CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Para Emilio Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) no deben ser considerados víctimas de los sobornos de Odebrecht, por lo que buscará frenar el proceso penal que enfrenta por asociación delictuosa , cohecho y lavado de dinero mientras un juez federal decide si tiene o no la razón.

Durante la primera parte de la audiencia intermedia celebrada el pasado 10 de marzo ante el juez de control, Genaro Alarcón López, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la defensa de Lozoya intentó que se declarara que Pemex y UIF no son víctimas mediante un Incidente de falta de personalidad.

El juez desestimó el incidente, por lo que la defensa anunció que presentará un amparo para suspender el procedimiento e incluso Lozoya le solicitó al juez suspender la audiencia en ese momento para evitar afectar sus derechos humanos.

“Si nosotros estamos argumentando que Pemex y la UIF no tienen personalidad, considero que continuar con la audiencia afecta mis derechos fundamentales y mis derechos humanos, por lo que solicito que suspenda la audiencia”, señaló Lozoya.

Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, confirmó a Proceso que este lunes presentarán el amparo con el que podrían frenar el inicio del juicio en contra del ex director de Pemex hasta que un juez federal se pronuncie sobre los argumentos de la defensa.

Los alegatos

La defensa de Lozoya busca la eliminación de Pemex y de UIF como víctimas en el caso para allanar el camino para que el exfuncionario obtenga el criterio de oportunidad solicitó desde 2020.

Alejandro Rojas Pruneda, abogado del ex funcionario, afirmó que Pemex y UIF no recibieron  una afectación directa por los supuestos sobornos que recibió Lozoya por parte de Odebrecht y a pesar de ello, la petrolera exigió como reparación del daño el monto total de estos, 5 millones 951 mil 351.74 dólares.

Y que, pese a que denunciaron los hechos, esto no los convierte automáticamente en víctimas si no demuestran una afectación.
Miguel Ontiveros añadió que con el incidente la defensa de Lozoya busca establecer a quién deben pagar la reparación del daño, pues si Pemex y UIF no son víctimas, como ellos argumentan, entonces pueden exhibir billete de depósito para pagar al Estado mexicano y concretar el proceso con el criterio de oportunidad que el ex funcionario solicitó desde el año 2020.

“Una cosa es la función de vigilancia o salvaguarda de los derechos y otra la titularidad de los mismos”, abundó.

“La negativa de Pemex a firmar un acuerdo reparatorio no debe frenar el derecho del imputado a acceder al criterio de oportunidad que solicitó”.

La Fiscalía General de la República (FGR) alegó que en realidad con la conducta imputada a Emilio Lozoya se puso en peligro el bien jurídico de Pemex, que es el servicio público que desempeñaba como director de la paraestatal y de UIF, que es el correcto uso del sistema financiero.

El abogado Ontiveros cuestionó que entonces por qué exigen reparar un daño que no se ocasionó.

“Si sólo se puso en riesgo un bien jurídico y no se lesionó, ¿por qué se exige la reparación de un daño inexistente?”, enfatizó.