PUEBLA, Pue., (apro).- El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) demandó al gobierno de Alejandro Armenta Mier cancelar el proyecto de construir un sistema de transporte por Cable, al exhibir que las dependencias a cargo de la obra no han cumplido con los procedimientos técnicos, legales, ambientales, de transparencia y de inclusión ciudadana. 

Luego de la marcha de este domingo en la cual organizaciones ambientalistas y académicos manifestaron su rechazo a la obra, la Universidad Iberoamericana Puebla, de igual forma, exhortó al gobierno estatal a hacer públicos los estudios técnicos del proyecto, a reconsiderar el trazo para evitar la remoción de arbolado, a evaluar alternativas sustentables e incluir procesos de participación ciudadana. 

El observatorio ciudadano Igavim dio a conocer una serie solicitudes de información que presentó ante las secretarías de Infraestructura, del Medio Ambiente y de Movilidad y Transporte del Estado, cuyas respuestas exhiben la forma en que se ha decido realizar la obra del cablebús en esta ciudad sin hacer públicos los diagnósticos, estudios, permisos e  incluir a la ciudadanía en su análisis y revisión. 

Al solicitar a la Secretaría de Infraestructura el análisis costo-beneficio que se elaboró para decidir la construcción del cablebús, la dependencia respondió que esa información no había sido generada “toda vez que NO ha sido adjudicada dicha obra”. 

Por otro lado, el organismo también pidió a la Secretaría de Movilidad y Transporte proporcionar la totalidad de los estudios que sustentaron la decisión de implementar en Puebla ese sistema de transporte, sin embargo, la dependencia contestó que esos informes se reservaron por cinco años, bajo el argumento que su divulgación “dañaría el interés del Estado hasta en tanto no sean concluidos”. 

El Igavim agrega que pidió a tres dependencias del gobierno estatal, los datos de elaboración del proyecto, manifestación de impacto ambiental, las medidas de mitigación, el programa de obra, Plan Maestro y el proyecto de consulta pública. 

La Secretaría de Movilidad y Transporte respondió que esa información no estaba en el ámbito de sus competencias. 

La Secretaría Infraestructura señaló que la empresa Doppelmayr México, S.A. de C.V. está a cargo de la elaboración del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) pero que no era posible proporcionar información porque ese documento forma parte del Proyecto Ejecutivo de la obra, que aún se encuentra en etapa de elaboración, integración y valoración.   

Tampoco, esa dependencia ofreció información sobre el Plan Maestro, Programa de Obra y Bitácora de Obra, bajo el argumento de que estaba sujeta a la entrega del Proyecto Ejecutivo de la obra por parte del contratista. 

Infraestructura especificó que la obra se “rige y ajusta” a lo dispuesto en la declaratoria que emitió la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado el 28 de agosto de 2025 en el periódico oficial el Estado por la cual se determina la necesidad de implementar el servicio de transporte en la modalidad por cable. 

El Igavim recuerda que en esa declaratoria se mencionan “Estudios Técnicos” pero que la Secretaría de Movilidad y Transporte no los ha hecho públicos,  “lo que genera sesgos en la planificación operacional”. 

En materia ecológica, el IGAVIM advierte que el trazo proyectado para el cablebús podría afectar el 47.8% del arbolado urbano identificado en su ruta, cuando este municipio enfrenta un déficit de áreas verdes, contando con solo 4.4 m² por persona frente a los 15 m² recomendados por estándares internacionales. 

Este informe igual asegura que el proyecto de Cablebús no respeta los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 y violenta la Carta Urbana municipal al pretender desarrollarse en parques urbanos, que son zonas no permitidas. 

Por lo tanto, concluye que si bien el cablebús podría representar una posible iniciativa de movilidad sustentable, no cumple con los procedimientos técnicos, legales, ambientales y sociales que permitirían aclarar dudas, dar seguimiento transparente y abrir paso a la participación ciudadana, por lo cual demanda al gobierno estatal su cancelación. 

Ibero 

Por su parte, la Universidad Iberoamericana Puebla,  a través del Instituto en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, la Clínica Jurídica Minerva Calderón, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Observatorio de Participación Ciudadana y Calidad Democrática y los departamentos de Salud, Arte, Diseño y Arquitectura, se solidarizó con la ciudadanía que se movilizó contra el cablebús este domingo. 

La Ibero manifiesta su "profunda preocupación" ante los posibles impactos socioambientales de ese proyecto, el cual contempla la conexión de la ciudad desde el Centro Integral de Servicios en Angelópolis hasta la junta auxiliar la Resurrección y que implicaría la remoción de al menos 746 árboles maduros en áreas verdes consolidadas como lo son los parques Juárez y Ecológico. 

“Preocupa especialmente la ausencia de información pública transparente sobre los impactos ambientales del proyecto, así como la falta de un análisis de costo-beneficio que demuestre la pertinencia de esta tecnología de transporte frente a alternativas menos invasivas y más acordes con las necesidades reales de movilidad de la población”, sostiene la institución. 

“La protección de parques públicos consolidados es una responsabilidad ineludible en un contexto de crisis climática y desigualdad en el acceso a espacios verdes que ocurre en Puebla y su área conurbada”, reclama. 

En un boletín, emitido por la misma institución, Romeo Alberto Saldaña Vázquez, investigador del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga , expone que la pérdida de arbolado, de más de 30 años de antigüedad, supondría una reducción drástica de servicios ecosistémicos como la regulación térmica, la captura de carbono y la conservación de fauna. 

Sustituir estos ejemplares por árboles jóvenes en otras zonas de la ciudad, agrega, generaría un desfase ecológico de entre 25 y 30 años para recuperar los beneficios ambientales actuales. 

Destaca que los parques Juárez y Ecológico albergan una biodiversidad importante. En el caso del primero, se han registrado alrededor de 47 especies de aves, entre ellas el gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), protegido por la Norma Oficial Mexicana 059. 

En el Parque Ecológico también habitan especies resguardadas por la misma normativa, como el pato mexicano (Anas diazi), lo que implica que cualquier intervención debe considerar la protección de su hábitat. 

El académico subraya que la planeación de proyectos de movilidad debe integrar criterios ambientales y sociales que eviten daños irreversibles a las áreas verdes urbanas.