CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la decisión del gobierno de Estados Unidos en enero de este 2025 de clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, la banca mexicana ya prevé un endurecimiento en los controles regulatorios y un ambiente más hostil para su operación, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de reportes financieros.

En conferencia de prensa, el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, explicó que ya se están observando señales de mayor exigencia regulatoria y que esto podría traducirse en procesos más burocráticos y complejos para las instituciones financieras.

“Lo que pasó con esta declaración a los cárteles sí nos pone en alerta”, afirmó el directivo.

Ante este panorama, señaló que la banca deberá implementar de manera constante actualizaciones en sus controles internos para acreditar la ausencia de vínculos con flujos financieros ilícitos.

En particular, está el fortalecimiento de los sistemas de prevención de lavado de dinero.

“Y sí creemos que nos van a seguir pidiendo cosas y la van a poner un poco más ácida todas las reporterías”, añadió Ramírez, esto en referencia al incremento en los requerimientos de información por parte de autoridades tanto nacionales como extranjeras.

Sistema robusto

Los señalamientos del director de Banorte se suman a las declaraciones hechas en febrero por el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, quien reconoció que, pese al entorno internacional, el sistema bancario mexicano se mantiene robusto y preparado para responder a cualquier exigencia adicional.

“Lo que tenemos que hacer es, desde luego, seguir reforzando y seguir haciendo nuestro trabajo, todos los bancos, en el sentido de control y todos los procesos que tenemos”, declaró entonces el representante del gremio.

No obstante, voces del ámbito de la seguridad consideran que el anuncio estadunidense es una señal de que se avecinan mayores controles sobre el sistema financiero mexicano y presiones para la banca mexicana.

En enero de este año, el especialista en seguridad Luis Miguel Dena señaló que, aunque la declaratoria podría derivar en despliegues militares y uso de inteligencia artificial en seguridad, el primer frente de acción sería económico.

“En el sector financiero los grupos criminales pasan miles de millones de dólares que vienen de Estados Unidos, de la venta de fentanilo y de otros servicios (…) Aquí se está lavando y ese dinero entra en la economía de México”, advirtió durante una conferencia.

Por su parte, el coordinador del Programa de Seguridad Pública de México Evalúa, Armando Vargas, puntualizó que esta medida también abre la puerta a investigaciones internacionales sobre empresas mexicanas que pudieran tener nexos con organizaciones criminales.

“Se buscará desincentivar este tipo de colaboraciones financieras entre empresas y grupos criminales”, subrayó Vargas.

Asimismo, alertó que sectores vulnerables, como el minero, podrían enfrentar sanciones si se comprueba que han operado bajo esquemas de extorsión o pago de derecho de piso, lo cual, aunque impuesto por la violencia, podría ser interpretado por autoridades extranjeras como una relación financiera con el crimen organizado.