PACHUCA, Hgo. (apro).- Con la exigencia del fin del cacicazgo de la familia Sosa Castelán en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y un llamado a continuar la lucha por la democratización de la casa de estudios, el pasado 22 de diciembre culminó el paro estudiantil en el Instituto de Artes (IDA), tras cuatro meses.

Al fijar su postura por la entrega pactada de las instalaciones que se ubican en el poblado de Real del Monte, integrantes del movimiento Rebel-Arte recalcaron inacción de las autoridades para atender sus demandas, además de afirmar que una persona vinculada a proceso por delitos graves, en referencia al exdiputado federal Gerardo Sosa Castelán, no puede seguir al frente de la institución.

Lo anterior, al aludir el control político por 40 años del grupo conocido como La Sosa Nostra o Universidad, que mandata Sosa Castelán, quien enfrenta en prisión domiciliaria tras el cambio de medida cautelar de reclusión en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano por un deteriorado estado de salud, según argumento su defensa, cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, presuntamente sustraídos del erario universitario.

En una conferencia de prensa al exterior del inmueble de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), en Pachuca, miembros de Rebel-Arte remarcaron la urgencia de espacios libres de violencia –una de sus demandas iniciales– y de un pensamiento crítico en las aulas. Asimismo, aseguraron que continuarán con la lucha desde dentro de la UAEH contra el control político y el presunto manejo financiero indebido.

“La comunidad merece una educación al alcance de todas y todos los estudiantes, en donde sus situaciones económicas no sean determinantes en su desarrollo estudiantil, donde cada uno de nosotros pueda ser partícipes de los procesos de selección de autoridades estudiantiles y destino de los recursos de la universidad”, indicaron representantes del movimiento Rebel-arte, debido a que una de las exigencias fue el esclarecimiento de posibles actos de corrupción.

“Merecemos espacios libres de violencia; sexual, física, psicológica o de cualquier otro tipo, y también merecemos una escuela en donde el pensamiento crítico sea el ideal y de la cual podamos sentirnos orgullos de egresar, y al hacerlo poder ser partícipes en beneficio de la vida social de nuestras comunidades”, añadieron los manifestantes al leer posicionamientos, mientras en Real del Monte se llevaba a cabo la entrega del edificio.

El movimiento estudiantil inició con la demanda de que la recién designada directora del IDA María Teresa Paulín Ríos, a quien acusaban de agresiones verbales, malos tratos y presunta protección a violentadores, fuera destituida. El paro comenzó el 28 de agosto.

No obstante, tras una jornada violenta el 19 de septiembre, cuando un grupo de choque en el que fueron identificados por videograbaciones miembros del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo (CEUEH) liderados por su presidente José Esteban Rodríguez Dávila –actualmente vinculado a proceso por lesiones agravadas cometidas en pandilla– y trabajadores de la UAEH reprimió a manifestantes que habían dado portazo en la sede de la antigua rectoría, los Institutos de Ciencias Sociales y Humanidades (Icshu), de Ciencias de la Salud (Icsa), de Ciencias Económico Administrativas (Icbi) y las escuelas superiores de Actopan, Apan y Tlahuelilpan se sumaron al paro.

Esto también sucedió después de que el rector Octavio Castillo Acosta, en una conferencia de prensa en la que lo acompañaron, entre otros integrantes de la institución, Paulín Ríos y Rodríguez Dávila, acusara a los manifestantes que irrumpieron de pretender secuestrar a la todavía directora del IDA, lo que la contraparte calificó como una criminalización de la protesta y protección a posibles agresores que habían sido identificados en videos.

Asimismo, el movimiento escaló sus demandas al fin del cacicazgo de La Sosa Nostra o Grupo Universidad, como se conoce a la organización política que lidera el también exrector Sosa Castelán, quien, según la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), extrajo recurso de la Autónoma del Estado, triangulados entre una empresa fachada y despachos contables supuestamente controlados por uno de sus subalternos (Francisco Natalio Zamudio Isbaile, prófugo) y cuyo fin era su familia.

En ese momento se, Sosa se desempeñaba como presidente del Patronato Universitario de la UAEH, órgano responsable del manejo presupuestal.

Su agrupación, antes corriente interna en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y desde 2018 aliada al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), controla la casa de estudios desde finales de la década de 1970.

El resto de centros educativos habían retornado paulatinamente a sus actividades y entregado las instalaciones universitarias tras mesas de negociación individual ante la advertencia de las autoridades de probable pérdida del semestre, lo que dejó al Instituto de Artes como único en paro, hasta hoy.

En el comunicado en el que dieron a conocer la decisión mayorista de terminar la suspensión de actividades, con 84 por ciento de 326 votos, Rebel-Arte indició que se mantendrán activos: “la bandera del movimiento estudiantil (…) es y será siempre que la educación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo sea de calidad, libre de todo tipo de violencia, democrática y popular”, afirmaron.