CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Cientos de transportistas bloquearon los accesos y principales vialidades de Pachuca. Los camiones pesados portaban lonas en las que acusan de protección política en el caso de presunto abuso sexual infantil que fue exhibido a nivel nacional en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 13 de febrero. 

Sólo en Plaza Juárez, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) reportó 250 vehículos pesados. La carretera México-Pachuca, tras la Plaza de Toros y a la altura de Sector Primario, así como las carreteras Pachuca-Ciudad Sahagún, en el fraccionamiento San Fernando, con dirección a la capital del estado, y Pachuca-Tulancingo, en Pachuquilla, son parte de las vialidades bloqueadas. 

La manifestación ha generado un colapso vial y la suspensión del sistema de transporte Tuzobús. Las lonas que colocaron los conductores sobre los camiones señalaron la supuesta inacción del gobierno de la entidad en el acceso a la justicia para las menores, que tenían cinco y ocho años al momento de la agresión –validada, con base en un último recurso de amparo, en el que también se pide investigar quién o quiénes pudieron ser los responsables–. 

Las lonas igualmente hacieron referencia a la diputada local por el distrito uno, Alhely Medina, a quien señalaron de “proteger violadores”. En respuesta, la legisladora publicó en su cuenta de Facebook: “Como lo advertimos, en definitiva, se evidencia una red de intereses económicos que politiza asuntos de extrema sensibilidad”. 

El día previo, al deslindarse de los señalamientos en su contra durante la mañanera de la presidenta Sheinbaum, la morenista declaró desde el Congreso que había intereses políticos y económicos que, a su consideración, estaban usando el caso de las menores, a quienes les causaban “un daño irreversible”, por la exposición. 

Hoy, gran parte de los mensajes que acompañaron la manifestación se dirigieron a ella, así como a otro miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Arturo Williams Trejo, quien, junto con su esposa Berta Eva Medina Hernández, fue señalado como probable responsable en la primera carpeta de investigación judicializada, pero no fue vinculado a proceso debido a que la jueza Janett Montiel Mendoza determinó que no existía delito de su parte. 

El candidato a la presidencia municipal de Zimapán en 2020, fue detenido el 9 de marzo de 2023, pero con esa resolución fue liberado la madrugada del día 16 del mismo mes.

“Pedimos justicia para las niñas de Zimapán que fueron violadas por su tío Williams ‘N’”, decía una de las mantas, colocada en un tráiler de los que cerraron el bulevar Felipe Ángeles.  

“Williams ‘N’, mereces estar en la cárcel junto con los demás violadores”, sumó otra en el mismo bloqueo. Sin embargo, no fueron las únicas, los mensajes se repetían en los diferentes puntos de la protesta. 

Las niñas agredidas son sobrinas de Williams Trejo. La madre y la tía de las menores acusaron que existe protección política en el caso y presuntas irregularidades en el Poder Judicial con las que, afirmaron, se han beneficiado de quienes son señalados como agresores.  

Por su parte, los denunciados, han respondido que no existen elementos para sostener la imputación y han atribuido la denuncia a intereses derivados de una herencia. 

La última determinación en este asunto, que ha ido a diversas instancias por las que los acusados igualmente han recibido fallos que ratificaron su no vinculación, es que se realice de nuevo el proceso para investigar los hechos, y que el agravio en contra de las víctimas persiste.  

La familia también expuesó que una de las niñas intentó quitarse la vida, además de que fueron contagiadas del Virus del Papiloma Humanos (VPH).

“Justicia para las niñas de Zimapán y prisión para los culpables”, “Dip. Alhely, corrupta protectora de violadores” y “Cárcel para Williams N y sus cómplices violadores de niñas en Zimapán” fueron otros de los mensajes, siempre en lonas. 

Entre los puntos bloqueados se encuentran avenida Constitución, Glorieta Insurgentes, bulevar Everardo Márquez, Belisario Domínguez, Revolución, Matamoros, Guerrero, Juárez, bulevar Luis Donaldo Colosio, en la colonia San Lunes con dirección a 11 de Julio, así como avenida Vicente Segura. 

Además del Tuzobús y servicio de taxis, el sistema de transporte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) también se vio afectado en varias rutas y la Central de Autobuses suspendió los viajes a la Ciudad de México y otros puntos con carreteras interestatales cerradas. Se reportó que algunas escuelas de nivel básico suspendieron actividades por la inviabilidad de traslados, al igual que otras de educación media superior y superior. 

Sugieren participación de Sindicato del Cemento 

En noviembre de 2024, en Zimapán, un municipio en la región del Valle del Mezquital con una longeva vocación minera, un grupo foráneo, denominado Sindicato del Cemento, amedrentó con armas e impidió los accesos a las minas, lo que generó un conflicto social por la posibilidad de que tomara el control de esta actividad económica, de la que depende la mayor parte de la población. 

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad estatal –en respuesta a los bloqueos masivos en la capital hidalguense–, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, sugirió la participación de esta agrupación; consideró extraño el móvil de los cierres y dijo que el interés de la administración estatal morenista es que el tema se resuelva. 

“El Sindicato del Cemento o quienes encabecen esto que nos digan de qué manera podemos colaborar para que puedan retirarse y no afectar a la ciudadanía en general”. Después matizó: “No es que estemos afirmando que sean ellos, es por voz de los propios operadores”, para luego mencionar que son 200 personas las que operan las unidades, “la gran mayoría viene de otros estados, no son hidalguenses”. 

Planteó: “Nosotros vamos a insistir en convencerlos de que no es la manera. Si a alguien le interesara que este asunto se resuelva cuando antes, donde deberían acudir es a los tribunales colegiados que tienen la resolución (…) Pareciera que no es tanto así como el propósito real, porque están afectando a toda la ciudadanía”. 

Añadió que “el hecho de que sean carros de volteo que vienen de otro estado o estados, pues da más que pensar”. 

Después recordó que el año pasado, cuando incursionó el Sindicato del Cemento con helicópteros y personas posiblemente armadas, “se contuvo”, aunque no quiso profundizar si este podría ser un mecanismo de presión, ante un cuestionamiento durante la conferencia. En este tenor, comprometió una negociación ante los medios, “nos interesa que prevalezca la justicia, que se abata la impunidad”. Antes, había mencionado que “si el tema es que se haga justicia para las niñas, nosotros coincidimos”. 

Olivares Reyna dijo que se sumarían a pedir a los tribunales federales que el asunto se resuelva, para luego externar: “No hay razón para que continúen bloqueadas las calles, ni tampoco esas personas pueden esperar que sean desalojadas por la fuerza pública y que esto genere violencia”. 

Por su parte, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, afirmó que “la comunicación siempre ha estado abierta hacia los dos lados” (las víctimas y los probables imputados), aunque acotó que “es un tema muy complicado, con diferentes aristas”, por lo que no profundizó. 

Se reservó el número carpetas de investigación que han derivado de este posible abuso sexual infantil, pero confirmó que hay en ambos sentidos. 

Olivares Reyna secundó que el tema es muy complejo: “Quizás en este momento no podemos identificar a las reales víctimas, salvo a las niñas”.