Todo el andamiaje jurídico estará listo para cuando llegue el nuevo gobierno y pueda realizarse la modificación que durante décadas ha solicitado, fundamentado, exigido, implorado la comunidad para consolidar la protección patrimonial cultural del siglo XX.

Así, de modificarse la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que data de 1972, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) contará con la fuerza ejecutoria que le permitirá, como al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), detener una obra atentatoria.

Su capacidad le permitirá defender incluso a la arquitectura vernácula.

A eso se comprometió su directora Lucina Jiménez al hacer un recuento de temas de su proyecto de trabajo en lo que resta del sexenio.

En septiembre de 2019, durante una entrevista con Proceso (#2237), la antropóloga prometió que el INBAL recuperaría “su misión, su alcance nacional”, y que buscaría fortalecer los mecanismos jurídicos en materia de protección del patrimonio artístico. Expuso tener ya un adelanto del proyecto, y trabajar con las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para transparentar prestaciones laborales al reconocer la necesidad de replantear “la cuestión fiscal para la cultura”.

A seis años de distancia, y en el mismo Palacio de Bellas Artes como testigo -pero ahora frente al mural El hombre controlador del universo (1934) de Diego Rivera-, días antes de que se anunciara a Claudia Curiel de Icaza como nueva titular de Cultura federal en el gabinete de Claudia Sheinbaum, se le mencionaron las limitaciones jurídicas del INBAL en materia de protección

del patrimonio a su cargo.

Tiene ya -reafirmó- el andamiaje jurídico para dejarlo en manos de la administración 2024-2030.

¿Por qué hasta ahora, si en 2019 ya contaba con el proyecto?

Lucina Jiménez explicó que durante estos años ha trabajado junto al INAH -con quien nunca se había firmado un convenio de colaboración sino hasta 2019-, discutiendo una franja de tiempo en inmuebles y obras entre los límites del siglo XIX (competencia del INAH) y el XX (competencia del INBAL). Puso dos ejemplos:

Primero, la restauración de los murales del artista Desiderio Hernández Xochitiotzin, plasmados entre los cincuenta y noventa en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala -edificio que data de 1545-, y cuya intervención sólo podría haber realizado el INAH en su labor de ingeniería civil, debido a la catalogación histórica.

Segundo, la restauración del Palacio de Cortés, en Cuernavaca, Morelos, el edificio colonial histórico que alberga la extensión más grande de murales de Diego Rivera (150 metros cuadrados).

Resumió:

“Teníamos varios inmuebles así que no se restauraban porque el INAH y el INBAL no tenían esas formas jurídicas de colaboración”.

Ahora se busca -dijo- que la ley federal reconozca la posibilidad de protección a “zonas de monumentos artísticos”, para no ir casa por casa. Recurrió aquí a otro ejemplo, el de la colonia Roma:

“Hay que ayudar a los propietarios a que su bien tenga valor. En el caso de la colonia Roma sería por calles, por zonas”.

Argumentó:

“No se trata de congelar las ciudades, sino poner en valor eso que existe, facilitar la conservación y regular la intervención arquitectónica o urbana. No es estar en contra de la modernidad, sino traer esos bienes a la modernidad”.

--¿Y si se da el caso de una sola casa o inmueble?

--Se aplica así, es la posibilidad de reconocer una zona o en lo individual.

* * *

La funcionaria comentó que, en esa intención, “la labor fue más allá de modificaciones desde el escritorio”, pues ante el reconocimiento de derecho de comunidades y pueblos por parte de la Presidencia de la República, se tenía que incluir a la arquitectura vernácula, en el contexto de diversidad que mandata la Constitución, pues “ya no se puede hablar de una sola cultura desde que se hizo la reforma constitucional en los artículos 2 y 4”.

Y enfatizó:

“¿Cómo incorporar esos elementos a una ley para que los pueblos puedan acceder aunque tienen su propia legislación? Desde el punto de vista patrimonial es el reconocimiento de sitios, lugares y rutas.

Todo eso es lo que se ha trabajado. El INAH está haciendo el catálogo, pero el INBAL va acompañando en las modificaciones. Vamos a incorporar el tema de la arquitectura vernácula porque está ligada al reconocimiento de los derechos patrimoniales de los pueblos.

Así, se trata de un giro de tuerca de 360º “porque hablamos del reconocimiento del derecho de los pueblos”, además de señalar que las referencias en el caso de sitios sagrados fueron de los pueblos Wixárika, Náayeri, O’dam, y Mexikan (pertenecientes a los estados de Durango, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí), a petición de estos mismos. Sus sitios sagrados sirvieron como ejemplo de una metodología que reconoce la propiedad, descripción, recursos, alcances, incluso geo-referencias, de esos lugares”.

Explicó:

“Los pueblos, sus gobernantes, le pidieron al presidente el reconocimiento de sus sitios, lugares y rutas y para llegar a eso se tuvo que tener un diálogo con comuneros, ejidatarios… Todo eso se ha venido trabajando con las asambleas de pueblos, y hemos acompañado. Se va a incorporar la arquitectura vernácula porque está ligada al reconocimiento de los derechos patrimoniales de los pueblos”.

Relató que se ha tratado de una labor inter-institucional en la que, además del INAH y del INBAL, se hizo del conocimiento a la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Educación Pública, y autoridades de los pueblos indígenas.

Ante el cuestionamiento del por qué cree que antes no hubo interés en buscar que INBAL protegiera jurídicamente su patrimonio, dijo que había que tomar en cuenta que su conformación fue en 1946, y la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en 1972, y la noción de “patrimonio artístico” vino hasta 10, 15 años después.

* * *

--¿Tiene expectativas de continuar en el INBAL?

--No lo sé, esas decisiones están normadas, la decisión de dirigir el INBAL es presidencial, respaldada por la Secretaría de Cultura, en todo cambio hay que dar el margen al cumplimiento de esa norma.

Aseguró que en todo caso la continuidad de gobierno federal y capitalino la deja tranquila porque va a haber transición.

Y remató sobre el tema:

“Siempre digo que Bellas Artes es como un alebrije, un organismo desconcentrado que tiene ley de creación, esa ley le reconoce capacidad de gestión, pero al mismo tiempo pertenecemos a la Secretaría de Cultura, sin ser paraestatal. Esa geografía institucional sólo existe en el INAH y el INBAL. ¿Cómo cabemos en el diseño de política pública? Somos híbridos, hacernos ese lugar en ese diseño ha costado trabajo pero se ha logrado”.

Atisbando el nuevo gobierno, cerró:

“Bellas Artes es capaz de gestionar su patrimonio, y ahora, a darle garras”.

Chapultepec

Respecto a Chapultepec: Naturaleza y Cultura, duramente cuestionado tanto en sus aspectos de contenido artístico como por absorber la mayor cantidad del presupuesto destinado a la actividad cultural, proyecto capital en el terreno de la cultura durante este sexenio, Lucina Jiménez salió en su defensa, en principio por considerarlo como extensión del Centro Cultural del Bosque, a través del Pabellón Escénico, Laboratorio de Creación, una cafetería y más de ocho mil metros de veredas en su Jardín Escénico.

Al principio decían que solo ‘queríamos otro teatro’, que íbamos a meter más cemento, y no, esto vino de unos lineamientos profundos en relación al Centro Cultural del Bosque, su tradición, arquitectura y lo que no tenía, cuando al lado estaba un espacio ecológico que de ecológico no tenía nada porque era estacionamiento. De ahí que se pensara en un laboratorio de creación para el público, un work in progress.

“Me atrevo a decir que el Pabellón Escénico ya está transformando la práctica artística de las agrupaciones de Bellas Artes, del Helénico, de otras compañías y de independientes. Es la configuración de una nueva práctica artística, y no hay otro lugar así”.

Respecto a la Bodega Nacional de Arte afirmó que de no tomarse la decisión de crearla, difícilmente se podría pensar en el enriquecimiento de acervos de museos en un futuro:

“Cada museo del INBAL tiene un perfil y vocación, pero las bodegas del Munal, del Tamayo, del Carrillo Gil, ya no tenían posibilidades, y hubieran enfrentado un reto muy grande a futuro; mientras que el Cencropam (Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble) que se ubica en San Ildefonso, tenía una problemática de operación al formar parte del Centro Histórico. Para sacar obra se tenía que hacer sólo de madrugada”.

Desmenuzó asimismo cómo será la Bodega en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, cuyo costó ascendió a 1,100 millones de pesos, y señaló que irá más allá de un sitio de mero resguardo, dado que ahí se mudarán los nueve talleres del Cencropam y el Laboratorio de Bio Deterioro, y se creará un nuevo taller de Fotografía y Papel, además de que el área de restauración de textiles tendrá una tarja de lavado especial, un lugar de producción de cajas de embalaje, más una bodega para estas cajas.

Detalló la conformación del espacio:

“Son dos complejos: el Cencropam y bodegas de resguardo, más la bodega principal de resguardo (que a su vez tendrá bodegas individuales pensadas para los tipos de materiales y temperaturas), y un área pública donde habrá una galería que se inaugurará con obra de Roberto Montenegro. Contará con una mediateca para consulta pública de archivos, una tienda que albergará los catálogos de todos los museos, más un auditorio.

Lo que fue una fábrica de balas ahora estará al servicio del arte y la formación artística, pues al lado de la bodega estará el ‘Arsenal’, aprovechando las instalaciones pertinentes, donde confluirán las formaciones de las escuelas nacionales de arte teatral, artesanías, diseño, de La Esmeralda e incluso de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía ‘Manuel del Castillo Negrete’ del INAH.

A pregunta expresa sobre el riesgo que correría albergar en un solo sitio  las obras del INBAL -alrededor de 70 mil-, refirió que cada uno de los 18 museos de su red conservará una parte de ellas -entre 40 y 60%, según sus necesidades, mientras el otro porcentaje irá a la Bodega Nacional de Arte con presencia de la Guardia Nacional.

Finalmente, respecto a la omisión de inscripción de las obras patrimoniales de Diego Rivera (148 obras) y Frida Kahlo (26 obras) en el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos -sistema de registro del INBAL para la inscripción de la obra mueble que cuenta con declaratoria de Monumento Artístico- que pertenecen al Museo Dolores Olmedo, y su traslado al Parque Urbano Aztlán, tema que se ha cuestionado debido a transgredir la disposición testamentaria de Olmedo, dijo:

“Es un tema que no pasa por el instituto porque es una colección privada, y en el parque hay un diálogo con el gobierno de la Ciudad de México. El lugar donde está, eso sí es un hecho, no tiene posibilidades de crecimiento, ni de atender las formas de un museo vivo y con características necesarias del crecimiento urbano. Habrá que ver cuáles son las condiciones y qué va a pasar con La Noria”.

Sin embargo, según el altropólogo y especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom, en declaraciones a Reforma, tanto la Secretaría de Cultura como el INBAL incurren en una “falta administrativa” al omitir la inscripción en dicho registro pues en la ley se estipula "la inscripción en los registros se hará de oficio o a petición de la parte interesada".

Mientras que para Hilda Trujillo, ex directora de los Museos Anahuacalli Diego Rivera y Frida Kahlo Casa Azul, quien afirmó hace dos años que los dueños del Olmedo concesionaron el acervo a Aztlán por 45 años, hacer ese movimiento constituiría un “despojo” para el recinto de La Noria, toda vez que Olmedo estipulo la permanencia de las obras.

--¿De dónde vino la propuesta para el traslado a Aztlán?

--Lo desconozco.

--Entonces, ¿qué papel tiene el INBAL?

--El papel del instituto es que la obra, a la hora que se mueva, hacer la revisión del estado de conservación, si es que deciden moverlo. En ese momento tienen que solicitar formalmente una revisión de la obra y un registro, algo que no ha ocurrido. Formalmente no hemos recibido ninguna solicitud.

--La idea de trasladar la obra del Olmedo a Aztlán, ¿vino entonces del gobierno de la ciudad?

--No sé de quién es la idea, ni quién la promovió.

--Pero el INBAL la aceptó...

--No hemos recibido ninguna comunicación al respecto, formalmente no está notificado de esa posibilidad.

--Se ha hablado de ello desde hace tres, cuatro años, como si fuera un hecho.

--También se habló de que se iba a derrumbar el mural de Aceves Navarro en la colonia Santa María, ¿y cuantos años de discutió eso? Hay cosas que toman su tiempo en las conversaciones… No tenemos solicitud formal (del Olmedo), no sabría qué tan cierto es, porque el instituto no tiene notificación formal al respecto.

--¿Y del registro de las obras?

--Ahí podemos hablar en el tema de la ley, porque en esta etapa de la legislación hay dos controles: uno, que es el registro que es a petición de la parte correspondiente, y por el otro lado el control de la no salida de la obra declarada monumento artístico con carácter permanente…

La cuestión está en que las obras pueden o no registrarlas el propietario en tanto la ley no lo obliga, ahí es donde trabajamos para fortalecer esos elementos de la legislación, porque no se puede obligar a un particular en tanto la ley no lo establece como obligatoriedad.

--¿El INBAL no tiene la obligación de registrarlas?

--No tiene la obligación porque la ley no lo plantea como obligatorio, no puede violentar la ley que le da a un particular la voluntad de hacerlo, lo que se hace es trabajo de buena voluntad. Jurídicamente hablando, si el INBAL detectara cualquier movimiento, entonces hace la petición formal, por el momento no hemos recibido solicitud formal...

“Pero será de los cambios que se harán a la ley federal, ya está entregado a la Secretaría de Cultura y su área jurídica para que las nuevas autoridades, tanto Secretaría de Cultura como consejería jurídica y quienes estén al frente del INBAL, tengan esa posibilidad. Es una de las modificaciones que estamos planteando también en el proyecto”.

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Texto publicado en la edición 0014 de la revista Proceso, correspondiente a agosto de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.