TORREÓN, Coah., (apro) .- A un año de la desaparición del joven Pablo Jared Vallejo Adame, familiares y amigos realizaron una manifestación pacífica en la carretera Torreón-San Pedro de las Colonias, a la altura del ejido Albia, donde se perdió su rastro.  

Su madre Janeth Adame señala que sus investigaciones y mensajes recibidos la llevaron a considerar la participación de policías del municipio de Francisco I. Madero. 

Con lonas donde aparece el rostro del profesionista en informática y pancartas pidiendo colaborar con información sobre su paradero, el grupo de manifestantes se ubicó a un lado de la vialidad donde, según su hermana Aidé, “empezó todo” al no haber ni cámaras ni una explicación del porqué siguió un camino complicado, por lo que consideran pudo ser obligado. 

“No hay avances, no hay un argumento claro de la desaparición. El no pudo desaparecer solo, a Jared lo desaparecieron. Las omisiones de las autoridades, los protocolos que no se siguieron en torno a la camioneta que conducía, son puntos que explican por qué él no está y es por no dar un seguimiento correspondiente y adecuado”, señaló su madre. 

El 30 de julio del 2024, Pablo Jared salió de su domicilio hacia la empresa minera Químicas del Rey que se ubica en el municipio de Ocampo, ubicada a una distancia de poco más de 190 kilómetros de Torreón, que en automóvil se recorren en cerca de dos horas y media.  

A las 09:45 horas de ese día ya no respondió al mensaje de su madre y por la tarde personal de la empresa le informó a la familia que el ingeniero en sistemas que no llegó a su destino, donde daría mantenimiento a las impresoras. 

La familia inició la búsqueda y un día después les notificaron que encontraron la camioneta en un poblado del municipio de Tlahualillo, en Durango. La unidad estaba calcinada y las autoridades afirman que el incendio se suscitó por fricción de las llantas, pero la madre del joven tiene muchas dudas de esa versión. 

“No estoy de acuerdo con el peritaje que se hace a la camioneta, que hacen peritos especializados y que aseguran que se quemó por fricción, cosa que no me queda clara, así como el hecho de que mi hijo se diera el tiempo de sacar las pertenencias y dejarlas a un lado e irse por un rumbo desconocido, dejando un maletín con las llaves de la casa y de su carro ¿por qué dejarlas?”, cuestionó y agregó que esa dirección donde se ubicó la camioneta no era la ruta que seguía el joven para llegar a la empresa. 

A la madre de Pablo Jared no le quisieron aceptar la denuncia en Durango ni en Coahuila. El 31 de julio, finalmente se emitió la ficha de búsqueda por las autoridades del primer estado, pero sólo la familia decidió empezar a rastrear la complicada zona, mientras policías de Tlahualillo encontraron la camioneta y se llevaron las pertenencias que había en ella y a un costado, pero jamás se acordonó el sitio o se procedió con el peritaje adecuado, hasta mucho después. 

El Comité de Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente por las omisiones que se registraron en el caso, pero no se han atendido las recomendaciones y es la familia quien logró obtener el trayecto del GPS de la unidad, por medio del cual descubrieron que, al pasar por el estadio de Teritorio Santos Modelo, Pablo Jared conducía a 100 kilómetros por hora; al pasar por el puente La Concha bajó a 60 kilómetros y al pasar el retén de la policía municipal disminuyó a 30.  

En diversas páginas de Facebook trascendió que policías de Francisco I. Madero agredieron al joven, lo llevaron a la comandancia y ahí murió, por lo que la familia exigió ver videos del lugar donde se observa que llegó una ambulancia, pero no subieron a nadie.  

Esas publicaciones eran similares a las que hace una década alertaban de homicidios y desapariciones en la región laguna de Coahuila y Durango, pero la Fiscalía de Coahuila no inició investigaciones, pese que personalmente Janeth le pidió al hoy fiscal Federico Fernández Montañez que atendieran sus exigencias por la posible participación de los elementos de seguridad municipal. 

“El mayor deseo que tenemos es que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República, ya que (las fiscalías de Coahuila y Durango) no lo consideran desaparición forzada cometido por civiles y policías, pese a que hay muchas omisiones desde un principio y no se siguieron los protocolos y sobre todo no hay coordinación entre ellas para dar resultados por la desaparición de mi hijo”, señaló.