A casi cinco semanas de revelarse públicamente el caso Teuchitlán es importante dimensionar que este episodio asomó un fragmento del fenómeno de violencia generalizada contra niños y adolescentes en México, cuyos alcances significaron poco más que un hecho aislado. Los hallazgos encontrados en el Rancho Izaguirre, gracias a los esfuerzos de colectivos de madres y padres buscadores muestran una herida profunda y lacerante, reflejo de una crisis estructural de desigualdad, impunidad y abandono institucional.

El reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA) por el crimen organizado es un fenómeno creciente que durante los últimos años ha encendido los focos rojos en la agenda global de protección a la infancia, especialmente en América Latina.

En nuestro México la Red por los Derechos de la Infancia calcula que alrededor de 250 mil NNA están en riesgo de ser reclutados por células del crimen organizado. Si bien se trata de un cálculo, lo cierto es que esta cifra no debería significarnos una estadística inocua, como otras que igualmente evidencian síntomas intolerables de violencia sistémica hacia la niñez.

Hablamos de historias de niños con nombre y apellido, adolescentes y jóvenes atrapados en un ciclo de explotación, la gran mayoría provenientes de entornos de pobreza, violencia intrafamiliar o comunidades donde el crimen representa su única alternativa de vida.

En medio de la crisis que suscitaron estos hallazgos, cobró relevancia mediática el reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2021 y dado a conocer en 2024, titulado “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México”, mediante el cual desde el gobierno federal se delimitan diversas líneas de acción en el ámbito normativo, la reconstrucción del tejido social, entornos seguros, prevención y procuración de justicia en el abordaje institucional de este problema.

Naturalmente a raíz de Teuchitlán dicho documento ganó notoriedad y representó un nuevo aliciente para que organizaciones y actores sociales ganaran espacios en la visibilización de este tema en la agenda pública tras décadas de lucha.

Se sabe, que dicho reporte en realidad obedeció a una ruta de litigio estratégico ­–además de diversas reacciones por parte de la ONU– en aras de exigir una respuesta oficial para la contención de grupos criminales en zonas de alta incidencia delictiva y, por ende, proclives al reclutamiento de niños y adolescentes.

Si se analiza a detalle, el mecanismo presentado por la Segob – independientemente del momento en que este se haya publicado– representa un punto de partida loable porque articula con claridad los componentes de una estrategia basada en la prevención integral del delito, como lo mandata la ley, además de transparentar los factores reales que inciden en la prevención de esta forma de violencia hacia la niñez y adolescencia.

El reporte además explica los parámetros que permiten identificar el modo de operación del reclutamiento de NNA por parte del crimen organizado o grupos armados, tales como factores individuales, familiares, sociales, comunitarios, el uso de redes digitales para este propósito, así como un análisis georreferenciado de las entidades o regiones donde prevalece mayor riesgo para el reclutamiento de menores. En tal sentido, desde la letra es impecable.

La magnitud de los hechos de Teuchitlán expuso una red de impunidad que trasciende lo local. La pertinencia de un diagnóstico con perspectiva nacional, como el dado a conocer por el gobierno federal, representa un pequeño paso, la ruta mínima ante la barbarie. No obstante, el momento es propicio no sólo para el análisis, se requiere pasar al terreno de la implementación y las respuestas.

La Segob, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tienen en sus manos la oportunidad histórica de hacer operables en este caso los esquemas de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuentan no sólo con los medios normativos y democráticos para coordinar los aspectos esenciales en materia de seguridad y procuración de justicia, sino también para involucrar de manera prioritaria –como ha sido la legítima demanda de cientos de madres y padres buscadores– a otras instituciones hasta ahora ausentes en la ecuación, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

En medio de todo este panorama se ha dado una señal que puede marcar signos de voluntad política ausente desde el gobierno anterior. Me refiero a la atención que la titular de la Secretaría de Gobernación tuvo a bien brindar, cual es su obligación, a los grupos buscadores mediante la organización de las mesas de diálogo y encabezado de manera personal, con actitud de escucha para incentivar, al menos, que todos levanten la voz tantas veces acallada.

A un mes de Teuchitlán muchas cosas se han removido en el ánimo nacional, pero lo más importante es la creciente expectativa de que finalmente este gobierno pueda brindar verdad y justicia a miles de familiares de niños y adolescentes desaparecidos en este país.

*Abogado, doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute

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