CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de 23 años de ser abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra renunció al cargo por el que representaba a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada en 2014.

Rosales Sierra, quien ayer participó en la más reciente reunión de quienes serán los ministros de la nueva época de la Suprema Corte de Justicia la Nación, dejó Tlachinollan para incorporarse al equipo de trabajo de quien será el presidente de la Suprema Corte de  Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar.

En una carta fechada el 19 de agosto en Tlapa, Guerrero, y dirigida a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales, activistas sociales y “a todas las personas que lucha por un mundo más justo”, Rosales Sierra anunció su retiro “de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un  grano de arena en la pelea por nuestros pueblos”.

Sin mencionar hacia dónde dirigirá sus esfuerzos, Rosales Sierra apunto que desde “otras trincheras” continuará en la  exigencia de que “los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.

En la misiva, el abogado agradeció al antropólogo Abel Barrera, director Tlachinollan, haberlo integrado a la organización social de amplio prestigio internacional, y reiteró su compromiso “incólume” con los pueblos indígenas, con las mujeres y hombres “que luchan por mejores condiciones de vida”, tras agradecer por sus “enseñanzas en la lucha” a grupos sociales a los que representó, como a la Coordinadora Regional de Autoridades (CRAC-PC), al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP), a los madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

“No puedo eludir mi deber de clase. Soy de una comunidad indígena enclavada en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero, toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación, por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte. Fiel a esos principios continuaremos el proyecto e vida en la etapa que viene, en el lugar que las circunstancias nos coloquen”, apuntó Vidulfo Rosales Sierra.

Víctima de amenazas de muerte  por la representación de casos como el de los abusos sexuales cometidos por militares contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, ocurridos en 2002, que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarle medidas cautelares, Vidulfo Rosales volvió a ser blanco de seguimientos y espionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante el primer año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en que se revelaron conversaciones telefónicas privadas en las que tenía expresiones desafortunadas de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, a los que acompañó en diversas movilizaciones.

Tras meses de someterse a tratamientos médicos que lo llevaron a solicitar apoyo de la ciudadanía para solventar los gastos, Rosales Sierra fungió por última vez como vocero de los padres y madres de los 43 normalistas en la reunión que sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de agosto pasado.

Tras una cuestionada renovación del Poder Judicial, Vidulfo Rosales se apresta a ocupar un cargo con el próximo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar quien ha sido duramente cuestionado por pueblos indígenas por operar las consultas públicas para aprobar la construcción de megaproyectos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.