OAXACA, Oax., (apro) .- En Oaxaca, las juventudes viven una alarmante crisis como las 900 desapariciones de mujeres, en su mayoría jóvenes entre 12 y 29 años, que se han registrado tan solo en el sexenio del morenista Salomón Jara Cruz (2022-2025). Ante esta situación, sostuvieron en un pronunciamiento 20 organizaciones y colectivos de la sociedad civil. 

En el documento resaltaron que las juventudes enfrentan una situación marcada por violencias estructurales, discriminación, falta de acceso a empleos dignos, desapariciones, criminalización, violencia institucional, las desigualdades de género, clase, origen étnico, orientación sexual, identidad de género y territorio, generando graves impactos en sus vidas, en su bienestar emocional y el futuro de las juventudes en ese estado. 

Organizaciones como el Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Construyendo una nueva historia, Corazón Mixteco, Diálogos Adolescentes, Fundación MSI –antes Fundación Marie Stopes México–, Grupo de estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), resaltaron que en el marco de la creciente crisis de derechos humanos que enfrentan las juventudes en Oaxaca sostuvieron un encuentro para analizar esta problemática. 

Entre los participantes sobresalieron los Colectivos Chatino y Diálogos, así como la Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes, Red Oaxaqueña por el VIH (ROVIH) 

Solidaridad Internacional Kanda, Servicios Universitarios Y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO), Te acompaño, Abrazaditas, Voces Ñuu Savi, la Universidad Autónoma Comunal de Huitepec, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE UABJO) y Marea Verde Mixteca, quienes consideran que el objetivo es construir un análisis colectivo e interseccional sobre las condiciones que atraviesan las personas jóvenes en su diversidad en la entidad. 

Entre las cifras alarmantes mencionan los datos de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca porque en el actual gobierno se han registrado más de 900 desapariciones de mujeres y la mayoría de estos casos siguen impunes, mientras las familias enfrentan revictimización institucional, falta de protocolos con enfoque de género y negligencia sistemática. 

En el ámbito laboral, las juventudes se enfrentan a condiciones de explotación y exclusión. En promedio, una persona joven en Oaxaca percibe ingresos de $33.8?MXN/hora (INEGI), muchas trabajan sin contrato, sin acceso a seguridad social, ni prestaciones.  

Esta precarización obliga a muchas a migrar, a incorporarse a economías ilegales, las fuerzas armadas o al crimen organizado como única alternativa de subsistencia. 

Las juventudes afrodescendientes e indígenas señalaron las barreras estructurales que enfrentan por razones de racismo, discriminación lingüística y despojo territorial. Sus formas de vida, organización, cultura y trabajo siguen siendo invisibilizadas o reducidas a estereotipos, sin acceso real a políticas públicas que reconozcan su derecho a decidir cómo vivir y desarrollarse, desde sus propias cosmovisiones y saberes comunitarios. 

Las juventudes de la diversidad sexogenérica también alzaron la voz, denunciando que los espacios laborales y educativos siguen siendo hostiles y excluyentes, lo que ha orillado a muchas personas trans, no binarias, lesbianas y gays a iniciar trabajos informales o sexuales desde edades tempranas, esta exclusión les orilla a la informalidad, donde la falta de derechos laborales, seguridad social y acceso a servicios básicos incrementa su vulnerabilidad y exposición de violencias múltiples.  

El derecho a vivir sin miedo sigue sin garantizarse, y se enfrentan graves obstáculos para acceder a vivienda digna y servicios de salud sexual, reproductiva y emocional integrales. 

En los espacios universitarios persisten prácticas normalizadas de violencia sexual, acoso, hostigamiento laboral, discriminación por identidad de género, preferencia sexual, racismo y clasismo. Estudiantes, en su mayoría mujeres y personas LGBTIQ+, denunciaron la falta de protocolos eficaces, la impunidad hacia agresores y la revictimización institucional.  

Además, se evidenció la ausencia de programas integrales para el bienestar emocional del alumnado y del personal docente, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad, donde las redes de apoyo son escasas, informales y sin recursos suficientes. 

Asimismo, se hizo visible la exclusión sistemática de las juventudes con discapacidad, quienes enfrentan no solo barreras físicas, sino culturales y actitudinales que limitan su participación en espacios educativos, laborales, comunitarios y de toma de decisiones.  

Las políticas públicas deben garantizar accesibilidad universal, apoyos técnicos y procesos reales de integración con enfoque de derechos humanos y no asistencialistas. 

En esta reunión también se resaltó la necesidad urgente de integrar a las juventudes activamente en la agenda pública de la defensa del territorio, el agua y el medio ambiente con perspectiva intergeneracional, transitando del adultocentrismo que resta importancia a su participación.  

Las juventudes rurales y comunitarias señalaron que el extractivismo, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, los efectos de los fenómenos naturales extremos, los megaproyectos y la militarización por las disputas territoriales, son amenazas reales a su derecho al futuro.  

“Apostamos por una visión del buen vivir, que reconozca el vínculo entre justicia social, sostenibilidad ambiental y derechos colectivos”, señalaron. 

Frente a esta realidad, las colectivas y juventudes firmantes exigieron al gobierno de Oaxaca el reconocimiento del trabajo digno como un derecho humano, con políticas que garanticen condiciones laborales justas, libres de violencias, con seguridad social y sin discriminación por edad, género, orientación sexual, identidad cultural, discapacidad o corporalidad. 

Así como la construcción de políticas públicas interseccionales que partan del diálogo real con juventudes urbanas, rurales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, con discapacidad y de la diversidad sexogenérica. 

Además de una atención integral a la salud emocional de las juventudes con servicios públicos, gratuitos y culturalmente pertinentes, con enfoque de género, interculturalidad, inclusión y derechos humanos. 

Y medidas urgentes contra las violencias de género que viven las juventudes en todos los espacios: comunitarios, escolares, laborales, institucionales y digitales. 

Exigieron el cese inmediato de la criminalización y persecución policial de juventudes, particularmente en espacios públicos, y la creación de protocolos de actuación con enfoque de derechos humanos, perspectiva de juventudes y género; acciones efectivas de búsqueda e investigación en casos de desapariciones de mujeres jóvenes, con enfoque de género, apoyo integral y sin simulaciones a las familias, así como sanción al funcionariado omiso. 

Finalmente, pidieron garantías de accesibilidad e inclusión para juventudes con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública y comunitaria y la implementación de políticas ambientales y climáticas con participación de las juventudes, que protejan los territorios, el agua, la vida y todos los bienes comunes, reconociendo a las personas jóvenes desde toda su diversidad como defensoras legítimas de sus comunidades.