la población y de manera particular contra las personas defensoras de derechos humanos, incluido el Pueblo Creyente, los agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal, las organizaciones defensoras de derechos humanos, comunidades que defienden la tierra y el territorio, y en general de todas aquellas personas y comunidades que defienden la vida en Chiapas.

El padre Marcelo Pérez refiere, “fue objeto de constantes amenazas y agresiones por parte de grupos de la delincuencia organizada, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares en su favor desde 2015”.

Desafortunadamente, agregó, “el Gobierno mexicano fue omiso y aquiescente para atender las causas de fondo de las amenazas en su contra. Lejos de su protección el Estado mexicano lo criminalizó, fomentó el señalamiento en su contra y lo persiguió judicialmente mediante una orden de aprehensión”.

El Frayba reiteró la responsabilidad de los gobiernos Estatal y Federal por la ejecución extrajudicial del Presbítero Marcelo Pérez Pérez. “El Estado mexicano, por décadas, ha apostado por la impunidad permitiendo la operación de entidades macro criminales como parte de la ´gobernanza´ en un supuesto Estado democrático”.

Al hacer un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a repudiar este crimen, el organismo expresó sus condolencias a la familia de jTatik Marcelo, a las comunidades con las que caminó, a la Diócesis de San Cristóbal, al Pueblo Creyente de Chiapas y a todas aquellas personas para las que su partida es una herida al corazón.

Exigió al Estado mexicano verdad y justicia frente a este crimen mediante una investigación diligente de los autores materiales e intelectuales, tomando en cuenta su trabajo como defensor de derechos humanos y constructor de paz.

Al condenar el asesinato del sacerdote tsotsil, comunidades creyentes de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas señalaron que en reiteradas ocasiones el sacerdote, había recibido amenazas de muerte, difamaciones y hostigamiento por parte de grupos de poder que han cooptado la zona, autodefensas y autoridades locales.

“Chiapas es una bomba de tiempo”, señaló el padre Marcelo el pasado 13 de septiembre, durante la marcha por la paz que convocaron los 3 obispo de la Provincia. Lamentablemente, este asesinato se suma a una larga lista, como consecuencia de la realidad de violencia que se vive en Chiapas y que ha provocado que cientos de familias vivan el desplazamiento forzado y la amenaza constante.

Las comunidades creyentes se sumaron “al llamado urgente de por la paz que hace con su vida, muerte y Pascua, nuestro hermano Marcelo. Su vida y su legado profético no se detendrá con este salvaje hecho criminal”.