MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) aseguró hoy que el Estado mexicano incurrió presumiblemente en violaciones al debido proceso y a la integridad personal de la abogada y activista Digna Ochoa y Plácido asesinada en 2001, aunque la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) cerró el caso con la conclusión de suicidio, al poner en tela de juicio su condición mental, emocional e incluso sexual. En conferencia de prensa, los litigantes Karla Micheel Salas, Miriam Pascual y David Peña, confirmaron que el 16 de julio la CIDH dio entrada al expediente del caso tras considerar como “insuficientes” las investigaciones realizadas por las autoridades capitalinas para esclarecer el supuesto crimen. Los litigantes, quienes ante la falta de justicia en México llevaron el caso ante la CIDH –mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington–, acusaron a la PGJDF de no haber realizado una investigación efectiva y adecuada, así como de “fabricar” pruebas y peritajes que derivaron en la conclusión de que la activista se había “suicidado”. Miriam Pascual señaló que la PGJDF concluyó que Digna “tenía tendencias suicidas” sólo por dedicarse a una labor de alto riesgo, como es la defensa de los derechos humanos. Por su parte, Karla Micheel advirtió la posibilidad de que la hipótesis del suicidio y la “fabricación” de peritajes se hayan manejado para proteger a los supuestos homicidas, o ante la incapacidad de las autoridades para resolver el caso. También recordó que en un primer momento ya se había determinado el homicidio, y que al menos dos personas habían participado en los hechos. Los defensores apuntaron que desde que el actual jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, era procurador, “ha sido notorio el desvío de la investigación y manipulación de los peritajes”. En enlace telefónico, Jesús Ochoa, hermano de Digna, resaltó que el objetivo de presentar el expediente ante la CIDH es demostrar que efectivamente se trató de un homicidio, y adelantó que en caso de que así lo determine el organismo regional, él mismo divulgará públicamente el nombre y ubicación del supuesto responsable. Los miembros de la ANAD afirmaron que además de enfocarse en la resolución del caso y a la reivindicación del trabajo e integridad personal de Digna, lo que se busca es acceso a la justicia para los defensores de derechos humanos que atraviesen por situaciones similares de impunidad. “La intención de seguir con este caso, a 12 años de distancia, es demostrar que se lucha por la justicia y que aún existen muchos defensores en vulnerabilidad”, alertó David Peña. Los abogados explicaron que la CIDH fijó como plazo el 5 de diciembre para que los defensores de Digna y los representantes del Estado mexicano envíen sus respectivos argumentos, e informen de fondo sobre el caso para después determinar si se trató de homicidio o suicidio. En 2011 organizaciones civiles y la familia de la defensora solicitaron a la CIDH que admitiera el caso, luego de que en julio de ese año la PGJDF, al mando entonces de Mancera, cerró el caso al concluir que Digna “se suicidó de tres disparos”. La familia promovió un amparo para impugnar el fallo, pero fue negado por el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México. El 14 de marzo de este año se realizó una audiencia en Washington donde se informó a la CIDH que desde 2001 el Estado mexicano incurrió en diversas anomalías y violaciones al debido proceso en prejuicio de Ochoa y Plácido. La ANAD y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) criticaron en su momento que la PGJDF manejó la hipótesis de que Ochoa fue asesinada por defender a grupos ambientalistas del estado de Guerrero, pero que “no investigó con seriedad” al respecto. Entonces se señaló como sospechoso a Rogaciano Alba Álvarez, exdirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y preso actualmente por vínculos con el narcotráfico, pero las autoridades no profundizaron esa línea de investigación.