CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A siete meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos en Cerocahui, Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de la Sierra Tarahumara “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

El organismo regional informó que el 22 de enero emitió la Resolución 2/2023, luego de que los solicitantes reportaran que “han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona”.

En su resolutivo, la CIDH indicó que tras el asesinato de los sacerdotes, se generó un “contexto de estigmatización y deslegitimación a los propuestos beneficiarios tras sus denuncias y actuaciones ligadas a la investigación por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y cuestionamientos alrededor de su postura acerca de las políticas de seguridad del Estado”.

El organismo instó a que, en un plazo de 15 días contados a partir del 22 de enero, el Estado notifique “sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar la información en forma periódica”.

Las medidas de protección fueron solicitadas el 8 de noviembre de 2022 por tres organizaciones sociales, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos, a favor de Jesús Reyes Muñoz, Esteban de Jesús Cornejo Sánchez, Sebastián Salamanca Huet, Luis Ramón Avitia Aguilar, Luis Gilberto Alvarado Durán, Enrique Javier Mireles Bueno, Alberto Munguía Gómez, Daniel Martín y tres personas identificadas sólo por sus iniciales.

Al señalarse que las 11 personas beneficiarias forman parte de dos congregaciones de mujeres presentes en el lugar, el documento destaca que realizan “labor comunitaria, tanto de trabajo evangélico como de defensa y promoción de derechos humanos en la Sierra Tarahumara”, donde se desarrolla un “contexto generalizado de violencia e inseguridad” desde hace varios años por la presencia de grupos del crimen organizado que “ejercen actividades de narcotráfico, tala, minería, quienes además se disputan el control de la zona”.

Se narran las amenazas que sufrieron sacerdotes jesuitas tras el asesinato de sus compañeros y de dos personas más por parte de integrantes del crimen organizado, en tanto que el principal responsable, José Noel Portillo Gil, conocido como “El Chueco”, sigue en libertad, siendo visto rondar la región con la protección incluso de autoridades municipales de Urique, municipio al que pertenece Cerocahui, en tanto que los jesuitas han sido blanco de campañas de desprestigio en redes sociales.

El organismo resaltó que el Estado informó que ante la gravedad de la situación, reforzó las medidas de seguridad en la sierra de Chihuahua, estableciendo “una Base de Operaciones Interinstitucional con enfoque multicultural, la instalación en Choreachi de una subsede del Ministerio Público”, así como la implementación de medidas del Plan de Atención Integral y reuniones con los representantes de las solicitantes.

Tras reconocer las dificultades geográficas para implementar un plan de seguridad, la CIDH insistió en que los jesuitas de la región Tarahumara se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia como consecuencias de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riego los derechos a la vida e integridad personal”.

Ante ese escenario, el organismo solicitó al Estado adoptar “medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios”, entre ellas garantizar su seguridad y prevenir “actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros”.

Requirió adoptar medidas de protección que permitan a la comunidad jesuita “continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones y actos de violencia en su contra”, por lo que se deberán concertar con los beneficiarios y sus representantes.

La CIDH urgió al Estado mexicano a rendir un informe “sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición”.

Las medidas fueron aprobadas por los comisionados Julissa Mantilla Falcón, Edgar Stuardo Ralón Orelllana, Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosamena de Troitiño y Carlos Bernal Pulido, así como por la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido.