En un caso inédito, Estados Unidos se encuentra acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato del migrante mexicano Anastasio Hernández –con al menos 25 años de residencia en San Diego– a manos de 17 agentes de la Patrulla Fronteriza de San Ysidro. Un jurado estadunidense exoneró a los victimarios pese a las evidencias de violencia injustificada, manipulación de pruebas y maniobras ilegales para encubrir la actuación de los guardias. El caso es emblemático de los cientos de asesinatos cometidos por la Patrulla Fronteriza que han quedado impunes, dice Andrea Guerrero, abogada de la familia de Anastasio.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Han pasado 12 años desde que Anastasio Hernández Rojas murió a manos de integrantes de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, y a María Puga, su viuda, sigue atormentándola la pregunta que para ella, su familia y sus amigos, sigue sin respuesta: ¿por qué al menos 17 agentes fronterizos decidieron golpear y aplicar descargas eléctricas, hasta la muerte, a su esposo frente a cientos de personas, sin que a la fecha hayan rendido cuentas por ello?

Originaria de Nayarit y residente en San Diego desde 1989, donde se unió con Hernández Rojas, originario de San Luis Potosí, María Puga visitó México, acompañada de sus abogadas, Andrea Guerrero y Roxana Altholz, de Alliance San Diego y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, en busca de visibilizar ante sus paisanos el caso de Anastasio, llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el primero en su tipo que se litiga contra Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia estadunidense cerrara el caso en 2015.

María y sus representantes también buscan elevar la voz ante la pretensión del gobierno de Joe Biden de suspender la audiencia pública programada para este 4 de noviembre por el organismo regional y canjearla por una reunión de trabajo privada, ante el argumento de que las autoridades estadunidenses actuaron conforme a sus leyes en el caso de Hernández Rojas, cuya muerte dejó cinco huérfanos, todos nacidos en Estados Unidos.

“Si ellos asesinaron a mi esposo en público, que contesten en público lo que pasó. Lo que queremos es que se reabra el caso, queremos que ellos (los agentes de la Patrulla Fronteriza) acepten su culpabilidad y que pidan perdón a la familia por los hechos; también que hagan cambios de políticos para que ninguna familia sufra lo que hemos sufrido”, dice María Puga en entrevista con Proceso.

“Mis hijos no han podido superar la pérdida de su padre, el dolor de no tenerlo. Hace 12 años, cuando mi niño más chico tenía cuatro años me preguntaba: ‘¿Por qué mataron a mi papito?’. Yo todavía no tengo esa respuesta, y quiero respuesta del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué lo mataron? ¿Cuáles son sus razones?, ¿Qué les hizo Anastasio? No hay evidencia de que mi esposo haya actuado con violencia o que los haya atacado”, abunda.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2400 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.