MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya avanzó en el análisis del caso de la defensora mexicana Digna Ochoa, por lo que el organismo podría emitir durante su actual periodo de sesiones una recomendación a favor de la familia, para que el Estado mexicano reabra las investigaciones por el presunto asesinato de la activista ocurrido el 19 de octubre de 2001. Este 2014 se cumplen 13 años desde que la abogada veracruzana de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido fue presuntamente asesinada en esta capital por defender causas indígenas y ecologistas, hecho que hoy fue recordado durante una conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Familiares, abogadas y activistas acusaron que en las investigaciones del caso a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se cometieron violaciones e irregularidades, lo que deja en duda la hipótesis de que la abogada “se suicidó de tres balazos”, tal y como concluyeron las indagaciones y por tanto se cerró el caso. La comprobación de estas faltas por parte de la defensoría de la familia derivó en que el 5 de agosto de 2013 el caso fuera admitido ante la CIDH, para que el sistema interamericano revisara las supuestas irregularidades y en su caso emitiera recomendaciones al Estado mexicano. El abogado de la familia Ochoa e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), David Peña, explicó que en la CIDH el expediente se encuentra en un análisis profundo, por lo que se espera que en este 153 periodo de sesiones que el organismo lleva a cabo, del 27 de octubre al 7 de noviembre en Washington, se emita una recomendación para que México “realice en tres meses las actuaciones pertinentes” para reparar las fallas al debido proceso. La recomendación podría derivar, según Peña, en la obligación del Estado de reabrir el expediente de Ochoa –cerrado por la PGJDF en 2010 luego de que Juan Antonio Mirón Reyes, entonces subprocurador jurídico capitalino, sostuviera que se agotaron las líneas de investigación–, y reanudar las pesquisas que señalan a Rogaciano Alba Álvarez, exlíder de la Unión Ganadera Regional actualmente preso por otros delitos, como el principal sospechoso del asesinato de Digna. De no esclarecerse los hechos, reparar el daño a la familia y responder a las violaciones que el Estado mexicano cometió durante las investigaciones, el abogado advirtió que el caso sería llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Peña destacó que fueron tres los elementos que se presentaron ante la CIDH para que admitiera el caso de Digna, entre ellos la comprobación de omisiones intencionales por parte de las autoridades para investigar las líneas que presumían un asesinato; que el Estado era responsable de la vida de la defensora, ya que previamente había denunciado amenazas, agresiones y hasta secuestros en su contra, y que ninguna de las investigaciones contó con enfoque de género, y por el contrario se desprestigió a Ochoa e incluso se investigó sobre su vida sexual. Como ejemplo de esas irregularidades, aunque en años pasados se señaló a Alba Álvarez como principal sospechoso, las autoridades se limitaron a visitarlo en la prisión y mostrarle información periodística que lo vinculaba con el caso. El ganadero negó las imputaciones y la PGJDF dio por terminada esa línea de investigación. El abogado concluyó que señalar a los autores materiales e intelectuales del homicidio podría reparar en una parte 13 años de impunidad en el caso de Digna Ochoa. Defensoras de DH señalaron que la situación de violencia e impunidad que enmarcó el asesinato de Digna es un contexto que permea aún la realidad de las activistas, especialmente por la complicidad de criminales con autoridades, y la criminalización y desprestigio que padecen por parte de los medios de comunicación. Leticia Gutiérrez, directora de la congregación Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados, advirtió que su organización registró en lo que va del año 40 casos de amenazas, intimidación, persecución y denuncias en contra de defensoras de migrantes. Marusia López, coordinadora de Asociadas por los Justo (JASS, por sus siglas en inglés), indicó que las defensoras son desprestigiadas por los medios de comunicación; además de que, de acuerdo con lo que ha registrado, a diferencia de sus pares varones ellas reciben amenazan en contra de la vida de sus hijas o hijos, o las vinculan sexualmente con otros activistas. También resaltó que la Red Nacional de Defensoras de DH en México registró en 2012 mil 353 agresiones en contra de activistas en la región mesoamericana.