MONTERREY, N.L. (apro).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una controversia constitucional presentada por Samuel García Sepúlveda, por lo que ahora el mandatario está obligado a publicar en el Periódico Oficial del Estado (POE) decretos que rechazó en meses recientes.

Esta misma tarde, Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno, aclaró que el fallo no obliga al mandatario a publicar los decretos y anunció que recurrirá a la impugnación por un recurso de reclamación.

En marzo, el gobernador de Movimiento Ciudadano promovió el recurso que fue admitido por la SCJN, con el expediente 262/2023, en contra de reformas a la Constitución del Estado, aprobadas por el Congreso estatal en los decretos 340, 341 y 342, que los diputados exigían que fueran publicados en el POE para que se hicieran leyes.

El rechazo ocurrió en medio de una disputa política, conocida públicamente en la localidad, entre el mandatario y las fracciones aliadas del PRI y el PAN que, en conjunto, mantienen la mayoría en la actual legislatura.

El diputado panista Mauro Guerra señaló, en entrevista, que los decretos que el gobernador había rechazado contienen reformas del siguiente orden: 340, para la designación del Fiscal General del Estado, y relacionadas con el Tribunal de Justicia Administrativa; 341, sobre la Defensoría Pública, y el 342, para los permisos que debe solicitar el gobernador al Congreso local cuando salga de la ciudad.

En su demanda, el Ejecutivo estatal argumentó que las reformas no fueron publicadas por el Periódico Oficial del Estado, aunque el acto fue por su propia disposición “ilegal e injustificada”, como señalaron los diputados.

Al rechazar el recurso al Ejecutivo estatal, la Suprema Corte advierte de la alteración del orden jurídico que implican los vetos.

Señala: “La suspensión de la publicación de los multicitados decretos en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León obstaculizaría la debida conducción del procedimiento legislativo de creación y modificación de reformas constitucionales en dicho Estado y, por tanto, se pondría en peligro una institución fundamental del orden jurídico mexicano, pues se paralizaría el procedimiento legislativo.”

Por eso, en la lista de notificaciones del 21 de junio, el órgano jurisdiccional resuelve sobre la suspensión solicitada por el gobernador de Nuevo León, y “procede negar la medida cautelar solicitada, pues de concederse la suspensión se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, cuyas bases y principios derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Las consideraciones del ministro instructor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en las que niega la suspensión solicitada, son vinculantes para que Samuel García cumpla con su obligación de publicar los decretos que determinó excluir del POE.

En el comunicado que, sobre la resolución publicó el Congreso local, se lanza un reproche al mandatario emecista, por obstaculizar el trabajo legislativo.

“El gobernador Samuel García ha sido sistemáticamente omiso en publicar en el Periódico Oficial decretos legislativos aprobados por el Congreso Estatal, por lo que el Poder Legislativo ha tenido que encontrar mecanismos alternos para cumplir con su función, garantizando la publicidad de las leyes y reformas que se aprueban, agotando siempre el trámite que deba hacerse ante el Ejecutivo”, señala la legislatura.

Mauro Guerra señaló que con esta resolución queda claro que Samuel García Sepúlveda se ha excedido en sus funciones, y se sienta un precedente de fondo, para que él se convierta en un verdadero constitucionalista, como constantemente presume, y publique los decretos, como lo ordena la SCJN.

“La Suprema Corte le da la razón al Congreso y es importante porque vemos la intención del gobernador de desaparecer al Poder Legislativo, pero ahora vemos que, como dice la Corte, no se puede permitir que se obstaculice el trabajo de los legisladores”, señaló el panista.

Hasta esta tarde, el gobierno del estado no se había pronunciado sobre la resolución adversa.

Navarro Velasco dijo que no hay obligatoriedad de publicar los decretos “pues sigue vigente la contienda legal” y buscará que la SCJN modifique la negativa de la suspensión.

“El acuerdo en donde no se otorga la suspensión, se pedirá que sea revisado por la Suprema Corte. El Congreso ya publicó en la Gaceta esos decretos, y será la Suprema Corte quien estudie si se violó el procedimiento legislativo, sin olvidar que hoy la Corte ha resuelto dejar sin efectos procesos legislativos que considera que nacieron viciados, como en el caso de la Constitución NL”, señala el comunicado que emitió hoy el Gobierno del estado en respuesta a la resolución.