ENSENADA, BC (apro).- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, faltó por décima segunda ocasión a su audiencia de formulación de imputación en un juzgado del municipio de Mexicali, programada para este jueves 5 de marzo, bajo el argumento de que su abogado defensor se fracturó un tobillo. 

Ante la serie de faltas, en las que incluso se ha justificado con “carga laboral muy fuerte” e incluso un viaje a Sudáfrica, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) solicitó que se le considere “sustraído de la justicia” y, por ende, se emita una orden de aprehensión para garantizar que comparezca ante los tribunales. 

Esto último fue pedido en una audiencia privada para determinar las medidas cautelares necesarias, por lo que se encuentra en revisión, además de que podría aprobarse alguna sanción para el exmandatario estatal. 

Jaime Bonilla Valdez debió acudir a la audiencia relacionada con el caso de la planta fotovoltaica y la empresa Next Energy, caso que involucra a 13 personas, tres ya vinculados a proceso y ocho en proceso de apertura de un juicio oral. 

En el caso de Bonilla Valdez, sigue pendiente su audiencia inicial, al igual que la de Eugenio Javier Maiz Domene, director de Next Energy, quien fue detenido recientemente por la Fiscalía de Aguascalientes, acusado de presunto fraude por un contrato público a largo plazo en esa entidad. 

De acuerdo con los datos divulgados este jueves, la audiencia a la que faltó Jaime Bonilla debía comenzar a las 09:00 horas en el Centro de Justicia Penal de Mexicali; la imputación está relacionada con los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. 

Ante el juez de Control, Gerardo Anguiano Ceja, la defensa del exmorenista y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), presentó un justificante médico del abogado Esteban Alejandro Gómez, quien tuvo la supuesta fractura que le impedía asistir. 

Por su parte, Jaime Bonilla Valdez también envió un documento donde manifestó que no podría acudir al no contar con una “defensa técnica adecuada”. 

El Ministerio Público consideró que esto era una “estrategia dilatoria” para evitar el proceso penal; también señaló que, de acuerdo con el documento entregado, estaba indicado que podía moverse con muletas, y que el accidente al parecer ocurrió desde el 8 de febrero.