CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una delegación conjunta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica llevó a cabo una misión de incidencia en Ginebra, ante las Naciones Unidas, para solicitar que actúen ante la impunidad que rodea la desaparición de periodistas en México.

El objetivo de la misión era convertir estos casos en una prioridad dentro del sistema internacional de derechos humanos, dada la prolongada ausencia de verdad y justicia, y reafirmar la necesidad de una respuesta más firme por parte de los mecanismos de las Naciones Unidas.  

En la actualidad, 28 periodistas siguen desaparecidos en México, algunos desde 1995.

Las desapariciones entre 2006 y 2010 de José Antonio García Apac, Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar Cansimbe y Ramón Ángeles Zalpa están siendo examinadas actualmente por el Comité de Derechos Humanos.

La delegación se reunió con actores clave del sistema internacional de protección, en particular con la Secretaría y la Unidad de Peticiones del Comité de Derechos Humanos, la oficina de la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.  
 
“La situación en México es grave:  la desaparición de periodistas se inscribe en un contexto de violencia estructural, gobernanza criminal y control de las fiscalías, lo que pone de manifiesto un patrón de violencia contra la prensa tolerado por el Estado y caracterizado por omisiones sistemáticas y la ausencia de justicia. Es urgente una acción internacional sostenida para contribuir a romper el ciclo de total impunidad que persiste en el país. Y el Gobierno mexicano debe hacer todo lo que esté en su mano para dar respuestas a las familias", dijo Antoine Bernard, director de Incidencia y Asistencia de RSF. 
 
La misión se centró en cuatro casos emblemáticos de periodistas desaparecidos en el estado de Michoacán, en los que las organizaciones pueden documentar de manera sólida la implicación de agentes del Estado o la inacción de las fuerzas de seguridad, las fiscalías y la justicia ante su desaparición. Estos casos se encuentran en diferentes etapas del proceso judicial y podrían dar lugar a decisiones clave sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano:  
 
Ramón Ángeles Zalpa (2010): El caso fue presentado ante las Naciones Unidas en 2022 y fue recibido por el Comité de Derechos Humanos. El Estado mexicano ha presentado sus justificaciones, mientras que RSF y Propuesta Cívica han presentado su réplica. El caso está listo para ser examinado por el Comité. 
 
Mauricio Estrada Zamora (2008): El caso se presentó ante las Naciones Unidas en 2022 y fue recibido por el Comité de Derechos Humanos. El Estado mexicano debe presentar sus conclusiones finales para que el Comité pueda pronunciarse al respecto.  
 
José Antonio García Apac (2006) y María Esther Aguilar Cansimbe (2009): Ambos casos fueron remitidos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en agosto de 2025. RSF y Propuesta Cívica siguen esperando su aceptación oficial por parte del Comité. 
 
Por su parte, Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica aseguró que "el país aún no ha elaborado una política nacional para investigar las desapariciones de larga data que permita revisar los casos en los que se cometieron omisiones durante las primeras investigaciones, gracias al uso de nuevas tecnologías forenses y pistas de investigación actualizadas.