CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin respuesta de Estados Unidos a cuestionamientos de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este viernes se llevó a cabo la audiencia en este organismo regional sobre la muerte del mexicano Anastasio Hernández Rojas a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, el 28 de mayo de 2010 en el cruce fronterizo de San Ysidro, California.

Acompañada de sus abogadas, María Puga, esposa de Hernández Rojas, reiteró la exigencia de justicia que ha sostenido desde hace 12 años, respaldada con la declaración de uno de los testigos presenciales de la golpiza que le propinaron entre cuatro y ocho agentes fronterizos a Anastasio, provocándole la muerte.

Como lo narró Proceso en el número que está en circulación, después de residir por más de 25 años en San Diego, Hernández Rojas fue repatriado a México por no contar con documentos que acreditaran su residencia en Estados Unidos, y cuando quiso reintegrarse con su familia, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro con fines de deportación.

Tras el testimonio de María Puga, quien narró que después de sepultar a su esposo, el 8 de junio de 2010, escuchó un video en el que distinguió la voz de dolor de su esposo, y que dos años después vio otro en el que advirtió cómo era golpeado por agentes.

Contó el dolor no superado de su familia, y el cuestionamiento hasta ahora no respondido sobre los motivos por los que Anastasio fue ejecutado, de ahí que decidiera llevar el caso ante la CIDH.

Ante los comisionados del organismo interamericano, la defensa de María Puga presentó el testimonio de Rafael Barriga Pulido, un exfuncionario del Instituto Nacional de Migración (INM) que se encontraba de guardia en la garita mexicana cubriendo el turno nocturno el 28 de mayo de 2010.  

Barriga Pulido narró ante los integrantes de la CIDH,  Julissa Mantilla, Roberta Clarke, Margarite May Macaulay, Esmeralda Arosamena y Stuardo Rolón, que esa noche fue alertado por una mujer que un “latino o mexicano” estaba siendo golpeado por agentes de la Patrulla Fronteriza.

De acuerdo al exfuncionario, desde la línea divisoria escuchó gritos de personas demandando a los agentes de la Patrulla Fronteriza que se parara la golpiza, contra quien después se enteró era Anastasio Hernández, que “no era un animal”.

“No puedo quedarme callado -dijo Barriga-, a ese señor le pasó lo peor que puede pasar; humillaciones, golpes, insultos, mientras los agentes ignoraban lo que la gente  pedía que le dejaran de hacerle daño, pero lo siguieron golpeando y después de querer incorporarse, al señor le sujetaron las piernas, fue cuando le aplicaron el taser (pistola eléctrica) y provocaron que el cuerpo se convulsionara y temblara.

“Cuando una agente se acercó a la cerca divisoria, le pude preguntar si no eran muchos agentes para someter a una sola persona, a lo que me contestó que no me preocupara, y le pregunté en qué condiciones de salud se encontraba la persona que estaba siendo castigada, y nuevamente me dijo que no me preocupara”, contó el exfuncionario.

Barriga destacó que pudo ver cómo entre ocho y diez agentes, golpeaban y pateaban a Anastasio, quien estaba esposado, rodándolo por el piso “como si fuera barril, hasta que llegó un momento en que el cuerpo del migrante mexicano no reaccionó a los golpes ni a los choques eléctricos de las pistolas eléctricas que llevaban los agentes. Después de varios minutos, los agentes llamaron a una ambulancia, llevándose el cuerpo de Anastasio de la frontera.

El exagente contó que luego de lo ocurrido, presentó un reporte ante el INM, y que por ese motivo, dos años después fue llamado a declarar ante un Gran Jurado del Departamento de Justicia, al que acudieron “muchos testigos, incluso la persona que grabó el video que se dio a conocer dos años después”.

De su experiencia en esa sesión del Gran Jurado, Barriga señaló que al ser interrogado se buscó “hacerme caer en contradicciones más que en conocer lo que realmente pasó”.

Al ser cuestionado por las comisionadas y el comisionado, Barriga sostuvo que en ningún momento vio que Anastasio Hernández agrediera a los agentes fronterizos o a otras personas, y que hasta ahora “no se me ha explicado por qué fue golpeado de esa manera por entre cuatro y ocho agentes de la Patrulla Fronteriza”.

Tras la exposición de las abogadas Andrea Guerrero y Roxana Altholz, de Alliance San Diego y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Berkley, sobre la impunidad en que se encuentra el caso, y de emplazar al gobierno de Joe Biden de demostrar su voluntad de acabar con violaciones a derechos humanos contra personas afroamericanas y latinas, el representante adjunto de Estados Unidos ante la OEA, Thomas Hastings, insistió en deslindar a su gobierno de los hechos.

El funcionario sostuvo que en 2015, después de una investigación penal, se determinó que “las pruebas eran insuficientes para presentar cargos penales o considerar una duda razonable contra oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección (CBP, pro sus siglas en inglés) por haber violado estatutos federales”.

Señaló que en 2011 se llegó a un acuerdo con la familia, tras un pago de un millón de dólares “para resolver todo tipo de reclamación que haya surgido y que dio lugar al caso en el ámbito civil”.

En el litigio se presentaron los testimonios de funcionarios del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos para hablar sobre los protocolos de uso de la fuerza de los agentes fronterizos, después de la muerte de Anastasio Hernández.

Las comisionadas de la CIDH cuestionaron a los funcionarios de Estados Unidos si el país reconocía la responsabilidad internacional en la muerte de Anastasio Hernández, si consideraban que el uso de la fuerza de los agentes fronterizos, que provocaron la muerte del migrante, fue el adecuado y qué efectos tiene en la búsqueda de verdad y justicia para la familia de la víctima que haya nuevos protocolos de uso de la fuerza, entre otras preguntas.

Los funcionarios estadunidenses se negaron a dar respuesta a los cuestionamientos de los comisionados, argumentando que lo harían después por escrito, para lo cual la CIDH fijó un plazo de 30 días para los argumentos finales de las partes.

Después de la sesión, en conferencia de prensa, María Puga consideró que la audiencia de la CIDH fue un hecho “histórico”, porque se pudo exponer ante una instancia internacional la “verdad de lo que ocurrió con Anastasio, que los funcionarios de Estados Unidos no pudieron desmentirla”.