CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión.

Los legisladores aprobaron el dictamen por 37 votos a favor de la propuesta de reforma que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general para unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se cumplan con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

Luego que se apruebe el dictamen en ambas cámaras, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

El dictamen será discutido el próximo periodo ordinario que inicia el 1º de septiembre en la Cámara Baja.

DIPUTADOS A FAVOR DE LA INICIATIVA

La diputada de Movimientos Ciudadano (MC), Laura Hernández García, afirmó que la reforma justifica su necesidad de ser aprobada, debido a que el delito de extorsión ha sido utilizado por los grupos de delincuencia organizada para obtención de recursos económicos y dañar al país.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, resaltó que su partido votará a favor, ya que el delito de extorsión afecta a una buena parte del país, que su característica no se limita a un territorio, porque el delincuente puede estar en una parte del país y tratar de extorsionar a alguien que está en el otro lado del territorio. 

Asimismo, la diputada del PAN, Laura Cristina Márquez, enfatizó que de ninguna manera podrían no estar de acuerdo en apoyar y acompañar la posible solución a un problema tan doloroso que ha afectado a todos los rincones de nuestro país, y que ha degenerado en la delincuencia de ser un delito patrimonial a convertirse ahora en un delito que afecta la libertad y la seguridad de las personas.