CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Estigmatización de personas feministas y defensoras de derechos humanos, espionaje militar contra activistas y periodistas, imparable aumento en desapariciones de personas y feminicidios, así como un escenario de riesgo para el ejercicio periodístico, son algunos de los tópicos abordados sobre la situación de derechos humanos en México por Amnistía Internacional, en su reciente informe.

El “Informe 2022/23. Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo”, hace una revisión de las condiciones en que se encuentran más de un centenar de países de América Latina; África, Asia y Oceanía; Europa y Asia Central; Oriente Medio y Norte de África.

A nivel regional, la organización destacó que “México vivió el año más mortífero de su historia para la prensa: al menos 13 periodistas fueron víctimas de homicidio”; mientras que junto con El Salvador, “se documentó el uso del programa espía Pegasus para la vigilancia ilegítima de activistas y periodistas”.

En el apartado de país, el documento abundó que en octubre de 2022 se documentó el uso del programa espía Pegasus contra dos periodistas, un defensor de derechos humanos y un político de la oposición.

Al resaltar que con las investigaciones realizadas por la sociedad civil se descubrió la contratación de Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Amnistía Internacional resaltó la respuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio al caso, al afirmar que “el gobierno no espiaba, sino que hacía labores de inteligencia”.

La organización internacional recordó que en octubre del año pasado “el colectivo de activismo digital Guacamaya filtró información de diversos servidores pertenecientes a las Fuerzas Armadas que revela el seguimiento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional”.

La organización resaltó que México sigue siendo un país de alto riesgo para defender los derechos humanos, de manera particular para las mujeres.

Según Amnistía, 10 defensores fueron asesinados el año pasado, y retomó el reporte de Global Witness de 2022, destacando que “en 2021 habían sido asesinadas 54 personas defensoras de la tierra y activistas medioambientales, lo que convertía a México en el país más mortífero del mundo para quienes defiendan esos derechos”.

Para Amnistía Internacional, en este año México se convirtió en el país de América Latina que “ilustra un patrón claro en la región, al registrar varios cientos de feminicidios”, reportándose entre enero y noviembre 858 feminicidios, registrando el nivel más alto en la región, seguido por Argentina, con  233; Venezuela, con 199, y Perú, con 124 muertes violentas contra mujeres por razones de género.

Entre los temas de alerta respecto a México, en su informe Amnistía Internacional se refiere a la imparable cifra de personas desaparecidas y no localizadas que al cierre de 2022 sumaban 109 mil; la militarización de la seguridad pública y la legislación para que las Fuerzas Armadas permanezcan realizando esas tareas hasta 2028; los constantes abusos del uso de la fuerza por parte de soldados y la Guardia Nacional, así como los obstáculos para las víctimas al acceso a la verdad, la justicia y la reparación

Amnistía expuso que al cierre de 2022, la Guardia Nacional y la Sedena formaban parte de las 10 instituciones con mayor número de registros de quejas por violaciones a derechos humanos presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Apuntó que contra la Guardia Nacional, la CNDH recibió 476 quejas y 404 contra la Sedena, “en relación con múltiples crímenes de derecho internacional y violaciones a derechos humanos, entre ellos torturas, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias”.

Al destacar que para 2022 la GN se hizo cargo de 227 áreas que eran llevadas a cabo por instituciones civiles, y 148 no tenían relación con la seguridad pública, la organización dio cuenta de casos de uso excesivo de la fuerza ocurridos en Irapuato, Guanajuato; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Jalisco.

El organismo alertó sobre la prevalencia de la tortura en México, al señalar que entre enero y septiembre del año pasado se documentaron mil 840 denuncias por tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes del Estado, con lo que la cifra se eleva a 14 mil 243 querellas desde 2018, de acuerdo al Registro Nacional del Delito de Tortura, siendo los estados con más casos Ciudad de México, Chihuahua y Estado de México.  

La organización también considera preocupante la situación de personas migrantes, al señalar que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) fueron señalados en mil 997 y 333 quejas, respectivamente.

Amnistía Internacional resaltó que el año pasado las autoridades mexicanas “recluyeron al menos a 281 mil 149 personas en centros de detención migratoria masificados y expulsaron al menos a 98 mil 299, en su mayoría de América Central, entre las que había miles de niños, niñas y adolescentes”.

Otras preocupaciones sobre la situación de México abordados por la organización internacional son los derechos de los pueblos indígenas; la crisis climática y la degradación ambiental; los derechos sexuales y reproductivos; los derechos de la población LGBTI+, entre otros.