CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Familiares de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos de manera forzada en Oaxaca en 2007, denunciaron “simulación” y “falta de voluntad” de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para llevar a cabo una búsqueda “seria y científica” de las víctimas como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  

En conferencia de prensa, Nadine Reyes Maldonado, hija de Reyes Amaya, alertó que después de años de litigio, en la sentencia 51/2020 la SCJN ordenó la creación de una comisión especial de búsqueda, presidida por la CNB y con participación activa de la FGR, para localizar a los militantes del EPR en cuya desaparición, ocurrida el 25 de mayo de 2007, habrían participado miembros del Ejército mexicano y autoridades estatales y ministeriales del estado de Oaxaca. 

Reyes Maldonado denunció que la titular de la CNB, Teresa Reyes, no ha dado respuesta a la exigencia de los familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, de contratar a expertos independientes para la búsqueda de sus familiares, formulada el pasado 20 de marzo, luego de fallidas actuaciones de personal de la CNB.  

Integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, apuntó que la FGR no ha ejecutado órdenes de aprehensión emitidas desde 2019 contra el exprocurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y el excomandante de la policía estatal, Pedro Hernández Hernández, funcionarios señalados como autores materiales de la detención de los milicianos y de haberlos entregado a mandos militares.  

“Ha quedado demostrado, no sólo en este caso, sino en muchos más, la simulación y falta de capacitación y seriedad por parte de las autoridades para realizar diligencias de búsqueda”, dijo Reyes Maldonado tras narrar que su representación jurídica sometió a análisis de expertos un informe de la CNB sobre diligencias llevadas a cabo con equipo inapropiado.  

La hija del miliciano denunció la impunidad que han gozado los exfuncionarios de Oaxaca, luego de tres años de conformada la Comisión Especial de Búsqueda y a 18 años de la desaparición, pues las autoridades de la FGR “siguen obstaculizando y dilatando su detención, por lo que también se convierten en cómplices y deben ser investigados”. 

Reyes Maldonado apuntó que la FGR también ha dilatado los interrogatorios a “altos mandos militares” así como la revisión de cuarteles militares.  

“Hemos logrado que declaren unos 20 generales, pero faltan muchos más, todavía falta que la FGR encuentre a los militares que vieron a mi padre y al señor Gabriel en el Campo Militar Número Uno”, agregó Nadine Reyes. 

Sandino Rivero, abogado de los familiares de los desaparecidos, agregó que la FGR ha mostrado reticencias para llamar a otros funcionarios federales como exmiembros del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) así como a exagentes de la Policía Judicial, “lo que revela que “no hay voluntad de citarlos para que comparezcan, a pesar de que ya los tienen ubicados”. 

El abogado puntualizó que la búsqueda que se hizo en Oaxaca en semanas pasadas, “no cumple con estándares técnicos y científicos rigurosos”, de ahí que es válida la exigencia de que la CNB contrate a expertos independientes.  

“Ha habido un incumplimiento manifiesto de manera reiterada por parte de las autoridades que tienen que cumplir esta sentencia, y bueno, esto además pone en riesgo varios derechos, el derecho a la búsqueda, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, pero también el cumplimiento cierto de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, resaltó Sandino Rivero.  

El expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), Santiago Corcuera Cabezut consideró que lo denunciado por Reyes y Rivero, “es una crueldad por parte del Estado mexicano en su deliberada acción de simulación en las labores de búsqueda para las personas desaparecidas”.  

Ante las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas y Desaparición por Particulares, el experto independiente cuestionó que con ellas el gobierno de Claudia Sheinbaum pretenda encontrar a las personas desaparecidas, sobre todo con la implementación de los datos biométricos en la CURP.  

Al puntualizar que la CURP biométrica sólo podría funcionar para “la búsqueda de los desaparecidos del futuro, pero no para las 126 mil personas que actualmente están reconocidas como desaparecidas” 

Tras resaltar que ante la imposibilidad de que las personas que actualmente se encuentran desaparecidas tramiten su CURP con datos biométricos, el ex presidente del CED insistió en lo ineficaz de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. 

“Esa reforma no le sirve a desaparecidos como Edmundo y Gabriel, ni a los 126 mil oficialmente reconocidos más los muchísimos más que están en la cifra negra, es una prueba más de la simulación de generar más papeles, más leyes, pero sin eficacia en el hallazgo de las personas desaparecidas”, sentenció Santiago Corcuera.