CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pandemia de covid-19 agravó las condiciones de vida de las personas mayores refugiadas en América Latina, según el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en el que también participó HelpAge International. 

En la presentación del estudio titulado “Un reclamo de dignidad: Vejez en la movilidad humana”, los organismos advirtieron que la emergencia sanitaria ha puesto en riesgo la salud física y mental, la nutrición, la autonomía financiera y el estatus legal de las personas mayores refugiadas que viven en El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador y Perú. 

La mayoría de las personas mayores encuestadas admitieron que han tenido acceso limitado a la atención médica durante la pandemia. Por ejemplo, 42% no recibió tratamiento por problemas de salud previos y 6% de quienes se contagiaron de covid-19 no obtuvieron atención médica adecuada.

“Las personas mayores que están en situación de desplazamiento forzado se han encontrado durante mucho tiempo en abandono y sin protección suficiente. Su plena inclusión en las respuestas nacionales a la pandemia, incluidos los programas de vacunación contra el covid-19, es clave para salvaguardar su dignidad y sus derechos”, señaló José Samaniego, director del Buró Regional de ACNUR para las Américas.

Antes de la pandemia, una de cada cuatro personas mayores tenía que saltarse las comidas; alrededor de 64% no tenían ingresos mensuales, y de los que sí tenían, el 62% consideró que no eran suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. 

Con la llegada del covid-19, 41% tuvo que reducir aún más su ingesta de alimentos, y un tercio de las personas encuestadas en Honduras y El Salvador perdieron su trabajo. En los países de la región andina, la cifra fue de casi la mitad.

Una quinta parte de los entrevistados afirmó que ya no podía pagar el alquiler, mientras que 5% fue desalojado durante la pandemia. Aunado a esto, muchos de los entrevistados aún actúan como sostén de sus hogares y cuidan de niños y adolescentes (60%) y personas con discapacidad (5%).

Samaniego resaltó que las personas mayores desplazadas necesitan una mayor ayuda humanitaria y más oportunidades de medios de vida para ser económicamente independientes. 

El informe reveló que la mitad de las personas mayores sufrió discriminación, mientras que un número preocupante describió incidentes de abuso.

La pandemia disminuyó el contacto diario que las personas mayores tenían con sus familias, de 39% a 26%, y limitó las actividades comunitarias y las oportunidades de recreación y participación, agravando sus sentimientos de aislamiento y soledad.

También aumentó los desafíos que enfrentan para obtener documentación. Casi una cuarta parte de ellos se encuentra en situación irregular en la región andina, y esta cifra aumenta a 32% entre las personas mayores desplazadas con discapacidad. 

“El envejecimiento y la movilidad humana son tendencias globales, cuya interseccionalidad se manifiesta en la pobreza y la exclusión, mientras que las personas mayores son tratadas como si fueran invisibles”, afirmó Marcela Bustamante, representante regional de HelpAge para América Latina y el Caribe.

“Los gobiernos y la comunidad internacional deben hacer todo lo posible para que las personas mayores en situación de movilidad humana puedan vivir con dignidad. Se necesita un cambio urgente”, apuntó. 

Por su parte, la agencia de la ONU hizo un llamado a la comunidad internacional para incluir a las personas mayores en situación de movilidad humana como un grupo prioritario en todas sus agendas, adaptando y financiando la estructura institucional que responda a sus necesidades.

Esto se debe traducir en respuestas y programas humanitarios que las beneficien directamente y garanticen su dignidad, autonomía, independencia y participación, evitando intervenciones que las expongan a situaciones de dependencia, abuso y discriminación.

Los organismos hicieron un llamado a los Estados para que impulsen la creación de una Convención Internacional de Naciones Unidas para la Protección de las Personas Mayores, bajo el liderazgo del Grupo de Trabajo de Composición Abierta. 

A nivel regional, pidieron a los Estados americanos adherirse a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y adecuar sus ordenamientos internos a este instrumento y otros marcos de protección del Derecho Internacional y Regional de los Derechos Humanos.

Los organismos también consideraron necesario instrumentar mecanismos de participación, consulta y retroalimentación de las personas mayores desplazadas en el diseño e implementación de las respuestas humanitarias, para que sus voces sean escuchadas y sus experiencias y resiliencia sean reconocidas como valores agregados a estas respuestas.