GINEBRA (apro).- La oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH) pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre el uso del software Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para espiar a civiles, como el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos y dos periodistas. 

En rueda de prensa, en Ginebra, la corresponsal de Proceso preguntó a Marta Hurtado, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre el presunto uso de Pegasus por miembros del Ejército:

“La semana pasada, una investigación en la que participó Proceso reveló que el Centro de Inteligencia Militar de la Secretaría de Defensa usó Pegasus para intervenir el teléfono de un defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, y lo hizo para entorpecer una investigación sobre una ejecución extrajudicial cometida por militares en julio de 2020.

“Entonces, mi pregunta es: ¿qué tan grave es que los militares estén espiando a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y a la población civil?”.

 “Es muy serio’’, respondió Hurtado.

 “Claramente es un caso preocupante y es por eso que pedimos una investigación completa, efectiva, independiente y exhaustiva a la brevedad para saber qué sucedió y sancionar efectivamente a los responsables de cualquier irregularidad’’, remarcó.

“Todas estas intervenciones de vigilancia deben estar autorizadas por la legislación nacional y claramente no contravenir la Constitución’’, añadió la portavoz del ACNUDH.

 “Permítanme también decir que, dado el papel cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en México, es realmente crucial y urgente que los servicios de inteligencia en México estén regulados con un mecanismo de supervisión civil, (que) debería crearse para controlar, y eventualmente tomar medidas de rendición de cuentas sobre los mismos’’, sostuvo Hurtado.

Según la portavoz del ACNUDH, “las personas defensoras de los derechos humanos son cruciales para cualquier sociedad democrática y fundamentales para el Estado de derecho de un país, así como que los servicios de inteligencia juegan un papel importante en la protección del Estado, pero cualquier acción, especialmente las acciones de vigilancia, debe servir a un propósito legítimo, ser justificadas, lícitas, necesarias y proporcionales’’.

Por otra parte, y relacionado a este tema, en entrevista realizada por este semanario con Laurent Richard, fundador de Forbidden Stories, organización que sacó a la luz el caso de espionaje con el malware Pegasus en diferentes partes del mundo, incluyendo México, señaló que el gobierno de Palacio Nacional se comprometió a transparentar los contratos del gobierno por la adquisición de Pegasus a la firma israelí NSO Group.

Recordó que “desde que revelamos el espionaje con Pegasus el 18 de julio de 2021 en varias partes del mundo México estuvo entre los primeros clientes de NSO Group y  AMLO prometió hacer públicos los contratos que se firmaron con NSO, y no estoy muy seguro de que lo haya hecho y sigue siendo el caso del hackeo de los teléfonos de algunos periodistas y del defensor (Raymundo Ramos)”.

“Hasta el momento no se ha hecho nada por proteger a los ciudadanos, no hay ningún tipo de regulación, primero, para saber si el gobierno sigue usando el NSO, y si se sigue usando, quién va a evitar que se utilice. Por ejemplo, en el caso de Carmen Aristegui se arrestó a una persona que estaba involucrada en el negocio de vender el spyware a entidades privadas, pero de miles, es solamente un caso que se está moviendo muy un poco’’, sostuvo.

Richard afirmó que oficialmente el spyware es vendido a ciertas autoridades estatales para atrapar a criminales que ponen en riesgo la seguridad de un país, “no para interceptar comunicaciones de periodistas con sus fuentes o de un defensor de derechos humanos y sus contactos.

“Algunas veces las autoridades pueden decir que lo usaron, es decir, que espiaron, porque tal periodista estaba en contacto con criminales, pero esa razón no es aceptable, la mayoría de las veces un periodista es espiado para ejercer presión sobre él y, sobre todo, no solamente son actos contra la libertad de expresión, son actos contra la democracia’’, dijo.

Los periodistas han sido blanco de amenazas, acoso, chantaje. Cecilio Pineda, periodista guerrerense asesinado en 2017, por ejemplo, estaba en la lista de personas espiadas con Pegasus, recordó Richard.

 “La gente tiene que entender que esto es un arma militar usada contra los civiles, esto es de lo que estamos hablando sobre lo que es Pegasus, el spyware está categorizado como un arma y tiene licencia como arma’’, explicó.

“Para que Israel pueda exportar esto a otro país, la luz verde la tiene que dar el ministerio de defensa porque es un arma militar’’, recalcó.

Richard es productor ejecutivo de documentales de investigación, fundador y director ejecutivo de Forbidden Stories, la organización que lideró la investigación sobre el espionaje con Pegasus dedicada a garantizar que los periodistas amenazados puedan asegurar su información.

Finalmente, el fundador de Forbidden Stories observa que el argumento utilizado por el gobierno en el sentido de que el uso de Pegasus “no es espionaje, sino que es inteligencia, pienso que es un cuento para niños, realmente es un cuento infantil, esta es una manera para que ellos escondan la verdad y la verdad es que usaron el spyware y nadie los está controlando y el problema con Pegasus es quién está controlando a quien lo usa y quién está protegiendo a los ciudadanos’’.