MORELIA, Mich. (apro).– Nueve días después de la desaparición de Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, quien era guardia comunal de la comunidad indígena de Santa María Ostula, fue localizado su cadáver en un predio ubicado en el kilómetro 129 de la carretera Coalcomán-Aquila, entre las localidades de Calvilla y La Estanzuela.

Tras el hallazgo del cuerpo, que presentaba heridas cortantes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) anunció el inicio de una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

A través de un pronunciamiento, la comunidad indígena nahua de Ostula confirmó, “con profunda pena y rabia”, la localización de los restos de Froylán de la Cruz, de 20 años, quien había sido retenido por un grupo criminal que opera en la región, que “finalmente lo ejecutó de manera extrajudicial y salvaje”.

Dirigido al pueblo mexicano, a los medios de comunicación y a los organismos de derechos humanos, el documento señala que el asesinato se dio “ante la indiferencia absoluta de todos los niveles de gobierno y del secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, quien actualmente no tiene más ocupación que impulsar su carrera política mediante giras proselitistas disfrazadas de recorridos de trabajo”.

Tras denunciar la colusión de elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil con grupos criminales, la comunidad exigió al gobierno del estado y a las autoridades correspondientes “hacer su trabajo y llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación de los hechos, en su momento denunciados por la familia del hoy fallecido”.

Asimismo, demandó el castigo a los culpables de la tortura y ejecución extrajudicial de Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, así como del asesinato de Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano, Eustaquio Alcalá Díaz y Juan Medina, así como la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.

Entre otros puntos, urgió el cese de la protección a grupos criminales, el respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la guardia comunal y para el ejercicio de su libre determinación y autonomía.