CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar información relacionada con “los Vuelos de la Muerte”, requerida por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965-1990, pero la dependencia a cargo del general Luis Cresencio Sandoval ha entrado en desacato y pretende que se haga pública sólo una mínima parte de la información.

En un comunicado para dar a conocer las resoluciones, el MEH explicó que los “Vuelos de la Muerte” fueron una “estrategia contrainsurgente” realizada entre 1973 y 1981, en ellos se ejecutaron a personas de “diversas disidencias político-militares (guerrillas)”, cuyos cuerpos fueron “arrojados mar adentro desde aviones militares tripulados por personal del Ejército mexicano en vuelos operados desde la Base Aérea Militar #7, Guerrero”. 

De acuerdo con los recursos de revisión, identificados como RRA 2789/24 y RRA 2751/24, aprobados por los consejeros Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara, la Sedena está obligada a entregar al MEH siete mil 574 fojas correspondientes a un expediente abierto en el año 2000 por la justicia militar por los “Vuelos de la Muerte”, que complementarían las ocho mil 704 que la dependencia no había facilitado a los solicitantes. 

Asimismo la secretaría encabezada por Cresencio Sandoval tendrá que realizar una nueva búsqueda, a fin de atender la petición de las listas de víctimas de los “Vuelos de la Muerte” y de militares que fueron procesados por esos hechos ante la justicia militar, y que en una primera instancia había negado la existencia de la información. 

Pese a que las resoluciones del Inai son inatacables, al día de hoy la Sedena no ha entregado la información requerida en los dos recursos de inconformidad, lo que “representa una reiterada política por parte del Ejército en materia de acceso a la verdad”, señaló el MEH.

La resolución RRA  2789/24 se deriva de una solicitud de información a la Sedena en la que el MEH solicitó “copia íntegra del expediente SC/034/2000/IV/IE-BIS, contenida en 32 tomos”.  En enero de 2024 la dependencia respondió que ponía a disposición la versión pública del expediente, que consta de 13 tomos, pero sólo en su versión física, no digital como lo requirió el MEH, lo que implicaba un costo de un peso por foja, descontando las 20 primeras hojas, si se trata de copia simple, o 23 pesos por hoja si se quería copia certificada. 

Después de realizar el pago de ocho mil 684 pesos, la Unidad de Transparencia de la Sedena sólo entregó mil 140 fojas, de ahí que el 27 de febrero último el MEH tramitó un recurso de revisión ante el Inai por no entregar la información completa.

En respuesta, el Tribual Superior Militar, depositario de la documentación, explicó al Inai que mientras atendía al MEH, “de manera superviniente”, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República le solicitó una copia certificada de la misma averiguación previa, lo que imposibilitaría la entrega del material restante al MEH porque “en la actualidad se encuentra clasificado”.

El Inai resolvió que “no es posible validar lo manifestado por la Sedena en su oficio de alegatos”, por lo que ordenó “que se entregue a la persona recurrente los documentos faltantes de las ocho mil 704” del expediente militar en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de la notificación, “sin costo, en tanto que ya se realizó el pago correspondiente”.

El plazo fijado por el Inai para la entrega de documentación restante venció el 22 de abril último, sin que esto haya ocurrido.

Solicitud de transparencia

Respecto de la resolución RRA 2751/24, ésta se origina de la alegada inexistencia de información relacionada con “el listado de las personas que fueron arrojadas al mar desde aviones del Ejército entre el 1 de enero de 1965 y el 31 de diciembre de 1990” desde la Base Aérea de Pie de la Cuesta, en Guerrero, así como la relación de militares procesados “por la justicia militar por su posible responsabilidad en estos hechos”, por los que se integró el expediente militar SC/034/2000/IV/IE-BIS.

En la petición de información del 10 de enero de 2024 el MEH consideró que asciende a 350 las víctimas de los Vuelos de la Muerte en el periodo de la Guerra Sucia.

Reiterando el argumento de inexistencia de información, durante el proceso de revisión, la Sedena respondió al Inai que buscó sin éxito la documentación requerida en los archivos del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, en la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, la Dirección General de Archivo e Historia, el Tribunal Superior Militar y la Fiscalía General de Justicia Militar.

Sin embargo, el Inai consideró que las respuestas de la Sedena “no permiten generar certeza sobre el criterio de búsqueda utilizado para localizar la información de interés” ni toman en cuenta que los solicitantes proporcionaron el número de expediente militar en el que podría estar la información solicitada.

Además, el resolutivo consideró como indicios de la existencia de las listas de víctimas y perpetradores notas periodísticas publicadas, entre ellas en Proceso, en las que se hace referencia a la averiguación previa abierta en la Procuraduría General de Justicia Militar, hoy Fiscalía General de Justicia Militar, con número SC/034/20000/IV/IE-BIS, “iniciada contra diversos militares por el asesinato de civiles  durante (…) la época conocida como ‘Guerra Sucia’, realizados en la Base Área Militar #7, con sede en Pie de la Cuesta”.

El Inai recordó que en la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se hace referencia a los “Vuelos de la Muerte” que se realizaron “a partir de la estrecha coordinación” entre el gobierno de Guerrero de esa época y la representación estatal de la Sedena, de ahí que “se considera que la búsqueda de la información debe realizarse de igual manera en la 35/a Zona Militar (Chilpancingo), la 37/a Zona Militar (Santa Lucía) y su base aérea”. 

Sobre la pertinencia de dar a conocer los nombres de las víctimas de los “Vuelos de la Muerte”, en su resolución concluyó que “debe prevalecer el derecho fundamental de acceso a la información, puesto que vía éste se busca no sólo satisfacer un interés individual, sino la necesidad de garantizar el derecho a la verdad”, a no repetición, y favorece el escrutinio social.

En el caso del personal militar procesado por perpetrar las graves violaciones a los derechos humanos se acreditó la existencia de “un interés público mayor para dar a conocer información requerida, a saber su nombre, los cargos que enfrentaron, las resoluciones recaídas en sus procesos, así como el estatus legal que guarda en la actualidad dichas personas”.

En esta resolución, como en la anterior, el Inai emplazó a la Sedena a entregar la información requerida en diez días, plazo que venció el 29 de abril último sin que haya atendido las indicaciones del organismo autónomo.