PACHUCA, Hgo. (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum comprometió revisar el caso de presunto abuso sexual infantil ocurrido en Hidalgo por el que ha sido denunciado el empresario y político de Morena, Arturo Williams Trejo, así como su esposa, Berta Eva Medina Hernández. 

De acuerdo con la información expuesta en la conferencia matutina de este jueves, las menores víctimas, de cinco y ocho años, han presentado ideación suicida a consecuencia de eventos traumáticos; además, una desarrolló una enfermedad de transmisión sexual: Virus de Papiloma Humano (VPH), por el que requerirá una intervención médica para el retiro de la matriz. 

Las infantas son sobrinas de Williams Trejo. La madre y la tía de las menores han acusado protección política en el caso y presuntas irregularidades en el Poder Judicial con las que, han afirmado, se han beneficiado quienes son señalados como agresores. Los denunciados, por su parte, han respondido que no existen elementos para sostener la imputación y han atribuido la denuncia a intereses derivados de una herencia. 

La denuncia fue leída por la youtuber Sandra Aguilera, quien externó una solicitud para que el asunto lo atraiga la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). En su contestación, la presidenta dijo que hablará con el fiscal general para dar seguimiento. 

Respecto a los antecedentes del caso, la acusación se basó en un dictamen médico, que el empresario y político acusado denominó falso, por lo que después denunció al médico que lo certificó. La carpeta de investigación fue judicializada y Williams Trejo detenido en cumplimiento de una orden para aprehenderlo, en el periodo de Santiago Nieto Castillo como procurador interino de Hidalgo. No obstante, obtuvo su libertad ya que la jueza Janeth Montiel Mendoza determinó que no existía delito. 

Montiel también es la jueza que concedió el 15 de noviembre del año anterior la libertad condicional al entonces policía de Mineral de la Reforma Marco Antonio M.G., por el proceso que llevaba por violencia familiar y privación ilegal de la libertad en agravio de Rosaura, su expareja. El 5 de febrero pasado, el exelemento que, afirmó el municipio, ya no pertenecía a la corporación, asesinó en la localidad de Azoyatla a Rosaura, a su mamá y a su hermano con arma punzocortante, después de amenazas reiteradas y una violación constante a las medidas cautelares impuestas, de acuerdo con los reclamos a las autoridades por parte de familiares y allegados a las víctimas. 

Al momento del ataque, Marco Antonio portaba uniforme de seguridad y, según una denuncia que una excompañera de trabajo de Rosaura hizo el 6 de febrero ante el Gabinete de Seguridad estatal en la denominada “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo” que se llevó a cabo en Mineral de la Reforma, el presunto agresor usó patrullas oficiales y fue acompañado por agentes activos para acosar e intimidar a la víctima días previos al ataque letal. 

En la mañanera se citó que, basado en el testimonio de las niñas, ellas eran forzadas a realizar actos sexuales y a introducirse objetos en las partes íntimas, lo cual –siempre con base en esta acusación– era presenciado por adultos, algunos de los cuales usaban máscaras. 

Al exponer el caso, Aguilera expuso que entre los acusados igualmente se encuentra la diputada local por el distrito uno de este estado, Alelí Medina Hernández, también consejera nacional del partido en el poder, así como Eitzel Trejo Leal y su esposo Eduardo Viviano Vadillo Mejía. Asimismo, acusó protección política por parte del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna. 

También sugirió que se investigue si lo relatado por las niñas puede estar asociado con una secta religiosa, pues afirmó que durante los posibles encuentros había música “de Dios”, que ellas conocían por haberlas escuchado en una congregación. 

La presidenta asintió que el caso será turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), pero no emitió ninguna otra declaración ni profundizó con un intercambio de comentarios.