CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de 3 años 8 meses, un juez federal declaró abierto el juicio por el caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien la Fiscalía General de la República (FGR) no logró despojar de una sola de sus pruebas de descargo.

Durante la última parte de la audiencia intermedia, la FGR solicitó al juez Genaro Alarcón López frenar el proceso, pues anunció que apelará su decisión de excluir totalmente 24 de 67 pruebas que ofreció contra Lozoya, así como la exclusión parcial de 12 probanzas más.

Entre las pruebas que fueron excluidas de manera total, están las que refieren los movimientos bancarios de Lozoya y Odebrecht, por lo que la FGR pidió esperar a que sean resueltos los recursos que presentará y anunció que volverá a solicitarlas a Brasil y a la Confederación Suiza.

Mientras que las 28 pruebas que intentó desvirtuar, ofrecidas por la defensa de Lozoya, fueron admitidas en su totalidad por el juez de control, quien reiteradamente observó que la FGR intentó impugnarlas conforme a las reglas del sistema penal anterior en lugar de hacerlo conforme al sistema penal acusatorio.

En su desesperación, la FGR indicó por primera vez ante una autoridad judicial que el contrato de la refinería Tula I, adjudicado directamente a Odebrecht durante la administración de Lozoya, y que se refuta fue parte de un soborno de la constructora brasileña, es totalmente legal.

Sin embargo, al ver que la defensa de Lozoya podía usar esto a su favor, rechazó que quedara asentado oficialmente.

La defensa de Lozoya informó al juez que este lunes presentó un amparo por la falta de personalidad que alegó, desde el pasado 10 de marzo, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex como víctimas del delito.

El juzgador respondió a la FGR y a la defensa que, al no existir una orden de autoridad superior, tribunal de apelación o de amparo, no podía frenar el dictado de auto de apertura a juicio por lo que, una vez que lo emitió, informó a ambas partes que de ser notificado de alguna suspensión, sólo quedarán frenados los efectos de esta decisión, es decir, no correrán términos, el expediente no será enviado al tribunal de enjuiciamiento.

Incluso, de darse un escenario como este, la defensa de Lozoya podrá continuar negociando el criterio de oportunidad que el exfuncionario solicitó desde el año 2020.

Luego de más de 6 horas de audiencia, la FGR solicitó formalmente imponer 46 años y 6 meses de prisión a Lozoya por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, mientras que para su mamá, Gilda Margarita Austin y Solís, pidió imponer 21 años y 4 meses de prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, precisó que busca que se condene a Lozoya al pago de la reparación del daño por 1 millón 385 mil dólares por lavado de dinero y 5 millones 951 mil 351.75 dólares por cohecho.

Al finalizar la audiencia, Gilda Margarita Austin y Solís envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador a quien cuestionó por qué, si el titular de la UIF, Pablo Gómez, ha dicho en las conferencias matutinas del mandatario que tienen pruebas contra el expresidente Enrique Peña Nieto, no proceden contra él y sí mantienen un proceso contra ella y su hijo, quien actualmente se encuentra en prisión.