ENSENADA, BC (apro).- Luego de 24 horas de una audiencia que se prolongó durante dos días, el exgobernador de Baja California y actual dirigente del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades por el caso de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy. 

La audiencia comenzó a las 09:23 horas del lunes 23 de marzo, tuvo un receso pasadas las 01:00 horas de la madrugada del 24 de marzo, y concluyó hasta después de las 09:00 horas de este día en el Juzgado 6 del Centro de Justicia Alternativa de Baja California, en el municipio de Mexicali.  

“Fue una audiencia maratónica. No sé si ustedes han experimentado una tan larga: 24 horas y media. No hubo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito. Además, para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora”, declaró a la prensa Bonilla Valdez tras concluir la jornada.

La resolución, a cargo del juez de Control Gerardo Anguiano Ceja en la causa penal 4932/2022, es que el exsenador llevará el juicio en libertad y se le fijó como medida cautelar el pago de una garantía de 100 mil pesos.  

Conforme a los datos documentados, el juicio consta de 20 volúmenes y hasta la audiencia 13 se presentó Bonilla Valdez, pues su defensa había logrado diferirlas por múltiples razones, incluida la fractura del tobillo de uno de los abogados.  

Entre los argumentos para desestimar las acusaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez aseguran que son “incompetentes” los señalamientos por parte de la autoridad, pues los delitos están relacionados con “actos de corrupción” y tendría que haber sido la encargada de la investigación la Fiscalía especializada en dicha materia.  

También argumentaron que supuestamente no existen pruebas para vincularlo, pues en el caso de abuso de autoridad, el pago de 123 millones de pesos fue realizado el 20 de enero al 11 de febrero de 2022, cuando ya no era gobernador bajacaliforniano.  

Y que el delito de peculado también habría ocurrido tras la gestión del exsenador.  

De manera general, el juez estableció un periodo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.  

“No hay ningún tinte político”: Marina del Pilar  

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró este martes 24, durante su conferencia matutina realizada en Playas de Rosarito, que el proceso contra Bonilla Valdez carece de “tinte político”, además de que data del inicio de su administración.  

“No hay ningún tinte político, al contrario: hay nueve personas vinculadas, él no es el único. Son diez en total. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Él podrá decir lo que considere para su defensa. Es un proceso. Si hubiera tintes políticos, hubiéramos actuado de otra manera. No lo hemos hecho”, respondió Ávila Olmeda.  

La mandataria estatal reiteró que sólo buscan “proteger los recursos públicos del Estado”, en referencia al contrato que “arriesgaba el patrimonio de las y los bajacalifornianos”.  

Recordó que Bonilla Valdez perdió el fuero y en 13 ocasiones fue diferida la audiencia inicial, además de que el dueño de Next Energy, Eugenio Javier Maiz Domene, está detenido en Aguascalientes por un proceso “muy similar”, pues implica “mismos actores, mismo proyecto”, al igual que otro similar registrado en Monterrey, Nuevo León.  

Juan José Pon Méndez, asesor jurídico del gobierno estatal, contextualizó que fue suscrito un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica.  

“Contrariamente a lo que puedan decir estas personas, claramente en la convocatoria del 2020 y en el contrato plurianual se establece que ambos tienen como propósito la construcción de un centro de energía a través de celdas fotovoltaicas. Eso está muy claro”, remarcó el abogado.  

Agregó que, además, en su momento la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, envió un oficio donde determina que, tomando en cuenta esa convocatoria del 2020, le señalaba que “los estados no eran competentes para llevar a cabo ese tipo de licitación”, pues la única autoridad competente era la dependencia federal a su cargo.  

“Y no obstante eso, se procedió a llevar a cabo ese contrato de adjudicación. A la fecha, de haber actuado nosotros por ese contrato leonino, en el que estamos obligados a pagar inclusive, aunque no se construyera esa planta fotovoltaica, hubiéramos pagado a la fecha más de 6 mil millones de pesos”, enfatizó Pon Méndez.  

El asesor jurídico recordó que el pasado 12 de febrero resolvió un Tribunal Colegiado de Circuito un recurso de inconformidad promovido por Banca Afirme, donde exigía el pago de dos constancias de inversión. 

“De haber perdido ese asunto, hubiéramos estado obligados a pagarle a la banca y a la empresa más de 3 mil 758 millones de pesos. Logramos ganar ese asunto y, gracias a eso, detuvimos ese pago. ¿Por qué nos están cobrando esa cantidad? Por la supuesta construcción de esa planta fotovoltaica y por las constancias de inversión que se suscribieron en esos tiempos”, ahondó, además de recordar que si se visita el lugar no existe alguna construcción.