La construcción de vivienda es uno de los principales generadores de empleo en el país por los insumos que requiere, entre ellos la mano de obra. Pero la corrupción es el problema más serio y grave que enfrenta el sector inmobiliario; y aunque el gobierno federal asegura que ha sido combatido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2023 registro que 83.1% de los consultados señalaron que fueron víctimas de actos de corrupción por parte de las autoridades.

Este problema se ha detectado sobre todo en los procedimientos relacionados con la construcción de obras y el registro de propiedades que fueron los que más casos obtuvieron en dicha encuesta nacional, siendo Chiapas el estado con mayor incidencia.

El desarrollo inmobiliario en el país es uno de los principales actores de la economía, y ahora que Donald Trump amenaza con una cascada de aranceles, urge combatir la corrupción que sigue siendo uno de sus obstáculos más fuertes para el crecimiento del sector.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2023 indica que la corrupción registrada es menor en comparación con 2019, cuando la respuesta fue afirmativa para 87% de la población. No obstante, en todas las entidades del país esta impresión supera 68% de las personas, siendo la frecuencia más alta en el tipo de trámite que se haya realizado, como es el caso de los relacionados con los de construcción y ante el Registro Público de la Propiedad.

En el desglose de esta encuesta se observa que el año pasado, de todos los trámites de permisos relacionados con la propiedad realizados, 23.5% registró casos de corrupción, es decir, 23 mil 518 víctimas por cada 100 mil habitantes, ocupando el tercer lugar en la escala de procedimientos con esta problemática más presente, sólo por detrás del contacto con autoridades de Seguridad Pública y trámites para abrir una empresa.

Además, 2023 tuvo un incremento en la frecuencia en comparación con 2021, cuando la población expresó una incidencia de 22.3 por ciento.

De 14 trámites de alta y baja frecuencia analizados por el INEGI, a escala nacional, los de propiedades fueron los que tuvieron con mayor frecuencia actos de corrupción.

Chiapas es el estado que con 73 mil 532 personas afectadas por cada 100 mil habitantes es la más alta de prevalencia de corrupción. En segundo lugar se encontró Baja California y en tercero Tabasco. La Ciudad de México, donde en 2018 se dio a conocer la existencia del “Cartel Inmobiliario”, quedó en quinto lugar, con una incidencia de 45 mil 500 personas.

De 2021 a 2023 el problema creció en 14 entidades del país, siendo Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur las de mayor incremento. Le siguen Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.

En México los actos de corrupción que se cometen en diferentes sectores cuestan el equivalente a 5% del Producto Interno Bruto (PIB), un costo que también asumen los empresarios inmobiliarios.

El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Jaime Fasja, aseguró que el sector invertirá 14 mil 500 millones de dólares este año en la construcción de edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales, parques industriales y zonas residenciales en el país.

Pero advirtió que hay muchos proyectos hoy en trámites que representan más de cuatro mil millones de dólares en inversión adicional que están varados en diferentes procesos de trámites sólo para la Ciudad de México.

Por cierto… Ahora con el ambicioso proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir miles de viviendas en todo el país mediante el Infonavit, el problema de la corrupción en las autoridades vinculadas al ramo se ha hecho público.