Ciudad de México (apro).-- A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “la determinación del paradero de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las personas responsables continúan pendientes, siendo estos los principales reclamos de las víctimas”, señala el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El documento, dado a conocer este día por las comisionadas Julissa Mantilla y Esmeralda Arosamena, en instalaciones de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, es parte del seguimiento que el organismo interamericano da a la Medida Cautelar MV/409/2014, implementada tras la desaparición de los jóvenes con el objetivo de supervisar y brindar colaboración técnica a los esfuerzos del Estado mexicano en la búsqueda de las víctimas.

Tras reconocer el cambio de abordaje del caso por la administración de Andrés Manuel López Obrador, con la creación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), a cargo de la Secretaría de Gobernación, y la Unidad Especial  para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), el MESA manifiesta algunas de sus preocupaciones sobre la falta de independencia en la investigación, la filtración de supuestas conversaciones de WhatsApp entre integrantes de Guerreros Unidos, la ejecución extrajudicial de un testigo, así como la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar documentación para su judicialización.

El documento reconoce que habría “evidencia” de que los estudiantes “podrían haber sido privados de la vida y sus restos desaparecidos a través de cremaciones o mediante su disolución en ácido”, pero puntualiza que “a ocho años de ocurridos los hechos, la determinación del paradero de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las personas responsables continúa pendiente”.  

Aun cuando el informe del MESA admite que las medidas tomadas por el actual gobierno para crear instancias especiales, han permitido “el establecimiento de canales de interlocución más fluidos y directos entre las familias y las autoridades involucradas en el caso”, el organismo interamericano advierte de “afectaciones a la independencia de la investigación que han sido denunciadas hacia finales de 2022”.

De acuerdo con el reporte, “resulta preocupante el desplazamiento de la UEILCA de la judicialización del exprocurador (Jesús) Murillo Karam, así como la solicitud de cancelación de 21 órdenes de aprehensión por parte de otra unidad fiscal ajena a los pormenores de la investigación. Este tipo de situaciones pueden afectar la independencia de la UEILCA y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.

Considera “sumamente grave” que durante el operativo de captura de un presunto implicado que contaba con información valiosa, Juan Salgado Guzmán, alias “El Cadenas” y/o “El Indio”, esta persona “haya muerto a causa del uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad encargados de su detención, particularmente por parte de elementos de la Policía Ministerial de la FGR”, situación que fue documentada por el GIEI en su tercer informe, el cual resaltó que el cuerpo fue hallado con 23 disparos.

Sobre este caso, la CIDH puntualiza que no tiene información “sobre la investigación para la determinación de estos hechos y del uso adecuado de la fuerza letal en contra del imputado”, mientras que el GIEI sostiene que al menos 22 personas que podrían aportar datos del caso han sido asesinadas.

Ante ese escenario, el MESA recomienda al Estado “hacer un análisis pormenorizado de los hechos denunciados y, en caso de ser necesario, adoptar medidas concretas para reencausar la investigación, favorecer su impulso y evitar retrocesos”.

Sobre los avances en la obtención de órdenes de aprehensión, la CIDH considera que el Estado “debe continuar profundizando en la responsabilidad penal por la desaparición forzada de los estudiantes, con énfasis en la cadena de mando política, de órganos militares y de seguridad ciudadana del Estado y de agentes de procuración de justicia”.

El organismo interamericano “continúa observando que el acceso y entrega oficiosa de información, documentos y archivos en posesión de autoridades de seguridad nacional continúa representando uno de los mayores desafíos para el esclarecimiento de los hechos”, incluso cuando dicho esclarecimiento cuenta con el respaldo del presidente.

“Persiste un contexto que dificulta la efectividad del derecho de acceso a la justicia y a la verdad de las familias”, señala el documento al considerar “alarmante la aparición y entrega tardía de una serie de documentos bajo la custodia de fuerzas militares y órganos de inteligencia del Estado, situación que evidencia la falta de uniformidad en la respuesta de las agencias y agentes estatales en su cooperación con el caso”.

De la misma manera, le resulta “preocupante” que documentos entregados a la Covaj y al GIEI por parte de “órganos de seguridad e inteligencia” no le hayan sido proporcionados o incluso negados a la UEILCA para su judicialización.

En el caso de la Covaj, “la publicación y difusión de información de hechos relacionados con una investigación por graves violaciones a derechos humanos requiere ser cuidadosamente valorada, sobre todo si esta información va a ser divulgada por la entidad estatal diferentes a la UEILCA, y que puede impactar en la credibilidad y confianza pública en esa misma entidad investigadora”.

Sobre la difusión de los avances de la Covaj y la UEILCA, recomendó al Estado “determine una política comunicacional que dé cuenta de los avances en torno al caso Ayotzinapa y evite que la información divulgada pueda generar contradicciones entre las autoridades de investigación”.

El documento advierte que la desaparición de los 43 se dio en un contexto en el que más de 100 mil personas han desaparecido y 52 mil cuerpos sin identificar se encuentran bajo custodia de autoridades, lo que evidencia que “la implementación de una política de prevención de las desapariciones en México continúa pendiente”, a la vez que urge a diseñar un “andamiaje institucional” para atender las desapariciones y desapariciones forzadas ya ocurridas.

            Al resaltar que ha colaborado con la Comisión Nacional de Búsqueda y con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la CIDH evalúa que “se requieren mayores esfuerzos” para asegurar la coordinación y cooperación de todas las autoridades del Estado “en la investigación y búsqueda de personas” en todos los órdenes de gobierno.

            Entre las recomendaciones que formuló el organismo, están las dirigidas al esclarecimiento en sí, así como en la atención de las víctimas “y la superación de los contextos estructurales que dieron lugar a la desaparición de los normalistas y la obstrucción de la justicia a través de connivencia entre agentes estatales e integrantes del crimen organizado, así como para la creación de políticas públicas para erradicar la desaparición en México”.

La CIDH refrendó su compromiso con las familias para “seguir acompañándolos en su lucha por encontrar a sus hijos, así como para el esclarecimiento y la obtención de justicia”.