CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), reveló la integración de dos carpetas de investigación por un posible peculado de 132 millones de pesos que, sugirió, involucra al exdiputado federal Gerardo Sosa Castelán, mediante asignaciones desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) –institución en la que el político ejerce control desde finales de la década de 1970– a empresas de su familia.

La casa de estudios emitió un comunicado a través del cual “condenó enérgicamente” las declaraciones del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y pidió al Congreso de Hidalgo iniciar los procedimientos “que permitan esclarecer el alcance de la responsabilidad en la que pudiera incurrir” por estas declaraciones, al argumentar que “no son los medios de comunicación la vía para realizar o notificar actos de investigación penal”, máxime cuando los "señalamientos insinúan la posibilidad de ilícitos”.

Nieto Castillo dijo en entrevista con Canal 14 que la procuraduría indagaba transacciones por 132 millones que salieron de la universidad “hacia las empresas del señor Sosa Castelán y su hermano”, además de reiterar el dicho de que “la autonomía no implica impunidad”, en alusión a reclamos previos de autoridades del centro educativo por considerar que se les vulneró con las vinculaciones a proceso de dos integrantes del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo (CEUEH).

En donde se señaló a su presidente José Esteban Rodríguez Dávila por lesiones agravadas en pandilla relacionadas con hechos violentos del 19 de septiembre, cuando manifestantes del Instituto de Artes que estaban en paro dieron portazo en la antigua sede de rectoría para tomar las instalaciones, pero fueron reprimidos por un grupo de choque en el que fueron identificados por videograbaciones integrantes del CEUEH y trabajadores de la UAEH.

La revelación de Santiago Nieto, quien también es precandidato al Senado por su estado natal, Querétaro, se da días después de la acusación que se le hizo junto a su cuñado Sergio Eduardo Humphrey por los abogados Roberto Gil Zuarth, Javier Coello y Javier Coello Zuarth de un presunto lavado de dinero cuando estuvo al frente de la UIF.

La denuncia interpuesta por el despacho Coello Trejo y Asociados, refiere que mediante cinco empresas, dos declaradas por la SHCP como falsas: Reves Materiales y Construcciones, así como Elit Gutiérrez Comercializadora realizó lavado de dinero.

Santiago Nieto calificó las acusaciones de falsas y, adujo, fines políticos.

Por las declaraciones en torno a la supuesta malversación indagada, más las alusiones a los Sosa Castelán, cuyo grupo que mandata, conocido como "La Sosa Nostra", surgió de la extinta organización porril Federación de Estudiantes Universitarios (FEUH) y se ha mantenido por cuatro décadas con el control fáctico de la principal universidad estatal, la institución académica acusó un “daño al honor y (a) la reputación” contra “miembros de su comunidad universitaria”.

“Santiago Nieto Castillo no es el procurador de justicia del Estado de Hidalgo y, por ende, su conducta es contraria a Derecho, dado que las leyes de Hidalgo no le conceden ninguna atribución de investigación criminal o de señalamiento a ciudadanos e instituciones hidalguenses. La ley es clara en cuanto a respetar la presunción de inocencia y la reserva de las investigaciones”, refiere el comunicado que firmó el director general jurídico de la UAEH, Antonio Mota Rojas.

Mota Rojas fue excandidato a la alcaldía de Pachuca por Movimiento Ciudadano cuando el también llamado Grupo Universidad estuvo a cargo de la administración del partido naranja en el estado (2016-2018), hasta la alianza de los Sosa Castelán (Damián, hermano de Gerardo, fue dirigente estatal de MC) con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) previo a la elección presidencial de 2018.

“Las instituciones del pueblo de Hidalgo son honorables y dignas y no deben ser mancilladas por personas ajenas a nuestra entidad”, además de pedir al Poder Legislativo y al “órgano de control interno competente” que inicie un procedimiento por las probables implicaciones de los dichos en los que Nieto asoció a la universidad como parte de actos de corrupción supuestamente perpetrados por los Sosa, además de requerir que verifique “el debido cumplimiento de los requisitos legales para fungir como servidor público a personas no hidalguenses (sic)”, refiere el documento. 

Nieto Castillo es encargado del despacho de la PGJEH desde el inicio de la administración del morenista Julio Menchaca Salazar (septiembre 2022). Antes, cuando estuvo al frente de la UIF, este organismo congeló activos por 151 millones de dólares de la UAEH, Gerardo Sosa, el entonces rector Adolfo Pontigo Loyola y su antecesor Humberto Veras Godoy, así como un grupo de empresas de la universidad y empresarios allegados al clan político.

Aún en libertad, Sosa –igualmente el rector y los demás miembros de la cúpula– acusaron a Santiago Nieto de actuar fuera de la legalidad y perseguir fines políticos.

Gerardo Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México –vinculado a proceso seis días después– acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos. La imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), que derivó en la causa penal 263/2020, refiere que el dinero salió del erario universitario y, tras pasar por una empresa fachada, Contabilidad del Siglo XXI, llegó a cuentas personales de la familia que controla la institución.

Tras el cambio de medida cautelar debido a que su defensa argumentó un deteriorado estado de salud agravado en reclusión, Sosa Castelán dejó el penal de máxima seguridad de El Altiplano el 3 de febrero de 2022, para continuar su proceso en prisión domiciliaria.