MONTERREY, N. L., (apro).- El Congreso de Nuevo León acordó hoy crear una parálisis voluntaria de sus funciones, debido a que el gobernador Samuel García “secuestró” el funcionamiento de la legislatura a través de un amparo que le concedió un juez de Tamaulipas.

Los diputados, de mayoría de PRI y PAN, señalaron que el juez octavo de distrito Faustino Gutiérrez incurrió en irregularidades al dar protección Constitucional al mandatario de Movimiento Ciudadano, pues con el amparo, las reformas de ley que han sido aprobadas ahora entrarán en vigor, pero para el gobernador que llegue en el 2027, cuando termine el actual.

“Lo que hace el titular del Poder Ejecutivo a través del juez Faustino Gutiérrez Pérez es secuestrar este Congreso, al emitir una suspensión por la que no se nos permite hacer reformas durante toda esta Administración, violentando gravemente el principio de división de poderes, el principio de legalidad y el orden constitucional establecido”, señalaron en un punto de acuerdo que leyó la priista Alhinna Vargas.

En el punto tercero del acuerdo se establece: “La Septuagésima Sexta Legislatura al H. Congreso del Estado constituida en pleno, como máxima autoridad del Poder Legislativo autoriza cerrar la sesión de pleno y paralizar toda función del Congreso con motivo de los hechos presuntamente irregulares derivados de la actuación del C. Juez Octavo de Distrito en materia administrativa en el Estado de Tamaulipas Lic. Faustino Gutiérrez Pérez por la resolución dentro del incidente de suspensión 407/2023-1, y hasta que la presidencia de la directiva resuelva lo contrario”.

La diputada mencionó que hoy, para sorpresa del Congreso nuevoleonés, el juzgador, quien es investigado por la FGR por beneficiar a otros funcionarios, concedió la suspensión provisional al gobernador para efectos de que no entren en vigor las reformas constitucionales previamente aprobadas en la soberanía.

“Esta resolución representa un exceso en el ejercicio de la función jurisdiccional del juez Faustino Gutiérrez Pérez, dado que formalmente al estar adscrito al Juzgado Octavo de Tamaulipas es evidentemente incompetente para resolver asuntos de nuestro estado”, señalaron.

En su resolución, Gutiérrez señala que las reformas constitucionales aprobadas por la Legislatura, violan el principio de no retroactividad de la Ley, bajo el argumento de que el gobernador debe realizar funciones aplicándose un marco normativo vigente a la fecha en que asumió el cargo.

De esta forma no debe someterse a las leyes aprobadas recientemente que buscan coartarle facultades para asignar nombramientos y regular el funcionamiento y desempeño de la administración pública, como las reformas contenidas en el Decreto 340 del Congreso local, que van en ese sentido.

“Siguiendo la lógica del juez y de ser este el caso, la Nueva Constitución, La Ley Orgánica de esta administración y todo el cúmulo de reformas que se han realizado en esta legislatura, no deberían estar en vigor, ya que según el juez representaría una violación al principio de no retroactividad dado que no se encontraba vigente al momento del inicio de esta Administración”, se quejaron los diputados.

De igual manera tomaron la decisión de paralizar su labor debido a que las decisiones del juez, para proteger a García Sepúlveda impiden que los legisladores representen debidamente en el Congreso a la ciudadanía y la defiendan de abusos del Poder Judicial federal.

“De esta manera está limitando la capacidad de los representantes que fuimos elegidos por mandato popular, de tomar decisiones que beneficien a la gente”. afirmaron.

Los diputados aprobaron enviar un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal para que investigue al juez octavo de distrito en materia administrativa, por las irregularidades derivadas de su actuación, y anunciaron que elaborarán denuncias penales por estos hechos.