CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de un año de retrasos, la Fiscalía General de la República (FGR) pudo formular su acusación en contra de Emilio Lozoya Austin y su mamá, Gilda Margarita Austin y Solís, por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por el caso Odebrecht.

En la audiencia celebrada este viernes, la FGR y la defensa de Lozoya debatieron las primeras pruebas que se desahogarán durante el juicio.

En el primer debate, que duró casi seis horas, la defensa de Lozoya logró tirar dos de las pruebas clave que la FGR tiene en su contra para acreditar que el exfuncionario recibió sobornos de parte de Odebrecht e intentó blanquear su origen.

El debate no concluyó, por lo que el juez fijó como fecha de continuación de la audiencia intermedia el próximo lunes a las 14:00 horas, pues la defensa de Lozoya anunció que impugnará 15 pruebas más de la Fiscalía y esta, a su vez, señaló que se opondrá a seis pruebas ofrecidas por el exdirector de Pemex.

Una de las pruebas que la FGR no podrá utilizar contra Lozoya es el dictamen de información bancaria enviado por la Confederación suiza sobre las transferencias del Latin American Asia Capital Holding, empresa propiedad de Lozoya, que supuestamente recibió transferencias de parte de una offshore de Odebrecht utilizada para enviar los sobornos al exdirector de Pemex.

La defensa argumentó que el dictamen incluye información bancaria sin control judicial y correos electrónicos entre funcionarios de por lo menos tres bancos, violando con ello la confidencialidad de las comunicaciones privadas, y que algunos documentos ni siquiera estaban traducidos.

Al interpretar la Constitución, el juez Genaro Alarcón López privilegió la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y excluyó esta prueba.

Lo mismo ocurrió con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Marcelo Bahia Odebrecht, dueño de la constructora, en el que celebró un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de dicho país.

Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Lozoya, explicó que autoridades mexicanas intervinieron ilícitamente un correo electrónico entre dos funcionarios de Estados Unidos en el que detallan el resultado del juico contra Marcelo Bahia Odebrecht y con base en ello, la FGR solicitó vía asistencia jurídica el expediente relacionado con este juicio.

El juez indicó que aunque la Fiscalía obtuvo el expediente de manera legal, lo hizo a partir de una violación de comunicaciones privadas, por lo cual desestimó esta prueba.

También se desestimaron los informes bancarios entregados por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht México, sobre la transferencia de las empresas offshore supuestamente utilizadas por la empresa brasileña para transferir 10.5 millones de dólares entre abril de 2012 y marzo de 2014 a Emilio Lozoya por concepto de sobornos para obtener contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La FGR intentó salvar esta prueba afirmando que De Meneses entregó la información en su carácter de funcionario de Odebrecht y con base en el acuerdo de colaboración con Brasil, pero la defensa indicó que De Meneses no podía entregar información confidencial de empresas diferentes a Odebrecht México.

Esto, debido a que el documento incluye las transferencias de Innovation Research, empresa supuestamente fantasma utilizada por Odebrecht, a las cuentas bancarias de Latin American Asia Capital Holding y Zecapan, ambas empresas propiedad de Lozoya Austin. Por considerar que viola el secreto bancario, fue desestimado por el juez.