CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un nuevo capítulo de tensiones bilaterales que se remontan a la salida y detención en 2022 del entonces presidente peruano Pedro Castillo, el Gobierno de México lamentó y rechazó este lunes la decisión "unilateral" del gobierno del país sudamericano de romper relaciones diplomáticas, motivada por el otorgamiento de asilo político a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez Chino.

La medida, anunciada por el canciller peruano Hugo de Zela, ha escalado la fricción entre ambos países, afectando lazos históricos de amistad en un contexto regional marcado por debates sobre persecución política y soberanía.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el asilo a Chávez se concedió "en pleno apego al derecho internacional", específicamente la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que ambos países suscribieron.

"La Sra. Chávez Chino ha mencionado que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023", se lee en un comunicado de la SRE, que añade que solo México, como Estado asilante, puede calificar la naturaleza de esa persecución.

La decisión mexicana se basa en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

"México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado", enfatiza el texto, al tiempo que califica la respuesta peruana como "excesiva y desproporcionada" y carente de intervención en asuntos internos.

Finalmente, el gobierno mexicano reiteró su compromiso con el "diálogo y la solución amistosa de controversias", mientras invoca los "históricos lazos de amistad" entre ambos pueblos.

El “golpe” de 2022

La crisis actual es un eco de las divisiones surgidas en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente peruano Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y declarar un "gobierno de excepción", lo que derivó en su destitución inmediata y detención por rebelión y conspiración.

Betssy Chávez, quien fungió como primera ministra en los últimos días de su mandato, fue acusada de coautora del golpe de Estado en el intento de quiebre constitucional. 

Tras pasar meses en prisión preventiva, Chávez fue liberada en septiembre de 2025 por orden del Tribunal Constitucional peruano, bajo comparecencia restringida, pero acumuló inasistencias a audiencias judiciales por presuntos motivos de salud, lo que generó sospechas de evasión.

El 30 de octubre, Chávez ingresó a la Embajada de México en Lima solicitando asilo, alegando persecución política. México evaluó el caso y lo aprobó en 48 horas, un procedimiento que Perú interpreta como una injerencia flagrante. 

El canciller De Zela, en rueda de prensa este lunes, calificó el asilo como un "acto inamistoso" y una violación al principio de no intervención, invocando el artículo 3 de la Convención de Caracas. 

"Hemos conocido con sorpresa y profundo pesar que la ex premier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado, está siendo asilada en la residencia de la embajada mexicana", declaró De Zela, quien descartó cualquier intervención en la sede diplomática, respetando el derecho internacional.