TIJUANA, BC (Proceso).- Un inversionista mexicano-estadunidense denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) desacata órdenes judiciales y no entrega predios ni maquinaria retenida, a pesar de haber perdido los casos contra un particular y una empresa dedicada a la extracción de arena en Tijuana, Baja California.

El empresario, quien pidió ser identificado únicamente como Maximiliano, denunció a Proceso que dicha dependencia actuó de esta manera: primero contra un familiar y, posteriormente, contra la compañía dedicada a la extracción y venta de materiales pétreos (grava en diferentes medidas), así como a la renta de camiones de volteo y retiro de escombro y basura.

La empresa data de 1997 y, en palabras del denunciante, “nunca se habían enfrentado a una situación así”, hasta el año de 2020 en que, “casualmente”, les llegaron dos denuncias separadas apenas por una semana de diferencia y llevadas por el mismo agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la célula III-5 Tijuana, Estado de Baja California, identificado como Juan Manuel Arreola Corona.

Esto, contra dos terrenos ubicados en Valle de las Palmas, en la Colonia Federal Agrícola y Ganadera, en el municipio de Tecate, conocidos como “Banco Pantera” y “Banco Mota”.

En ambos casos los supuestos denunciantes también “coincidieron” en acusar por el mismo supuesto delito: extracción ilegal de arena y presuntos daños ambientales.

El inversionista explicó que dichas denuncias fueron contra su familia, pero la FGR, al no poder ganar los juicios, optó por hacer presión en este 2025 e irse contra un tercer predio ubicado en el Ejido Ojo de Agua, en el municipio de Tijuana, sólo que en este caso la estrategia fue de supuesto huachicol, pero no prosperó.

Para sustentar su denuncia y lo que al parecer es un “modo de operar” en la FGR, Maximiliano y sus abogados compartieron copia de documentos de tres carpetas de investigación: FED/BC/TIJ/0003120/2020, FED/BC/TIJ/0000124/2021, y FED/BC/TIJ/0001561/2025.

También de la denuncia formal en contra de la FGR y directamente en contra del agente Juan Manuel Arreola Corona, la cual se ventila bajo carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002370/2024, en torno al “cúmulo de actuaciones irregulares dentro del proceso” y con la que buscan recuperar los daños patrimoniales causados.

De esta denuncia, actualmente sigue en proceso.

El inversionista explicó que se ha prolongado la situación durante cinco años, donde tras constantes litigios, gastos y un amparo, ya fueron regresados dos terrenos, así como maquinaria, pero la Fiscalía federal aún falta por liberar un predio.

“En los cinco años que llevan los casos le han ocasionado pérdidas patrimoniales a la víctima: hay tractocamiones que se están pagando a la empresa Kenworth; pagos de renta de predios que no cesan; liquidación a empleados; pérdidas de contratos con clientes, y se han dejado negocios por los aseguramientos”, ejemplificaron los abogados.

Agregaron que también deben considerarse el gasto en los honorarios, gastos por juicios, los gastos por los daños que se ocasionan a los tractocamiones por estar detenidos y los gastos que se generen por estar dentro del corralón.

Estimó que de gastos comprobables en estos cinco años ya rebasaron los 850 mil dólares.

De manera general, el señor Maximiliano cuestionó el actuar de la FGR y cómo llevaron los casos.

“Lo veo como corrupción pura. ¿Cómo es posible que llegan, le quitan el terreno a un dueño con un argumento sin fundamento, de que hay extracción ilegal de material? Sostengo que fue falsa la acusación porque no hubo delito. Tan es así que ya ganamos ambos casos. Se fabrican denunciantes y admiten carpetas sin verificar debidamente la titularidad de los denunciantes. No se fijaron si realmente eran dueños, simplemente le dieron para adelante”, afirmó.

El señor Maximiliano agregó que en ambas carpetas existen irregularidades procesales, tales como informes incompletos, retrasos injustificados en audiencias y notificaciones fuera de tiempo.

“Esto es causal de fabricar culpables y causar daños económicos graves, y otras omisiones que han afectado patrimonialmente a los imputados”, remarcó, y agregó que aún no regresan el terreno “Banco Mota”, en Tecate, ni un semirremolque decomisado.

Del último caso, donde la FGR retuvo el terreno en Tijuana, aunque fue liberado a principios de diciembre de este año, también destacó por las afectaciones que sufrieron al estar en una zona con alto índice delictivo.

“En dos ocasiones los ladrones se metieron al predio y a la oficina administrativa a robar los bienes de valor de los empleados: se robaron una planta de soldar, laptops, compresores, motores, diversas partes de tractocamiones, llantas, lavadores, comedor, microondas, entre otros objetos. El día 3 de julio de 2025 se presentó formal denuncia bajo Numero de Caso 0204-2025-21129. También resultó pérdida patrimonial para la víctima y no se ha recuperado ningún objeto”, agregaron los abogados sobre este último.

Aunque les han liberado a la fecha dos terrenos, el denunciante detalló cómo ha sido el desacato por parte de la FGR.

“El juez nos dio el fallo el 16 de agosto de 2023 y dice: ‘Tienes 24 horas para entregar el predio’, a lo que el Ministerio Público le valió y no lo entregaba. Entonces hicimos una promoción de desacato, pero hasta seis meses después la magistrada Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez nos contestó ordenándole al MP regresar todo en tres días o lo multaba. Eso es desacato”, ejemplificó.

Esto ocurrió con un terreno de Valle de las Palmas, el llamado “Banco Pantera”, entregado a mediados de 2024; lo mismo ha sido para el “Banco Mota”, pero este último no ha sido liberado.

Y en el caso de Tijuana, apenas el Ministerio Público “lo soltó” a principios de diciembre del presente año.

Para sustentar las denuncias, Maximiliano y sus abogados compartieron: copia de un amparo, acuerdos y mandatos judiciales; promociones de desacato en contra del agente en cuestión; acuerdo de la magistrada Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez ordenando liberaciones e imponiendo multa por desacato; el acuerdo del 3 de julio de 2025 donde las magistradas Lucina Altamirano Jiménez y Matilde del Carmen González Barbosa autorizaron mediante oficio SEADS/3826/2024 la sentencia de no vinculación a proceso; el acuerdo de suspensión definitiva para devolución de todos los vehículos y terrenos con fecha 25 de septiembre de 2025, resuelto y firmado por el juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Marco Antonio Arreola Herrera.

Y también el acuerdo de octubre 2025 en el que se requiere al fiscal de la Federación a efecto de que dentro del plazo “improrrogable” de tres días contados de cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de 15 de julio de 2025, firmado por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, maestro Alfredo Carrillo Arce.

Los casos en Valle de las Palmas

El “Banco Pantera”.

El primero de los dos casos registrados en Valle de las Palmas fue contra el predio conocido como “Banco Pantera”, el 20 de noviembre de 2020 (FED/BC/TIJ/0000124/2021) por José Gonzalo Valenzuela Pérez, quien denunció la supuesta extracción ilícita de arena en su propiedad.

Los abogados del señor Maximiliano explicaron que el agente Juan Manuel Arreola Corona se cambió, con presunto dolo, por la agente Ariatna Romero Escamilla, como una acción dilatoria del caso.

El mecanismo es que no avisan a las partes para confundir a los presuntos responsables y su defensa legal, pues al presentar un amparo se puede desechar o sobreseer (poner fin sin emitir una sentencia), tras darse un cambio de agente.

Con esto, al llegar la audiencia el agente manifiesta que él no integró las carpetas, por lo que se solicita diferir la audiencia para “estudiar el expediente”, o también puede asegurar que “no se lo entregaron”, por lo que podrían pasar semanas —o hasta meses— para asignar una nueva fecha.

Para el 20 de abril del 2021, el agente del MP, Juan Manuel Arreola Corona, solicitó la orden de cateo para uno de los predios ubicado en la Colonia Federal, Agrícola y Ganadera de Valle de las Palmas; y para el 22 de abril ejecutó “ilegalmente” dicha orden.

“Violando los procedimientos legales y cometiendo presuntas extorsiones durante el proceso, para lo cual se aseguró el predio, un tractocamión con su góndola del accionista de la empresa víctima, y de otros tractocamiones y maquinaria de terceros involucrados en el proceso de extracción del material de arena”, puntualizaron los abogados.

Subrayaron que, entre las irregularidades, en ningún momento del proceso el denunciante demostró la propiedad del predio denunciado, además de discrepancias en las coordenadas, ni los afectados presuntos responsables pudieron revisar e interactuar en la carpeta de investigación pese a que sus unidades estaban aseguradas.

Tras cuatro años, mediante acuerdo de fecha 10 de junio de 2024, en el incidente de suspensión 167/2024-VII, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ordenó a Grúas Arredondo (donde aseguraron y remolcaron los bienes) que devolviera las unidades en un plazo de 24 horas.

Esto, luego de la resolución de 12 de febrero de 2024, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito bajo expediente 29/2024, así como la suspensión definitiva dictada el 12 de marzo de 2024, y la resolución del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de 12 de abril de 2024.

El equipo legal refirió que hasta el 10 de abril de 2024 se logró la devolución del tractocamión, mientras que la góndola fue hasta el 18 de junio de 2024. Los afectados presuntos responsables lograron obtener a través del juez la nulidad en la ejecución de la orden de cateo por irregularidades del agente del MP, combatida en audiencia inicial bajo causa penal 1131/2022.

Sin embargo, aunque el Juez de Control ordenó la devolución de las unidades sin pagar costo alguno, Grúas Arredondo se negó durante bastante tiempo a devolverlos, pues el agente del MP “dilataba las acciones administrativas”, como girar los oficios e ir a notificar a grúas los oficios de la devolución.

El “Banco Mota”

Por su parte, el 27 de noviembre del 2020 (FED/BC/TIJ/0003120/2020), el señor Martín Ontiveros Muñoz, como albacea de la sucesión a bienes de sus padres Martín Ontiveros Burola, conocido también como Martín Ontiveros Gurrola y Evangelina Muñoz Palacio, denunció la supuesta extracción ilícita de arena en su propiedad.

También fue “atendido” por los agentes Juan Manuel Arreola Corona y Ariatna Romero Escamilla.

Destacó que, durante el proceso, Martín Ontiveros no ha acreditado la titularidad del predio.

Al igual que el caso anterior, los abogados del señor Maximiliano argumentaron que el agente ministerial señalado integró “de manera irregular” la carpeta de investigación, además de llevar a cabo un cateo y asegurar el predio, dos tractocamiones con sus góndolas (de un socio accionista de la empresa víctima), y otros más de terceros.

La defensa acusó que el agente del MP violó los derechos constitucionales de los presuntos responsables, pues dirigió “toda la investigación únicamente hacia el propietario del predio” y no les dio la oportunidad de defenderse o explicar su situación, además de que se negó a recibirlos.

Por lo anterior, los presuntos responsables, incluyendo al propietario del predio, se vieron obligados a gastar en abogados y presentar juicios de amparo para acreditar su propiedad y poder rendir declaración dentro de la carpeta de investigación.

“Se alega que el agente ministerial se negó a entregar copias certificadas de la carpeta de investigación y a proporcionar información completa a los jueces de amparo, lo que resultó en la improcedencia de los amparos”, indicaron.

La carpeta de investigación fue remitida al Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California, para su judicialización bajo la causa penal 1130/2022, pero se han suspendido varias audiencias, causando daños patrimoniales a los presuntos responsables debido al aseguramiento de propiedades y vehículos, así como pérdidas comerciales y de ingresos.

Para el 24 de septiembre de 2025 se obtuvo resolución mediante expediente 752/2025-II, de incidente de suspensión provisional tanto como definitiva, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California.

El juez ordenó la devolución de las unidades pero, nuevamente, el corralón Grúas Arrendo se ha negado a devolverlas.

“Pese que la juez ya le ordenó que las devuelva sin costo. De la misma manera, los agentes ministeriales dan largas en realizar las actuaciones administrativas para que esto suceda. Así, aún se continúa contratando abogados hasta lograr la recuperación de las unidades”, agregaron.

Y aunque el pasado 9 de octubre de 2025, un Juez de Control, en la causa penal 1130/2022, ordenó la devolución del predio asegurado, dando un plazo de tres días al Ministerio Público para hacerlo, salvo a hacerse acreedor a una multa, esto no ha ocurrido.

“A la fecha del presente, dicho agente se sigue negando a cumplir con lo ordenado por el juez de control, evidenciando la mala fe y las omisiones en que actúa”, remarcaron el señor Maximiliano y sus abogados.