Tres años después de iniciados los procesos penales contra Emilio Lozoya por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, las respectivas audiencias intermedias siguen sin llevarse a cabo y las partes no logran acuerdo alguno sobre “reparación de daños”. Más aún, el jueves 19 un tribunal colegiado concedió un amparo al exdirector de Pemex para dejar sin efecto la confirmación de la prisión preventiva justificada que le fue impuesta por Odebrecht, lo que abre la puerta para que pueda seguir el proceso en libertad. En los hechos, no se ve fecha para que la FGR pueda presumir su primera sentencia por corrupción contra un alto funcionario del sexenio pasado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pese a que es emblemático de la lucha anticorrupción emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, permanece empantanado desde hace un año debido a que el mandatario no ha autorizado el pago de reparación del daño que el exfuncionario aceptó entregar.

Emilio Ricardo Lozoya Austin es, junto con Rosario Robles, uno de los funcionarios de más alto nivel que el gobierno federal mantiene sujeto a proceso penal por actos de corrupción.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por los supuestos sobornos que recibió durante el sexenio pasado cuando era director de Pemex para otorgar contratos de obra pública a la constructora brasileña Odebrecht.

Asimismo lo acusó de lavado de dinero por la compra de una casa en Ixtapa Zihuatanejo con dinero obtenido mediante sobornos para que Pemex comprara a sobreprecio la planta chatarra de fertilizantes.

Las acusaciones contra Lozoya se iniciaron en 2019, cuando la FGR judicializó sus investigaciones y en mayo consiguió dos órdenes de aprehensión en su contra. Para ese momento el exfuncionario ya había salido del país y permaneció nueve meses prófugo de la justicia hasta que en febrero de 2020 fue aprehendido en Mallorca, España.

Su extradición se concretó en julio de ese año luego de que Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, negoció con la FGR la concesión de un criterio de oportunidad y otros beneficios a cambio de denunciar a diversos exfuncionarios del sexenio pasado por actos de corrupción.

Esta negociación entre Lozoya Thalmann y el fiscal general Alejandro Gertz Manero también incluyó la exclusión del abogado Javier Coello Trejo como representante legal del exdirector de Pemex.

El trato fue exhibido a través de un audio filtrado de la conversación entre el papá de Emilio Lozoya y Gertz Manero en la que el fiscal le reclamó la tramitación de diversos amparos.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2412 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 22 de enero de 2023.