CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes empiezan las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) relacionadas con la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrida en octubre de 2001 en la Ciudad de México, durante la  gestión como jefe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El caso fue enviado a la CoIDH en 2019, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo en el que recomendaba, entre otras cuestiones, la reapertura del caso, que fue cerrado desde hace 10 años como un “suicidio simulado”.

Desde diciembre, de 2001 en que se determinó la supuesta causa de muerte, la familia de Digna Ochoa rechazó la determinación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Bernardo Bátiz, hoy miembro del Consejo de la Judicatura Federal.

De acuerdo con la directora de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Michelle Salas, si bien el expediente que se abrió en la PGJDF tiene 50 mil fojas, “la investigación se centró en la vida personal de Digna, se estigmatizó su vida, hubo filtraciones que dañaron su imagen en un intento por modificar la percepción que se tenía de ella como defensora y se enlodó su trabajo y vida profesional”.

La abogada señaló que la expectativa es que a 20 años de la muerte de la defensora es “la re apertura de la investigación y que la narrativa cambie la imagen del Estado mexicano que creó un caso a través de filtraciones peritajes manipulados, que se determine si Digna Ochoa fue asesinada como consecuencia de su lucha por la defensa de derechos humanos”.