MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de la activista veracruzana Digna Ochoa y Plácido, presuntamente asesinada el 19 de octubre de 2001 en esta capital, confirmó la abogada Karla Micheel Salas. La abogada, quien litiga el caso junto con David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informó que el pasado lunes 5 la CIDH les notificó de la admisión del caso, por lo que se revisarán las supuestas irregularidades en las que habrían incurrido las autoridades judiciales capitalinas al determinar que Digna Ochoa “se suicidó”. Hace dos años, activistas, organizaciones civiles y la familia de la defensora solicitaron a la CIDH que admitiera el caso para su análisis, por lo que el pasado 14 de marzo se realizó una audiencia en la sede del organismo en Washington, donde se informó a los comisionados que desde 2001 el Estado mexicano incurrió en diversas anomalías y violaciones al debido proceso en prejuicio de Ochoa y Plácido. En esa audiencia también se expusieron los motivos por los que se acudió ante la CIDH, entre los que se encuentran el agotamiento de recursos leagles en México sin que hubiera justicia ni esclarecimiento de los hechos, toda vez que en julio de 2011 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), al mando entonces del actual jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, cerró el caso. La PGJDF concluyó que Digna “se suicidó de tres disparos” y, aunque se promovió un amparo para impugnar esa conclusión, éste fue negado por el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México. Es por ello que la familia de la defensora decidió acudir ante la CIDH, ya que durante los más de 10 años de investigación el Ministerio Publico capitalino “demostró ir en contra de la víctima”. La ANAD y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), ambos litigantes del caso, argumentaron que hubo deficiencias del sistema de justicia que derivaron en diversas violaciones a arantías fundaemntales. Ejemplo de ello, argumentaron, fue que en 2004 la PGJDF manejó la hipótesis de que Digna Ochoa fue asesinada por defender a grupos ambientalistas del estado de Guerrero, pero que “no investigó con seriedad” al respecto. Y es que se señaló como sospechoso a Rogaciano Alba Álvarez, exdirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y cacique de la zona de Petatlán en ese estado, pero las autoridades se limitaron a visitarlo para decirle que información periodística lo vinculaba al asesinato. El ganadero negó las imputaciones y la Procuraduría capitalina dio por terminada esa línea de investigación. En su momento, el abogado David Peña sostuvo que las autoridades capitalinas hicieron todo lo posible por desprestigiar a la defensora, cuestionar su vida personal, investigar su preferencia sexual, su estado de ánimo, creencias religiosas, y sus relaciones laborales y de amistad. Luego de la muerte de Digna Ochoa, la CIDH abrió por cuenta propia un expediente del caso, algo no habitual por parte de la comisión. En 2003 la instancia envió a México un equipo de expertos en criminalística, balística y patología forense para investigar el hecho.