PACHUCA, Hgo. (apro) .- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dijo que, por la información que posee, el abuso sexual contra dos menores en el municipio de Zimapán existió. Añadió que el asunto se encuentra en un juzgado federal –se revisan posibles omisiones en el acceso a la justicia por parte de autoridades estatales– y que, posteriormente, se tendrá que determinar quién o quiénes son responsables de haberlas agredido. 

Asimismo, consideró que el bloqueo de transportistas en las entradas y principales vialidades de Pachuca el 19 de febrero, incluida la sede del gobierno estatal, con tráileres y camiones de carga, que portaron lonas en las que acusaban a la diputada local morenista por el distrito 1, Alhely Medida Hernández, de “proteger violadores”, y a Arturo Williams Trejo Leal, tío de las niñas, de ser el presunto agresor sexual, persigue un fin económico. 

“El caso es muy complicado, porque sí fueron agredidas, por el conocimiento que tengo del asunto, pero de ahí hay que dilucidar y eso le corresponde tanto al ministerio público como a las autoridades judiciales, (resolver) quién atacó, quién abusó de las niñas”, comentó Menchaca en entrevista en Palacio de Gobierno.   

El mandatario negó que exista ingobernabilidad tras el bloqueo masivo por parte de vehículos pesados que limitaron la movilidad en Pachuca y cercaron la Plaza Juárez, sede del Poder Ejecutivo.  

También sostuvo que no hay protección política para el político Arturo Williams Trejo, miembro de su mismo partido, Morena, y quien fue detenido el 9 de marzo de 2023 por presunto abuso sexual contra las menores, pero liberado, al igual que su esposa, la madrugada del día 16 del mismo mes después, de que la jueza Janett Montiel Mendoza determinó no vincularlos a proceso. 

“Es un tema que está en el Poder Judicial Federal y, como abogado, debo ser muy respetuoso de mi opinión al respecto, pero no hay protección, eso sí lo digo contundentemente, absolutamente para nadie”, insistió. 

“En todos los temas de justicia, y se los digo yo, que estuve diez años en el Poder Judicial, siempre habrá puntos de vista, y siempre habrá que someterse a lo que dice la ley. Desafortunadamente en este caso es una desgracia, no solamente de dos niñas, sino en el entorno familiar, parece por la participación de las personas, tanto de la mamá, del papá, los tíos…”, planteó el mandatario, para luego considerar que, “además de eso, que es muy grave, hay otro tipo de conflicto, particularmente pienso que de carácter económico”. 

Al ser cuestionado por qué creía lo que mencionó, el exsenador respondió: “Parece que hay unos conflictos de herencias, alguna situación de este tipo. No quiero adentrar porque…, no quiero prejuiciar, pero sí hay un antecedente de un conflicto”. 

Ante la pregunta si veía injerencia de actores políticos por la movilización, contestó: “Más que nada, de conflicto en la familia, por un lado, y por otro, pues la utilización de algo que agravia tanto a la sociedad, como es el abuso, para trasladarlo a una situación de carácter económico en donde sí hay una intención, hasta donde tengo entendido, de participar en una actividad muy lucrativa que es el transporte de materiales, particularmente en Zimapán”. 

El miércoles 19, cuando las vialidades de la capital hidalguense estaban bloqueadas por vehículos pesados, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, presidió una conferencia de prensa en la que sugirió que, sin tener como fin la demanda de justicia por el caso de las menores, estaba detrás el Sindicato del Cemento, un grupo que en noviembre de 2024 impidió los accesos a las minas en Zimapán, lo que generó un conflicto social por la posibilidad de que tomara el control de esta actividad económica, de la que depende la mayor parte de esa población. 

No obstante, de inmediato matizó: “No es que estemos afirmando que sean ellos, es por voz de los propios operadores”. 

Sin mencionar por nombre a la organización, el gobernador mantuvo la idea de un fin externo: “Vean lo que pasó en noviembre de 2020. Fue lo mismo, nada más que había pandemia. Es una táctica que se utilizó, en la que igual se cerraron calles, igual hubo conflicto por intereses ajenos a una cuestión tan sensible como es el asunto de las niñas. También tuvieron un tema de un joven que tuvo una situación, digamos, de litigio, tomaron esa bandera inicial y se repitió ahora”. 

La carpeta de investigación por abuso sexual fue iniciada el 17 de junio de 2022 por la denuncia de la madre de las menores. Arturo Williams Trejo –también conocido como Willy Trejo–, así como su esposa, Berta Eva Medina Hernández, fueron acusados de ser los probables responsables de las agresiones sexuales. Nueve meses después fueron aprehendidos en Quintana Roo. 

Le versión de la herencia la había mencionado el también excandidato a la presidencia de Zimapán y empresario en una conferencia de prensa a la que convocó cuando no fue vinculado a proceso y, con ello, dejó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, en el que estuvo siete días. 

Aylen Trejo Leal, tía de las menores, aseguró que ese tema se ha planteado para desvirtuar la acusación contra Willy Trejo, quien, ha insistido en todas sus declaraciones, tiene protección política.  

Por su parte, el padre de las niñas, Mario Espinoza Bernardini, acusó a Aylen de dañar y manipular a las víctimas, en tanto que ella le replicó que él tenía denuncia por pensión alimenticia y lo inculpó de “estar del lado de los agresores”, en una discusión entre ambos, frente a medios, el pasado miércoles, afuera de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH). 

La última resolución de la jueza del Segundo Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dejó insubsistente el acto de no vinculación a proceso tanto de Arturo William Trejo como de su esposa, y en su lugar pidió que se emita otra resolución que considere las pruebas y dictámenes médicos y de integridad física, así como psicológicos, que existen en la carpeta.