CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con cifras que rebasan los 112 mil personas desaparecidas y al menos 52 mil cuerpos sin vida no identificados resguardados por autoridades, este jueves 9 una delegación del Estado mexicano presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su “política pública en materia forense”, como ejemplo de “buena práctica” a nivel regional.

El 17 de noviembre de 2022, día en que se cumplieron los cinco años de la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), la titular de la Comisión nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y el representante del Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana (MEIF), Karla Quintana Osuna y Jairo Vivas Díaz, respectivamente, presentaron una solicitud a la secretaría ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, para audiencia “con el objetivo de dar a conoce los avances y retos en la búsqueda forense con enfoque masivo”.

De acuerdo a la explicación que los funcionarios dieron a la CIDH, la idea es dar a conocer la política pública impulsada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y en específico de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la que está adscrita la CNB, y se “pueda identificar las buenas prácticas y los retos que sirven como referente a otros modelos de la región”.

De acuerdo al calendario de sesiones de la CIDH, el posicionamiento de los representantes del Estado está considerado en la audiencia titulara “Avances y retos en la búsqueda forense en México”, y tiene como contraparte a cerca de 20 colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre ellos familiares de víctimas de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como organizaciones de la sociedad civil cercanas a la problemática de las desapariciones.

Además, se tiene contemplada la participación del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, así como representantes del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En entrevista, la titular de la CNB, Karla Quintana Osuna sostiene que la intención es “informar sobre los esfuerzos que está haciendo México, con enfoque masivo, dirigido exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas, porque es la primera vez que desde un estado parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del sistema interamericano se asume como política pública este enfoque masivo, interdisciplinario, y multidisciplinario dirigido a la búsqueda de personas desaparecidas”.

Al señalar que experiencias similares en los Balcanes, Guatemala o Ruanda, la titularidad de los esfuerzos habían sido llevados a cabo por organismos internacionales y la sociedad civil, en nuestro país corresponde a dependencias estatales garantizar el derecho de toda persona a ser buscada.

Impulsora de la creación de Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), en mayo de 2022, la funcionaria reconoce que a más de cinco años de promulgada la Ley en Materia de Desapariciones, aún hay deudas pendientes como “la falta los registros y las bases de datos que por ley le corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR)”, de ahí la urgencia de tratar de avanzar en procesos de identificación masiva.

“Más allá de la responsabilidad de la FGR en la creación de las  bases de datos genéticos, los registros de fosas comunes y clandestinas, de cuerpos no identificados, lo que a nosotros nos queda muy claro es como Estado mexicano que tenemos que tomar todas las medidas posibles porque ya vamos tarde, por décadas.

No podemos estar esperando a que funcione una u otra base de datos, que por ley está prevista, para encontrar a las personas desaparecidas ojalá con vida o si no es el caso, poder identificarlas”, apunta Quintana Osuna.

La titular de la CNB resalta el trabajo conjunto con el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como con el MEIF en la toma masiva de toma de muestras de familiares de personas desaparecidas y la intervención en fosas comunes en panteones, bajo el resguardo de fiscalías estatales, para la exhumación de personas no identificadas.

“Desde la primera exhumación el 8 de marzo de 2020, ya se han exhumado cerca de mil cuerpos, en varios panteones se han tomado miles de muestras referenciales y ya se están haciendo estos cruces, con una metodología de enfoque masivo.

“Con dos años y medio Coahuila tiene decenas de personas ya entregada más otras más en proceso de confirmación”, refiere Quintana Osuna.

La funcionaria apunta que a partir de la reforma que dio nacimiento al CNIH, la CNB cuenta con personalidad jurídica para solicitar a través de convenios de colaboración, el intercambio de información genética con las fiscalías de los estados, exclusivamente confines de identificación.

Hasta ahora la dependencia tiene convenios con Colima, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas e Hidalgo, y avances sustanciales con San Luis, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Durango, Guerrero y Morelos

Aunado a ello, la CNB tiene facultades para que de los más de 2 mil millones de pesos que tiene presupuestados, entregar subsidios a entidades para fortalecer comisiones de búsqueda y su capacidad forense, entidades que complementan con el mismo tanto las aportaciones federales.

Ante el incremento imparable de personas desaparecidas y el de cuerpos sin identificar en fosas comunes en panteones, Karla Quintana reconoce que durante años ha prevalecido una descoordinación institucional, de la urgencia de que se imponga una política nacional de búsqueda de personas.

“Falta transversalidad y que se reconozca y que se interiorice la obligación que tenemos las autoridades en nuestro ámbito de competencia para la búsqueda de personas desaparecidas, no es un favor que le hacen es una obligación, no es un favor buscar inmediatamente a una persona desaparecida, es una obligación”, enfatiza Quintana Osuna.

Al señalar que existen protocolos de búsqueda que definen las responsabilidades a nivel municipal, estatal y federal, la funcionaria reconoce que el reto es enorme en medio de una crisis de desapariciones que no para.

“A cuatro años de estar al frente de la CNB, hemos creado las bases de la institucionalidad de la búsqueda de personas, es fundamental fortalecerlas para que sean sólidas y acelerar los avances en el tema forense.

“Confío en que con la identificación masiva podamos acercarnos a la verdad y, ojalá, al tema de justicia, que ese es el gran pendiente para las familias”, puntualiza Karla Quintana.