CIUDAD DE MÉXICO. (Proceso).– A casi un año del ingreso de familiares de desaparecidos y víctimas de violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia al Campo Militar Número 1, para anunciar la apertura de los archivos militares, la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de defensa a las Fuerzas Armadas se mantiene inalterable, “lo que evidencia que seguirá sin rendir cuentas sobre los abusos cometidos hace casi cinco décadas”, coincidieron Alicia de los Ríos Merino y María de Vecchi Gerli.

Coautoras de libro Las luchas por la memoria contra las violencias en México, coordinado por Alexandra Délano Alonso y publicado por el Colegio de México, ambas participaron en la presentación de su obra, moderadas por el investigador, académico y escritor Sergio Aguayo. 

Durante su participación en el evento en línea, la historiadora e hija de la miliciana de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecida en 1978, recordó su experiencia durante el ingreso al Campo Militar 1 el 22 de junio de 2022, fecha en que pronunció un discurso en nombre de los familiares de desaparecidos, mismo que fue incluido como preámbulo en el libro comentado este jueves.

De los Ríos Merino recordó que, mientras compartía el podio con el presidente y altos funcionarios del gobierno federal, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, advirtió de la presencia de militares retirados y familiares de soldados fallecidos durante la estrategia de exterminio de los grupos guerrilleros de la época.

Al señalar que los familiares de víctimas y sobrevivientes de los abusos no fueron advertidos por el personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de que compartirían espacio con perpetradores y sus familiares, la historiadora y académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua recordó que fueron los familiares provenientes de Guerrero quienes empezaron a sacar pancartas y a inconformarse por el discurso de Luis Cresencio Sandoval, exculpando al Ejército de las violaciones a derechos humanos cometidos durante la Guerra Sucia.

 “No me sorprendió el discurso del general, que es antagónico a las víctimas, lo que me sorprendió fue el discurso del presidente, para mí fue evidente, y lo comenté a otros, que el presidente venía iba a deslindar de cualquier investigación de violencia al Ejército y empezó desde ahí nuestro distanciamiento de los familiares y de la Comisión para la Verdad”, explicó De los Ríos Merino.

Para la investigadora, “el presidente no se ha movido de esa posición del 22 de junio, de que el Ejército sólo obedeció ordenes de presidentes malos, corruptos y autoritarios, posición que mantiene hasta hoy; abarca no sólo la contrainsurgencia, sino también (la desaparición de 43 estudiantes de) Ayotzinapa y de otros casos en el ámbito de la macrocriminalidad”.  

De los Ríos Merino destacó que el momento es relevante para la memoria histórica porque “eso es justo de lo que trata el libro, de una disputa viva”, en los que “si no hay elementos clave, o por lo menos un diálogo respetuoso, en el que no se pongan de frente concepciones tan ingenuas como fueron las del presidente, no vamos a poder llegar a un trabajo serio de rendición cuentas, de ver otros proyectos a futuro”. 

María de Vecchi Gerli, responsable del programa de Verdad y Memoria de la organización Artículo 19, consideró que el ingreso de familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la Guerra Sucia es un momento que “en 30 años vamos a seguir analizando”.

Tras recordar que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia denunció el desacato del Ejército a resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sobre la estrategia de desaparición de personas realizada por el Ejército, conocida como Los vuelos de la muerte, De Vecchi Gerli apuntó que en este sexenio se tuvo claridad sobre la influencia castrense. 

Por lo pronto, “es muy clara la posición: el Ejército es un poder fáctico al que no se le va a exigir rendición de cuentas y esto es fundamental en términos de cómo entendemos el país que tenemos, con más de116 mil desaparecidos, y que, pese a solicitudes de información con resoluciones del Inai, el Ejército no va a dar información sobre lo que pasó en los años setenta y sobre quiénes fueron los responsables de violaciones a derechos humanos”.

La defensora, hija de exiliados argentinos, dijo que, ante la reiterada defensa del presidente López Obrador a los militares, ante la próxima presentación del informe de la Comisión de la Verdad, “vamos a ver qué se va a presentar, cuál va a ser la versión oficial después de que el informe pase por los ojos del presidente”. 

María de Vecchi reconoció a los comisionados Abel Barrera, Eugenia Allier, Carlos Pérez Ricart y David Fernández como profesionales que no permitirán que su informe sea mutilado o censurado, por lo que confió que, de ser así, estarían dispuestos a presentar la versión original de su investigación sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Cerrazón verde olivo

A pregunta expresa del investigador Sergio Aguayo, De Vecchi se refirió al trabajo de Alejandro Encinas, quien fuera subsecretario de Derechos Humanos y ahora integra la campaña de Clara Brugada por el gobierno de la Ciudad de México. 

De acuerdo a la activista, de entrevistas a familiares de víctimas, para la presentación del informe anual de Artículo 19, advirtió que Encinas “jugó un papel de transmitirle a las colectividades de víctimas el compromiso del Estado en la búsqueda por la justicia, de reivindicar a las víctimas “.

Sin embargo, reconoció que la buena voluntad de un funcionario no fue suficiente para “avanzar en el caso Ayotzinapa, también dijo como la Comisión de la Verdad se enfrentó a un Estado que no está dispuesto a dar verdad y justicia, a no decir lo que pasó”. 

El más claro ejemplo de la cerrazón militar –expuso De Vecchi– es el caso Ayotzinapa, al que el presidente dedicó su primer acto de gobierno, emitiendo un decreto para la creación de la Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990 y una fiscalía especializada.

“En este momento, cerrando el sexenio, no sabemos que pasó a los 43, se manda a militares involucrados a prisión domiciliaria, lo que me hace pensar en la figura Encinas como un personaje que, con toda buena voluntad, no puede mover las estructuras del Estado acostumbradas a la opacidad y a la impunidad”, dijo la activista.

Al considerar que Encinas fue “una figura fundamental”, De Vecchi agregó que lo que prevaleció para las víctimas fue “una oportunidad perdida”, ante la falta de resultados.

Encinas “se encargó de hablar con familiares de víctimas del supuesto compromiso el presidente por transparentar, (pero) en el camino advierte que con el Ejército no se puede”, puntualizó María de Vecchi. 

La coordinadora del libro, Alexandra Délano, dijo que en Las luchas por la memoria contra las violencias en México hay diversas expresiones de los esfuerzos por preservar la memora, “en un contexto en que las violaciones continúan, con un aumento en las desapariciones de personas a partir de 2006 y un incremento de las violencias”.

El libro de 20 capítulos reúne ensayos de investigadores, activistas, arquitectos, curadores, artistas y familiares de desaparecidos que exponen lo “vivido históricamente, la violencia de Estado detrás del contexto y cómo se organizan las comunidades para luchar los espacios de memoria”, concluyó la investigadora del Colegio de México.