MÉXICO D.F. (apro).- A 10 años de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reabrir el caso e investigarlo “seriamente”, con el fin de identificar y sancionar a los responsables del “asesinato” de la abogada. La organización recordó que el caso continúa en proceso de admisión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que instó a organismo a acelerar el trámite. La organización con oficinas en Washington y en San José, Costa Rica, lamentó que la PGJDF haya archivado el expediente del caso el pasado 9 de septiembre, “después de un proceso largo, parcial y poco diligente para investigar los hechos”. Para la PGJDF, la muerte de la activista fue consecuencia de un suicidio, pero para familiares y organizaciones a las que representaba se trató de un homicidio derivado de su trabajo como defensora. Ochoa y Plácido se distinguió por su férrea defensa de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), quienes en mayo de 1998 fueron detenidos y torturados por elementos del Ejército. CEJIL consideró que la muerte de Ochoa y Plácido es un “caso emblemático y advierte sobre la desprotección en que se encuentran defensoras y defensores de derechos humanos en México”. La directora ejecutiva de la organización, Viviana Krsticevic, consideró que la muerte de Digna Ochoa y la falta de claridad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos, “ha alentado un clima de hostigamiento en México” contra los defensores de derechos humanos. Informó que su organización acompaña a más de cien defensores mexicanos que han sido beneficiarios de medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), respectivamente. En un comunicado, Krsticevic pidió al Estado mexicano que asuma el compromiso de hacer “justicia con respecto del homicidio de Digna Ochoa, así como en la implementación de una política que permita que otras personas que defienden los derechos humanos no sean intimidadas o silenciadas en su trabajo”. La directora ejecutiva de CEJIL denunció que hasta ahora la CIDH se ha negado a abordar la muerte de la defensora en los últimos periodos ordinarios, “a pesar de múltiples peticiones de organizaciones de la sociedad civil”. La organización exhortó al gobierno de Felipe Calderón a adoptar de “forma efectiva –en consenso con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo institucional adecuado para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos que contemple también la investigación de los ataques que sufren”.