Sedena
“Profunda preocupación” de la Sociedad para el Gobierno Abierto por espionaje de la Sedena
En una carta, el Comité Directivo del organismo, el cual aglutina a 76 países, incluido México, le recuerda al gobierno de López Obrador que éste se comprometió a "establecer controles democráticos" y “evitar la vigilancia digital injustificada de periodistas y defensores de los derechos humanos”.Ciudad de México (Apro).- El Comité Directivo de la Sociedad para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), una organización que aglutina a 76 gobiernos –incluyendo México-- expresó hoy su “profunda preocupación” ante las evidencias de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha utilizado Pegasus para intervenir las comunicaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, y reiteró al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su petición de entregar una “respuesta formal” a una serie de cuestionamientos que le había enviado en enero pasado.
El gobierno de López Obrador ya había hecho caso omiso a una carta que la organización había enviado a Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para pedir explicaciones sobre las primeras evidencias de espionaje ilegal de la Sedena, que Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias habían revelado en octubre de 2022.
Hoy, la organización recordó al gobierno de López Obrador que el Estado mexicano se comprometió a establecer “controles democráticos sobre las intervenciones de comunicaciones privadas”, por lo que urgió a la Sedena, la Guardia Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a apegarse al “proceso” de la organización para llevar a cabo sus labores de vigilancia.
El Comité Directivo de la OGP está integrado por los gobiernos de Canadá, Estonia, Italia, Kenia, Nigeria y el Reino Unido, así como por representantes de 11 organizaciones internacionales.
En su carta, el Comité reconoció los “esfuerzos” de Salcedo para “avanzar en el diálogo entre la sociedad civil y los actores estatales para lograr las reformas previstas en el compromiso (del OGP)”, pero urgió el gobierno a “fortalecer los controles democráticos para evitar la vigilancia digital injustificada de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos”.
Y es que, desde el pasado 7 de marzo, ni el presidente López Obrador ni la Sedena han aclarado el uso ilegal de Pegasus por parte del Centro Militar de Inteligencia (CMI), que revelaron Proceso y los medios aliados en la segunda entrega de la investigación #EjércitoEspía.
Después de cuatro días de silencio, el mandatario prometió que daría a conocer la información sobre las herramientas de espionaje del Ejército –él dijo “de inteligencia”--, pero a la fecha sigue sin cumplir con su palabra.