CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Desde hace seis años la Fiscalía General de Estado de Guerrero (FGE) no ha citado a declarar a nueve policías municipales de Acapulco involucrados en la desaparición del joven Jhonatan Guadalupe Romero Gil, reveló el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. 

En un documento fechado el 5 de mayo del presente año, el organismo internacional informa a Socorro Gil Guzmán, mamá de la víctima, quien mantiene la Acción Urgente 1824/2024 con nuevas recomendaciones para que el Estado mexicano busque a su hijo. 

De acuerdo con una carta enviada por la madre buscadora a la presidenta Claudia Sheinbaum, el 23 de mayo último, Jhonatan Guadalupe fue detenido y desaparecido por policías municipales de Acapulco el 5 de diciembre de 2018, en la Costera Miguel Alemán, cuando se dirigía a jugar futbol. 

Iba acompañado de otro joven, Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente, luego de que los mismos policías lo arrojaron a la calle. 

En ese momento, Jhonatan tenía 25 años y recién se había graduado como Licenciado en Derecho. 

La misiva indicó que, en ese entonces, el fiscal regional David García Muñoz ocultó y luego desapareció un video proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública, donde se observaba cómo los agentes arrojaron el cuerpo de Carlos Ignacio Rojas, amigo de Jhonatan, desde la patrulla. 

El mismo fiscal regional, agregó, canceló una audiencia en la que los policías involucrados declararían ante el Ministerio Público. Lo que vino después, fueron amenazas de muerte contra la familia de la víctima que la hizo salir del puerto. 

Socorro Gil Guzmán es coordinadora de la Colectiva Memoria Verdad y Justicia de Acapulco. 

Como resultado de la carta que la madre de Jhonatan le envió a la mandataria, se le ofreció esta tarde una reunión con integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

En un documento dirigido a la madre de la víctima, el Comité contra la Desaparición de la ONU informó que continua altamente preocupado porque la suerte y paradero del Sr. Jhonatan Guadalupe Romero Gil no han sido esclarecidos a más de 6 años de su desaparición. 

Explicó que el Estado mexicano le envió una nota el 27 de mayo de 2024, en relación con la Acción Urgente y enlista las omisiones de las autoridades respecto a las recomendaciones de búsqueda. 

“En la nota del Estado no se ha presentado información resultante de la citación a los integrantes de la patrulla de policía 388, ni información sobre el impacto de sus declaraciones en la carpeta de investigación”. 

No se hace referencia a los 17 cuerpos que habrían sido hallados en el poblado “El Carabalí” en octubre de 2023 y el resultado de las confrontas de las pruebas genéticas que surgieron de esos hallazgos. 

“No consta en ese informe estatal la apertura de una línea de indagatoria relacionada con el dueño del Bar La Mandona, donde trabajaba Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, capturado junto al Sr Romero Gil y encontrado fallecido al día siguiente”. 

El eventual involucramiento del dueño de dicho establecimiento en los hechos no habría sido investigado, a pesar de que el Sr. Rojas Montes de Oca habría pedido apoyo al Sr. Romero Gil para denunciar a su empleador porque lo habría obligado a vender drogas, agregó. 

Señaló que la comparecencia de los Policías Municipales de la patrulla 388 habría sido cancelada y no fueron citados de nuevo a declarar, ello a pesar de los elementos probatorios contundentes relacionados con su alegada participación en la desaparición del Sr. Rojas Montes de Oca. 

En otro punto, el organismo indica que la carpeta de investigación habría sido modificada en relación con un video mencionado por el fiscal David Muñoz García, que contendría material que compromete a los integrantes de la patrulla 388. 

Además, los resultados del análisis de la línea telefónica y la sábana de llamadas del Sr. Jhonatan Guadalupe Romero Gil no habrían sido incluidos en la carpeta de investigación. 

El informe del Estado, con fecha 27 de mayo de 2024, asiente al organismo, evidencia que a más de cinco años de la alegada desaparición no se adoptaron medidas eficaces para establecer un plan de acción y un cronograma para la búsqueda y la investigación de su desaparición. 

Por lo anterior, el Comité considera necesario mantener la acción urgente abierta y hacer de nuevo recomendaciones y solicitudes de información al Estado. 

Entre las recomendaciones, pidió explorar todas las hipótesis, incluida la posibilidad de que los hechos constituyan una desaparición forzada debido al alegado involucramiento de agentes estatales. 

“El Comité recuerda que, según la información reunida en el contexto de la presente acción urgente, agentes municipales de la patrulla 388 serían responsables de la desaparición del Sr. Romero Gil”, indicó.