CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el proclamado “Año de la Mujer Indígena”, los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y de Guerrero, a cargo de Evelyn Salgado Pineda, mantienen en el abandono a mujeres indígenas víctimas de violencia y a quienes las atienden, también indígenas, en la región de la Montañana de esa entidad suriana. 

Ante la falta de pago de salarios de personal de la Casa de los Saberes Gu’wa Kumá de Ayutla de los Libres, el Centro de Justicia para las Mujeres de Región de la Montaña y el Componente Estrategia Integral para la Justicia y Bienestar de Mujeres y Niñas, ubicados los últimos en Tlapa de Comonfort, se declararon en paro de labores, dejando en el desamparo a decenas de mujeres víctimas de violencia que suelen ser atendidas en esos espacios administrados por el Programa para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal.  

Noemí Prisciliano Fernández, coordinadora de Gu’wa Kuma, explicó en entrevista que en lo que va de 2025, la Secretaría de Mujeres de Guerrero sólo ha cubierto los salarios del personal correspondientes a los primeros cuatro meses que fueron pagados en junio pasado, dejando sin cobertura los siguientes siete meses. 

“Hay muchas carpetas de investigación y algunos juicios de alimentos que se dejó de darle seguimiento por falta de recursos, justamente porque no dan recursos para el seguimiento a las usuarias, y se dejó de dar acompañamiento a las víctimas, porque no tenemos recursos para ayudarles un poco”, apuntó.  

Prisciliano Fernández es hija de Inés Fernández Ortega, mujer mep’haá que enfrenó al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por haber sido víctima de tortura sexual por parte de miembros del Ejército en 2002, lo que derivó en una sentencia en 2010 en la que se incluyó como parte de la reparación del daño, la creación de un centro comunitario para atender a mujeres indígenas violentadas y a infancias y adolescencias indígenas que se desplazaran de sus comunidades para estudiar en Ayutla.  

Noemí contó que a pesar de que es obligación del Estado mexicano la manutención de la Casa de los Saberes como parte de la sentencia, “el gobierno federal no ha querido asumir esa responsabilidad ni el compromiso que tiene con el centro comunitario. Todo deja a la mano del gobierno estatal, y el gobierno estatal argumenta que no cuenta con recursos para sostener este centro”.  

Desde Ayutla, Prisciliano Fernández destacó que precisamente como parte de la sentencia, su madre Inés, quien es prácticamente monolingüe, consideró necesario el establecimiento de un centro comunitario como el de Gu’wa Kumá en donde las mujeres víctimas de violencia fueran atendidas por mujeres profesionistas que hablaran su lengua materna, para evitar que además sufrieran la violencia institucional como le ocurrió a ella cuando denunció a militares que la violentaron,  

Abogada de profesión, Noemí apuntó que al menos 15 carpetas de investigación por violencia familiar y siete juicios contra deudores alimenticios a los que la Casa de los Saberes les da seguimiento se encuentran en suspenso debido a la imposibilidad de las profesionistas para atenderlos. 

“A las víctimas les pedimos su comprensión, qué más quisiéramos que darle seguimiento a sus casos, pero debido a que nosotros no contamos con recursos propios para movernos, no podemos continuar laborando hasta que las autoridades nos paguen a las profesionistas, a las embajadoras (representantes de las comunidades indígenas) y al chófer.  

“Es para nosotros muy preocupante porque damos acompañamiento a personas de escasos recursos, pues ahora sí que quedan desprotegidas, no cuentan con apoyo legal ni todo lo que conlleva un proceso legal”, apuntó.  

Noemí Prisciliano recordó que en julio pasado representantes de los gobiernos federal y estatal acudieron a la Casa de los Saberes para recabar las denuncias por la falta de pago al personal y por la falta de fondos para dar mantenimiento al espacio destinado para las mujeres y al albergue para atender a unos 45 adolescentes de las comunidades alejadas de la Montaña que quieren continuar sus estudios de nivel básico, medio superior y superior.  

“El 29 de julio justamente tuvimos una reunión aquí (en Ayutla) con la Secretaría de la Mujer estatal, también estuvieron de la Secretaría de las Mujeres federal y de la Subsecretaría de Derechos Humanos federal, tuvimos una mesa de trabajo y se comprometieron que a más tardar 15 días después de esa reunión nos iban a cubrir nuestro salario, pero hasta la fecha no se ha visto reflejado nada”, apuntó Noemí Prisciliano. 

Sobre papel membretado de la Secretaría de Gobernación federal y con la proclama de “2025 Año de la mujer indígena”, la minuta se titula “Visita al Centro Comunitario Gúwa Kúma (sic) ‘La Casa de los Saberes’. Sentencia Inés Fernández Ortega y otros vs México”, reunión en la que se trataron cuatro temas centrales relacionados con los “pagos a personas profesionistas y embajadoras; infraestructura del Centro Comunitario; pendientes en materia de salud y operatividad de la Casa de la Niñez”,  

En el documento, al que tuvo acceso Proceso, se consignó la inconformidad de Inés Fernández por el tiempo en el que ha mantenido su “lucha para que se haga justicia”, y que a pesar de que se han llevado a cabo varias reuniones “no se ha logrado generar compromisos claros” de ahí que “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está cumplida”. 

Al exigir que “el Centro Comunitario cuente con un recurso propio”, Inés Fernández pidió que se realizaran reuniones de supervisión “cada tres o seis meses” para revisar los avances en el cumplimiento de los compromisos. 

Después de hacer una relatoría de las principales necesidades de mantenimiento, de suministros médicos y de financiamiento del centro comunitario, pero ante todo la urgencia de solventar los salarios de las profesionistas en lenguas indígenas, la representante de la Secretaría de las Mujeres federal reconoció que persistía una “dilación” en la entrega de recursos a sus similares estatales, derivado de que la dependencia federal era de reciente creación.  

Entre los acuerdos se encuentra el compromiso de crear una partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026 denominada “Cumplimiento a la Sentencia Fernández Ortega y Otros vs México” para la operación del centro comunitario; realizar reuniones virtuales cada tres meses y visitas a la Casa de los Saberes semestralmente; terminar en septiembre de 2025 con las obras de infraestructura a cargo de la Secretaría de la Mujer estatal. 

Se consideró que, a partir de un diagnóstico de la Casa de la Niñez, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) valoraría la extensión de apoyos para atender a estudiantes los fines de semana; cursos de capacitación de la Secretaría de Salud  estatal sobre los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, según la NOM 045 SSA2-2025, así como envío de una unidad móvil para dar cursos de salud sexual y reproductiva a los 45 niñas, niños y adolescentes que se encuentran de la Casa de la Niñez Indígena, en tanto que la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar “compartirán los enlaces del personal asignado para la atención inmediata de los casos que lleguen al Centro Comunitario”.  

“De esa minuta, nada se ha cumplido”, insistió Noemí Prisciliano, al recordar que desde hace dos años, en una audiencia privada, los jueces de la Co IDH han sido notificados de la falta de cumplimiento de la sentencia a favor de Inés Fernández, tanto en materia de la manutención de Gu´wa Kumá como en la atención médica de la familia Prisciliano Fernández.  

“En la audiencia con la jueza de la Corte Interamericana, le volvimos a exponer que el gobierno mexicano no ha cumplido completamente, no ha garantizado un fondo permanente para el funcionamiento del centro comunitario, y justamente en esa audiencia privada estuvieron las secretarias de la Mujer, federal  y estatal”, apuntó Noemí.  

Noemí Prisciliano lamentó que a pesar de los discursos oficiales de priorizar a las mujeres indígenas, en los hechos  no hay respaldo ni para las profesionistas que trabajan dentro del gobierno, como ocurre con las trabajadoras de Tlapa, ni mucho menos para aquellas que laboran dentro de la sociedad civil, como es el caso de las profesionistas y las embajadoras de Gu’wa Kumá.  

“A los tres niveles de gobierno realmente no le interesa proteger ni apoyar a las mujeres de la Montaña”, sostuvo Noemí Prisciliano al contar que no ha habido acercamiento de ningún representante gubernamental desde que iniciaron el paro de labores.