CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Bajo el argumento de que los archivos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hackeados por el colectivo Guacamaya “carecen de validez legal”, y que los documentos que demuestran el uso de Pegasus “no son oficiales”, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó que éstos “son apócrifos”, y con ello pretendió dar por cerrado el asunto del espionaje ilegal realizado por el Ejército con el spyware.

El gobierno, que hasta la fecha no había desmentido un solo trabajo periodístico basado en los archivos internos de la Sedena hackeados por Guacamaya, aseveró en un boletín difundido por la tarde que “cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”.

Con ello, la Presidencia de la República dio su postura oficial respecto a las evidencias de la utilización de Pegasus por parte de la Sedena, 16 días después de que Proceso, Animal Político, Aristegui, la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y SocialTIC publicaron la segunda parte de la investigación Ejército Espía.

Este trabajo mostró, con base en un informe secreto del Centro Militar de Inteligencia (CMI), que la Sedena utilizó Pegasus para intervenir el teléfono del activista tamaulipeco Raymundo Ramos, y ello para interferir en una investigación sobre una ejecución extrajudicial perpetrada por soldados de la institución en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020.

El informe de inteligencia dio cuenta de conversaciones que el activista tuvo con periodistas de medios nacionales respecto a las ejecuciones extrajudiciales. Las fechas de las intervenciones por parte del CMI coinciden con las fechas de los ataques con Pegasus, que los expertos del Citizen Lab encontraron en el teléfono del activista.

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente López Obrador había prometido que su oficina daría información sobre el caso en la tarde, pero advirtió: “No les va a satisfacer”.

La información llegó en la forma de un comunicado, que nunca menciona el nombre de Pegasus ni del CMI, los dos elementos principales de la trama revelada por este semanario y sus medios aliados.

El boletín planteó que el gobierno lleva a cabo labores de inteligencia en el combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, en el cual ha detenido a mil 393 personas –incluyendo 27 presuntos líderes–, pero resaltó que “no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”.

De hecho, recalcó que cualquier solicitud de intervención de comunicaciones privadas debe ser validada por una autoridad judicial, algo que la Sedena no ha hecho en el caso de Raymundo Ramos.

En su boletín, la Presidencia de la República planteó que “no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena específicamente al correo institucional”, pues “dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”. Aparte, recalcó que, como fueron productos del hackeo a la Sedena, pudieron ser falsificados por una persona, por lo que “dichas publicaciones carecen de validez legal”.

El informe del CMI que muestra el espionaje con Pegasus es como un archivo adjunto de un correo electrónico que se envió a sí mismo el entonces Subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Conrado Bruno Pérez, a las 8:47 de la noche del 2 de septiembre de 2020. A esta hora, el general se encontraba, junto con otros altos mandos militares, en una reunión con Luis Cresencio Sandoval –el titular de la Sedena– para hablar sobre la ejecución extrajudicial de Nuevo Laredo.

El documento, con número 2001-6861 –que cualquiera puede encontrar en la base de datos de Guacamaya–, viene marcado como “secreto”, y aunque en él no aparecen las firmas formales –como es común en los archivos internos de la Sedena–, vienen los acrónimos de las personas que revisaron el oficio, en este caso, por orden jerárquico: el entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza Ruiz; el propio Conrado Bruno Pérez Esparza, así como el entonces director del CMI, Gerardo Becerra López, y el entonces subdirector de Análisis del CMI.

En su boletín, la Presidencia de la República también recalcó que el Estado mexicano realiza labores de inteligencia con base en artículos de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional; aseveró que estas labores incluyen la “recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información, que comparten con otras autoridades en materia de seguridad pública”.

Y agregó: “Los procedimientos antes mencionados, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos; únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.

La oficina de López Obrador también dio a entender que los asuntos relacionados con las leyes mexicanas “contemplan mecanismos para reservar información que pueda comprometer la seguridad nacional hasta por un periodo de cinco años”, con lo que pareció responder a la pregunta, vertida durante la conferencia de prensa matutina, de por qué la Sedena todavía no transparentaba el contrato que celebró en 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, la cual contaba entonces con la representación de la empresa israelí NSO Group para vender su tecnología –incluyendo Pegasus– a la Sedena.